La ejecución sumarísima de Alex Pretti, enfermero de la UCI de Minneapolis ajusticiado por agentes federales de inmigración, no solo ha desencadenado protestas y conmoción pública. Ha revelado con crudeza un patrón político cada vez más definido en la administración Trump: la prioridad no es preservar la neutralidad de una investigación en curso, sino construir de inmediato un relato que justifique el uso letal de la fuerza, aun cuando la prueba disponible lo contradiga.
En cuestión de horas, antes de que la escena del tiroteo hubiera sido despejada y mucho antes de que cualquier investigación independiente pudiera avanzar, altos funcionarios federales ofrecieron declaraciones públicas que atribuían a Pretti intenciones homicidas. No se trató de cautela institucional, sino de una estrategia comunicativa de anticipación, diseñada para fijar una versión oficial antes de que los hechos pudieran cuestionarla.
Criminalización inmediata de la víctima
El Departamento de Seguridad Nacional difundió un comunicado apenas dos horas y media después de la ejecución en el que afirmaba que los agentes habían intentado desarmar a un “sospechoso armado” que se había resistido violentamente, obligando a un agente a disparar de forma defensiva. Sin embargo, casi de inmediato comenzaron a circular videos del incidente que mostraban a varios agentes derribando a Pretti tras rociarlo con un agente químico, mientras sostenía un teléfono móvil visible, no un arma.
Lejos de matizar su posición a la luz de estas imágenes, los funcionarios federales intensificaron el lenguaje. Pretti pasó de ser un “sospechoso” a un individuo que, según la retórica oficial, habría acudido al lugar con la intención de “masacrar a las fuerzas del orden”. La ausencia de identificación y la posesión de cargadores fueron utilizadas como pruebas circunstanciales de una amenaza letal, aun cuando no existe prueba de que el arma fuera desenfundada.
La intervención del asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, marcó el punto de no retorno. Al calificar públicamente a Pretti como un “aspirante a asesino” y vincular el incidente con una supuesta complicidad demócrata con el terrorismo, la Casa Blanca transformó un tiroteo bajo investigación en un episodio de guerra cultural. El mensaje no iba dirigido a esclarecer los hechos, sino a movilizar a una base política para la que ICE, inmigración y orden público se han convertido en símbolos identitarios.
Lo notable es que estas afirmaciones fueron emitidas cuando aún no se había establecido un relato fáctico mínimo. De hecho, notas comunitarias en la propia plataforma X desmintieron las declaraciones oficiales, señalando que los videos mostraban que el arma permaneció en la funda de Pretti hasta que fue retirada por un agente, tras lo cual se produjeron los disparos.
Verdad mutable
Horas más tarde, el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, reforzó la versión oficial en una comparecencia ante la prensa, afirmando que Pretti se había aproximado a los agentes con intención homicida y había interferido en un arresto. Esa afirmación fue posteriormente disputada por autoridades de Minnesota, que negaron que la persona mencionada estuviera bajo custodia o tuviera los antecedentes criminales graves descritos.
El intercambio dejó al descubierto una dinámica recurrente. Las afirmaciones de las autoridades federales se presentan como hechos consumados, mientras que las correcciones posteriores quedan relegadas a un segundo plano, incluso cuando provienen de fuentes oficiales estatales.
Excusatio non petita, accusatio manifesta
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cerró el círculo al declarar de forma definitiva que el tiroteo estaba justificado, incluso mientras afirmaba que sería investigado. En la práctica, la investigación quedó subordinada a una conclusión ya anunciada. El mensaje fue claro: la legalidad se presume, la duda se descarta y la evidencia se interpreta a posteriori.
Cuando se le preguntó si Pretti había blandido un arma y en qué momento fue desarmado, Noem evitó responder directamente y recurrió a un lenguaje amplio sobre disturbios violentos y amenazas difusas. De nuevo, no se aportó evidencia que respaldara la acusación de agresión armada.
La distopía de Trump y los hechos
La respuesta del gobernador de Minnesota, Tim Walz, introdujo una fisura institucional poco habitual. Al denunciar públicamente la prisa por juzgar y la difamación del fallecido, Walz cuestionó no solo una versión concreta de los hechos, sino la autoridad narrativa del gobierno federal. Su advertencia fue explícita: se estaba pidiendo a la ciudadanía que no confiara en lo que veía ni en la evidencia disponible.
Ese es el punto de inflexión político del caso Pretti. No se trata únicamente de un tiroteo controvertido, sino de una crisis de credibilidad del poder ejecutivo. Cuando el Estado insiste en una versión que los hechos visibles ponen en duda, el conflicto deja de ser jurídico y se convierte en epistemológico.