La relación entre el poder político y el ecosistema mediático ha sido descrita a menudo como un baile de sombras, una coreografía donde la dependencia financiera ha dictado, con demasiada frecuencia, el tono de la información. Sin embargo, el reciente anuncio del Ejecutivo sobre un anteproyecto de ley de publicidad institucional marca un hito que trasciende la mera gestión administrativa. Esta normativa, que busca obligar a todos los medios a hacer pública su propiedad y limitar la publicidad institucional al 35% de sus ingresos totales, representa una victoria intelectual para quienes, desde hace años, han denunciado las grietas del sistema. En particular, este giro legislativo supone la validación definitiva de lo que Diario Sabemos, en un artículo firmado por Manuel Domínguez Moreno, afirmó con insistencia hace ya dos años: que la única forma de salvar la libertad de prensa en España es mediante una auditoría integral de los medios de comunicación.
Pedro Sánchez y su ministro de Transformación Digital, Óscar López, ahora asumen una premisa que se sustenta en una premisa que este diario ha defendido como una cruzada ética. La peor corrupción que existe no es la que se mide en maletines o paraísos fiscales, sino la que se infiltra en las redacciones, porque lo que se pone en venta es la propia libertad del ciudadano para recibir información veraz. Durante más de una década, las élites empresariales, políticas y financieras se han sentido cómodas en un sistema de chalaneo mediático, donde la independencia de los medios se sacrificaba en el altar de la supervivencia económica. El Gobierno parece haber entendido, finalmente, que la viabilidad de un medio no puede depender del "oxígeno asistido" de las administraciones públicas, especialmente cuando ese dinero se utiliza para sostener estructuras sin audiencia real pero con una capacidad de difamación e influencia política desmedida.
La normativa que llegará al Consejo de Ministros no es solo una reacción a la coyuntura política nacional, sino una traslación del espíritu de la Ley Europea de Libertad de Medios (EMFA). No obstante, en el contexto español, adquiere una relevancia singular debido a la proliferación de lo que el presidente ha denominado sistemáticamente como "pseudomedios". Estos artefactos comunicativos, según los cálculos que maneja La Moncloa, reciben en ocasiones más del 50% de sus ingresos de manos públicas, convirtiéndose en instrumentos de agitación al servicio de gobiernos autonómicos o locales. Al fijar un techo del 35%, el Estado no solo busca ahorrar fondos públicos, sino forzar un proceso de higiene democrática. Si un medio no es capaz de generar ingresos privados, ya sea por publicidad comercial o por suscripciones de sus lectores, su existencia bajo el paraguas de la subvención pública constante constituye una anomalía que distorsiona el mercado de las ideas y la competencia leal entre cabeceras.
La historia reciente de la prensa digital en España explica cómo se llegó a este punto de ruptura. Cuando las grandes cabeceras intentaron implementar muros de pago a principios de siglo, la competencia feroz por la gratuidad las obligó a recular, generando un escenario perfecto para las dictaduras privadas del capital. En ese vacío de ingresos, la publicidad institucional se convirtió en una herramienta de extorsión y cohecho legalizado. El mensaje implícito de muchas administraciones ha sido claro durante años: el dinero llegará siempre y cuando no se investigue, no se publique y no se incomode al poder. Esta estrategia ha sido aplicada tanto por grandes anunciantes privados como por el sector público, coartando la independencia editorial y empujando a los medios a buscar sistemas de financiación paralelos.
Es aquí donde la auditoría de medios propuesta por Diario Sabemos cobra su máxima relevancia. La futura ley deberá enfrentarse a la "letra pequeña" y a los trucos contables que las administraciones y los grupos de comunicación han perfeccionado con el tiempo. Los cobros millonarios bajo el concepto recurrente de "asesoramiento", los pagos alternativos que eluden el control de facturación publicitaria y los intereses cruzados entre empresas públicas y grupos mediáticos son el verdadero cáncer que la nueva norma debe extirpar. Sin una vigilancia estrecha de estos subterfugios, el límite del 35% podría quedarse en una mera declaración de intenciones, mientras el flujo de capital de influencia sigue circulando por canales subterráneos.
Otro pilar fundamental de este análisis de fondo es la denuncia de la corrupción tecnológica. La dependencia absoluta de las métricas de audiencia ha generado una "dictadura de lo cuantitativo" donde la ética profesional ha pasado a un segundo plano. Para atraer la publicidad de las administraciones, muchos medios han recurrido a la compra de tráfico internacional o al uso de herramientas intrusivas que inflan artificialmente sus números. Resulta paradójico que un mensaje orientado a la ciudadanía española se justifique mediante millones de usuarios únicos procedentes de otras latitudes, pero este ha sido el mecanismo perfecto para premiar a los sumisos y castigar a los medios libres. La transparencia en el conteo de audiencias y el control de los algoritmos de las grandes multinacionales tecnológicas es, por tanto, una pieza inseparable de esta reforma legislativa.
El papel de los periodistas independientes también se encuentra en el centro de este debate sobre la integridad informativa. La denuncia que hizo hace años Gervasio Sánchez sobre la cobertura en Afganistán puso de manifiesto cómo el Gobierno y los grandes grupos mediáticos pueden alinearse para silenciar informaciones incómodas. Mientras los aviones militares volaban vacíos, se impidió que periodistas libres cubrieran el desastre sobre el terreno, demostrando que la libertad de prensa en España suele ser una entelequia en momentos de crisis. Este control de las narrativas, que Pedro Sánchez sufrió en su propia piel durante su salida de la secretaría general del PSOE en 2016, parece ser ahora el objetivo de una regulación que busca, al menos en teoría, nivelar un campo de juego que La Moncloa percibe inclinado de manera deliberada hacia los bulos y la desinformación.
Sin embargo, el camino hacia la implementación de esta auditoría democrática está lleno de espinas políticas. El afán regulatorio del Gobierno llega en la fase final de la legislatura, con una debilidad parlamentaria evidente. La negativa de Junts a negociar y la oposición frontal de PP y Vox, que ven en esta ley un intento de censura, amenazan con tumbar una iniciativa que, de aprobarse, dejaría en evidencia a muchos medios que se reivindican como liberales pero que en realidad son cautivos de lo público. A pesar de estas dificultades, en el Ejecutivo insisten en que es necesario marcar la agenda y dejar claro el gesto político: la supervivencia de la democracia depende de una información que no esté "atada y bien atada" por fines espurios.