La inmigración ha vuelto a colocarse en el centro del debate público en España y en buena parte de Europa. No porque hayan cambiado de forma sustancial los flujos ni porque se haya producido un giro relevante en las políticas, sino porque se ha convertido, una vez más, en un recurso eficaz en un contexto de competición electoral constante. El fenómeno es complejo y arrastra problemas reales, pero el debate político dominante tiende a simplificarlo hasta hacerlo irreconocible.
La discusión pública gira casi siempre en torno a fronteras, seguridad y capacidad de acogida, mientras quedan en segundo plano cuestiones menos vistosas pero decisivas: cómo se integra a quienes llegan, cómo se gestionan los permisos de trabajo, qué papel juegan las comunidades autónomas o por qué los procedimientos administrativos siguen siendo tan lentos. En ese marco, la inmigración acaba funcionando como una categoría abstracta, útil para proyectar miedos y frustraciones que tienen poco que ver con las personas migrantes.
Cuando la frontera lo ocupa todo
España no es una excepción en los desafíos que plantea la gestión migratoria. Hay momentos de presión en determinados puntos de entrada, episodios de saturación en los sistemas de acogida y una burocracia que no siempre responde con agilidad. Son problemas conocidos y, en muchos casos, reiterados. Pero el debate político tiende a sobredimensionarlos y a presentarlos como una amenaza estructural, desligada de su contexto real.
Las llegadas irregulares representan una parte limitada del total de población extranjera que vive en el país. Su impacto demográfico es reducido si se compara con otros factores que sí condicionan el futuro económico y social, como el envejecimiento acelerado de la población o la caída sostenida de la natalidad. Sin embargo, esa comparación rara vez aparece en el discurso público. Resulta menos rentable que la imagen de una frontera permanentemente desbordada.
Desde la derecha y la extrema derecha se insiste en vincular inmigración y deterioro del Estado del bienestar. El argumento tiene recorrido electoral, pero resiste mal un análisis mínimamente riguroso. Las tensiones en sanidad, educación o vivienda no son nuevas ni nacen con la llegada de población migrante. Responden a años de infrafinanciación, planificación insuficiente y desequilibrios territoriales que afectan también —y a menudo en mayor medida— a la población autóctona. Desplazar la responsabilidad hacia quienes llegan permite evitar un debate más incómodo sobre prioridades presupuestarias y modelos de crecimiento.
El eslabón débil sigue siendo la integración
En materia de acogida, el problema no es tanto la falta de normas como su aplicación irregular. Los recursos existen, pero se activan tarde, de forma desigual y, en demasiadas ocasiones, solo cuando la situación ya se ha convertido en crisis. La integración, entendida como acceso estable al empleo, a la vivienda y a los derechos sociales, sigue siendo el punto más frágil del sistema. No por exceso de personas, sino por ausencia de políticas sostenidas y coordinación entre administraciones.
Ese vacío tiene consecuencias visibles. Dificulta la convivencia en barrios donde la diversidad es ya un hecho cotidiano y alimenta la percepción de abandono institucional. Pero rara vez ocupa titulares. Es más sencillo hablar de controles fronterizos que de empadronamiento, homologación de títulos o inspección laboral.
Mientras tanto, la economía continúa apoyándose de forma clara en el trabajo de personas migrantes en sectores esenciales: cuidados, agricultura, hostelería o construcción. Es una realidad asumida en la práctica y negada en el discurso. Reconocerla obligaría a abordar cuestiones incómodas como la regularización administrativa, las condiciones laborales o la dependencia estructural de mano de obra extranjera en un país que envejece con rapidez.
El ruido como sustituto de la política
La instrumentalización política de la inmigración no es inocua. Normaliza un lenguaje que despersonaliza, introduce desconfianza y tensiona espacios donde la convivencia funciona mejor de lo que sugiere el debate público. También empobrece la discusión democrática, al reducir una cuestión estructural a consignas simples que no ayudan a gobernar mejor.
La inmigración no es un episodio coyuntural ni una anomalía que pueda gestionarse a golpe de eslogan. Forma parte de la realidad social y económica contemporánea. Tratarla como un problema externo, impuesto desde fuera, puede resultar útil en campaña, pero dificulta cualquier política pública eficaz.
El debate seguirá ahí. La cuestión es si se aborda desde los datos, la gestión y la experiencia acumulada, o si se mantiene en el terreno del ruido. De esa elección depende no solo la política migratoria, sino la calidad del debate público y la capacidad de afrontar problemas que no se resuelven señalando al otro.