Mientras la administración Trump intensifica su uso de la fuerza en el Caribe y el océano Pacífico (con operaciones militares que han dejado víctimas civiles) y profundiza una estrategia de intervención directa en América Latina, el caso de Honduras ofrece una radiografía inquietante de cómo la lucha contra el narcotráfico puede convertirse, paradójicamente, en el vehículo para restaurar la narcopolítica. La reciente elección presidencial hondureña, marcada por interferencia externa, indultos estratégicos y presiones diplomáticas, sugiere un patrón que va más allá de un episodio electoral disputado: apunta a una reconfiguración del poder en Centroamérica alineada con intereses políticos y corporativos estadounidenses.
El telón de fondo no es menor. La invasión ilegal de Venezuela y el secuestro de su presidente y primera dama por acusaciones de narcoterrorismo (no probadas en tribunales internacionales) han elevado el umbral de tolerancia de Washington frente a la legalidad internacional. En ese contexto, la injerencia en Honduras aparece menos como una anomalía y más como una continuidad.
Un respaldo tardío que lo cambia todo
Setenta y dos horas antes de los comicios del 30 de noviembre, Donald Trump publicó un mensaje de respaldo al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura. Hasta ese momento, Asfura no figuraba como un contendiente claro. El escenario electoral mostraba un empate técnico (menos de 30.000 votos) con el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla. Sin embargo, tres semanas después, en Nochebuena, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Asfura presidente electo, pese a inconsistencias en el conteo, fallas del software de transmisión y verificaciones inconclusas.
El giro decisivo llegó un día después de las elecciones, cuando Trump indultó al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por conspirar para traficar cientos de toneladas de cocaína y por delitos relacionados con armas. La secuencia (respaldo público, indulto, proclamación) fue leída por observadores independientes como una señal inequívoca: Washington había tomado partido.
El regreso del narcoestado
Para amplios sectores de la sociedad hondureña, el resultado no representa una alternancia democrática sino la restauración de un narcoestado. Durante el período 2009–2022, bajo el control del Partido Nacional y la presidencia de Hernández, Honduras se convirtió en un nodo logístico del narcotráfico hacia Estados Unidos. Testimonios judiciales en Nueva York describieron cómo el Estado fue capturado para favorecer cárteles, bloquear investigaciones, utilizar puertos y espacio aéreo para el tránsito de drogas y canalizar contratos públicos a redes criminales para el lavado de dinero.
Ese régimen no se sostuvo solo en el crimen, sino en la represión sistemática. La violencia estatal fue el instrumento para imponer un modelo económico favorable a élites locales y a corporaciones transnacionales, muchas de ellas protegidas por tratados de inversión que blindaron sus intereses frente a cambios políticos internos.
El informe El asalto corporativo a Honduras (octubre de 2024), elaborado por el IPS, el Transnational Institute, TerraJusta y la Red de Solidaridad con Honduras, documentó cómo ese entramado dejó una herencia tóxica: contratos opacos, privatizaciones impopulares y una maraña de demandas internacionales que siguen condicionando al país.
Cuatro años de reversión
Durante el breve gobierno de Xiomara Castro, Honduras intentó desmontar parte de ese legado. Se derogaron las ZEDE (ciudades modelo privatizadas), se frenó la privatización energética y se revisaron alianzas público-privadas lesivas para el interés público. La respuesta fue inmediata: una avalancha de demandas ISDS que hoy suma alrededor de 10.000 millones de dólares, una cifra asfixiante para una economía pequeña.
El caso más emblemático es Próspera, una ZEDE impulsada por capital estadounidense y vinculada a figuras del ecosistema tecnológico libertario. Tras la derogación del marco legal y un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales las ZEDE en septiembre de 2024, Próspera presentó una demanda inicial de 10.800 millones de dólares, luego recalibrada a 1.600 millones. El objetivo no es solo ganar en tribunales, sino negociar bajo presión.
El lobby detrás del indulto
La interferencia estadounidense no fue improvisada. Según Mother Jones, Roger Stone, histórico asesor de Trump, presionó por el indulto de Hernández para asegurar un gobierno hondureño más favorable a intereses corporativos. En una entrada de blog de enero de 2025, Stone reconoció que el perdón sería útil para salvar “el experimento Próspera”.
El New York Times añadió otra pieza: Brad Parscale, exdirector de campaña de Trump, colaboró con consultores de la campaña de Asfura. La convergencia entre estrategia electoral, indultos presidenciales y lobby corporativo dibuja un cuadro clásico de captura del Estado, esta vez a escala transnacional.
Violencia, intimidación y silencio regional
El indulto tuvo efectos inmediatos sobre el terreno. Autoridades hondureñas advirtieron un repunte de la intimidación por parte de maras y pandillas, incluida la MS-13, designada como organización terrorista por la propia administración Trump, para disuadir el voto por LIBRE y favorecer al Partido Nacional. The Intercept documentó amenazas directas a votantes.
Pese a ello, la OEA evitó mencionar la posible interferencia estadounidense en su declaración oficial, una omisión que avivó las sospechas de fraude y evocó el trauma del golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, respaldado por los militares y seguido de una espiral de violencia.
Geopolítica del despojo
Lo que ocurre en Honduras no es un fenómeno aislado. Responde a una estrategia hemisférica que reinterpreta la Doctrina Monroe para el siglo XXI: contención de rivales, protección de inversiones y disciplinamiento político bajo el lenguaje de la seguridad. La lucha contra el narcotráfico y el terrorismo funciona como marco legitimador de intervenciones que, en la práctica, reinstalan redes corruptas y profundizan la desigualdad.
La paradoja es evidente. En nombre de combatir el crimen, se indulta a un narcotraficante condenado; en nombre de la democracia, se presiona a una autoridad electoral; en nombre del desarrollo, se chantajea a un Estado con demandas impagables.
Resistencia desde abajo
Aun así, Honduras no es solo el escenario de una imposición. Redes comunitarias, movimientos sociales y organizaciones de base se están rearticulando frente al regreso de la narcopolítica. La memoria de la resistencia posterior a 2009 sigue viva, y con ella la convicción de que la estabilidad no puede imponerse desde fuera ni comprarse con contratos blindados.
El desenlace sigue abierto. Pero el episodio hondureño deja una lección incómoda para la región: cuando la geopolítica del poder se disfraza de guerra contra las drogas, el resultado suele ser más drogas, menos democracia y un Estado aún más capturado. Para América Latina, el desafío no es solo resistir la injerencia, sino desmontar la narrativa que la hace posible.