Durante décadas, el empleo público en España ha convivido con una paradoja apenas visible en el debate político: una parte sustancial de los servicios públicos esenciales ha sido sostenida por trabajadores interinos cuya relación laboral se definía como provisional, aunque en la práctica fuera permanente. Interinos de la educación, sanidad, justicia y administración general han garantizado el funcionamiento cotidiano del Estado sin disfrutar de la fijeza laboral que caracteriza al sector público.
El problema de la temporalidad en la administración pública no es nuevo. Lo que distingue a 2025 es que ese conflicto ha dejado de tratarse como una disfunción técnica para convertirse en un debate estructural sobre el modelo de Estado, el Estado de Derecho y el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. La cobertura constante de Diario Sabemos ha sido clave para entender cómo esta transformación se ha producido.
La figura del funcionario interino nació como un mecanismo excepcional para cubrir vacantes hasta la convocatoria de oposiciones. Sin embargo, como ha documentado Diario Sabemos a lo largo de 2025, la contratación temporal abusiva se convirtió en una práctica estructural dentro de la administración española.
Durante años, la precariedad laboral en el sector público fue tolerada como una solución pragmática ante restricciones presupuestarias y tasas de reposición. El resultado fue un sistema dual: funcionarios de carrera con estabilidad frente a interinos encadenando nombramientos durante décadas. Esta normalización del abuso de temporalidad es el punto de partida del conflicto actual.
Europa como actor central
Uno de los grandes giros de 2025 ha sido la centralidad del Derecho europeo en el debate sobre los interinos en España. La Directiva 1999/70/CE, diseñada para prevenir el abuso de la contratación temporal, dejó de ser una referencia teórica para convertirse en un instrumento de presión real.
Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), analizadas en profundidad por Diario Sabemos, han dejado claro que España no ha aplicado medidas efectivas y disuasorias para corregir el abuso. Figuras como el indefinido no fijo, las indemnizaciones simbólicas o los procesos de estabilización incompletos no cumplen con los estándares comunitarios.
En 2025, el conflicto se trasladó de los tribunales nacionales a Luxemburgo y Bruselas, con demandas colectivas de interinos, recursos contra la Comisión Europea y una presión jurídica sin precedentes sobre el Estado español.
La fijeza: de tabú constitucional a opción debatida
Durante años, la fijeza de los interinos fue presentada como incompatible con la Constitución española, en particular con los principios de igualdad, mérito y capacidad. En 2025, ese argumento empezó a resquebrajarse.
Los análisis publicados por Diario Sabemos subrayaron un punto clave: la Constitución no prohíbe valorar la experiencia ni el tiempo de servicio, ni impide soluciones excepcionales cuando el abuso es prolongado y sistemático. El verdadero límite constitucional es la arbitrariedad, no la reparación del daño.
Así, la conversión en fijos de interinos dejó de ser una consigna radical para convertirse en una opción jurídica debatida, especialmente en aquellos casos donde la propia administración ha incumplido reiteradamente la ley.
Procesos de estabilización
Uno de los elementos más conflictivos de 2025 ha sido la ejecución de los procesos de estabilización del empleo público. Presentados como la solución definitiva al problema de la temporalidad, estos procesos han generado una nueva oleada de conflicto social y judicial.
Tal como ha destacado Diario Sabemos, se han estabilizado plazas, pero no a los interinos que las ocupaban. En muchos casos, trabajadores con 15 o 20 años de servicio han sido cesados tras procesos competitivos donde su experiencia no resultó determinante.
Desde el punto de vista estadístico, la tasa de temporalidad ha descendido. Desde el punto de vista jurídico y humano, el abuso de la contratación temporal se ha perpetuado bajo otra forma. La administración ha priorizado el cumplimiento formal ante Bruselas frente a la reparación efectiva del daño.
Cambio de percepción pública
A diferencia de años anteriores, 2025 ha sido un año de movilización sostenida de los interinos. Plataformas ciudadanas, asociaciones profesionales y colectivos sectoriales han logrado romper el aislamiento tradicional del colectivo.
Las manifestaciones de interinos, las concentraciones frente al Congreso de los Diputados y las acciones coordinadas ante instituciones europeas han colocado la fijeza ya en el centro del debate político. El interino dejó de ser percibido como un trabajador provisional para convertirse en un símbolo de la precariedad institucionalizada.
La precariedad en el núcleo del Estado
Uno de los hitos más relevantes de 2025 fue la visibilización de la situación de jueces sustitutos y fiscales interinos. Su denuncia del abuso de temporalidad en la justicia tuvo un impacto simbólico profundo.
Cuando incluso quienes representan el poder judicial trabajan en condiciones precarias, el problema deja de ser sectorial y pasa a cuestionar la calidad democrática del Estado. La temporalidad en la justicia se convirtió así en un argumento central del debate público.
Conflicto estructural sin soluciones cosméticas
A finales de 2025, el diagnóstico es claro: el problema de los interinos en España no está resuelto, pero ya no puede ser ignorado. Las soluciones parciales han demostrado ser insuficientes. La presión del TJUE, la evolución de la jurisprudencia nacional y la movilización social han modificado de forma irreversible el marco del debate.
La temporalidad abusiva ya no se discute como una anomalía administrativa, sino como un fallo estructural del empleo público.
El dilema del Estado tras 2025
El dilema que se abre tras 2025 es profundo: o el Estado reconoce que el abuso prolongado de interinos exige medidas excepcionales de reparación, incluida la fijeza en determinados supuestos, o perpetúa un modelo donde el incumplimiento institucional se corrige castigando al trabajador.
2025 ha sido el año en que los interinos dejaron de pedir comprensión y empezaron a exigir derechos. El año en que la precariedad en la administración pública se convirtió en una cuestión de Estado. Y el año en que quedó claro que no hay Estado fuerte con empleo público débil.