En una Europa marcada por el Brexit, la guerra en Ucrania y el resurgimiento de los ultranacionalismos, pocos lugares condensan tanto simbolismo histórico y pragmatismo geopolítico como Gibraltar. Durante décadas, esta roca de apenas seis kilómetros cuadrados (territorio británico desde 1713 y reclamado por España desde entonces) ha sido más que una frontera: una metáfora de la relación ambigua entre Londres y Bruselas, entre soberanía y dependencia, entre historia y geografía.
Cinco años después de la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea, ese viejo rompecabezas parece acercarse a una solución inédita. En junio de 2025, la Comisión Europea, el Gobierno británico y España anunciaron una “Declaración conjunta sobre las negociaciones del Acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar”, proclamando un “acuerdo político definitivo” sobre los aspectos fundamentales del futuro tratado. El texto aún no está cerrado, pero su contenido anticipa una transformación silenciosa: la creación de un espacio internacionalizado bajo bandera europea, con responsabilidad española y soberanía británica.
Negociación singular
Tras el Brexit, Gibraltar quedó en un limbo jurídico. No formaba parte del Reino Unido propiamente dicho, su estatus es el de Territorio Británico de Ultramar, pero su economía y sus trabajadores dependían casi totalmente de la frontera con España. Para evitar un colapso económico y un conflicto político, Londres y Bruselas acordaron en 2020 que Gibraltar sería objeto de un tratado específico, negociado por separado del Acuerdo de Retirada.
Las conversaciones comenzaron formalmente en octubre de 2021, bajo la mediación de la Comisión Europea y con España como actor decisivo. Pero el proceso se estancó durante años en dos cuestiones de alto voltaje simbólico: la presencia de agentes españoles en el puerto y el aeropuerto gibraltareños, y el estatus de las bases militares británicas en el Peñón, piezas esenciales para la proyección naval y de inteligencia del Reino Unido en el Mediterráneo.
El avance anunciado en 2025 se produjo, según diplomáticos europeos, cuando Londres aceptó mantener el control exclusivo de sus bases, y España, a cambio, obtuvo un papel directo en la gestión fronteriza y migratoria de Gibraltar, dentro del espacio Schengen. Fue un intercambio pragmático entre símbolos: soberanía por funcionalidad.
España vuelve a Gibraltar
El elemento más innovador del futuro tratado es la incorporación de Gibraltar al área Schengen, gestionada por España en nombre de la Unión Europea. En la práctica, esto significa que las decisiones sobre inmigración, visados y control de fronteras recaerán en las autoridades españolas, aunque los controles inmediatos se realicen de forma conjunta entre la policía gibraltareña y la española.
El modelo no es completamente nuevo. Existen precedentes de controles duales en el tren Eurostar entre Bruselas, París y Londres, o en la estación londinense de Saint Pancras, donde agentes franceses y británicos actúan simultáneamente. Pero nunca un Estado miembro de la UE había ejercido autoridad operativa sobre un territorio bajo soberanía británica.
En el plano político, la maniobra es sutil pero profunda: España no obtiene la soberanía, pero sí la responsabilidad europea sobre un espacio que históricamente reclamó. Para Madrid, supone “volver” a Gibraltar sin necesidad de bandera, gracias a la intermediación de Bruselas. Para Londres, permite mantener la integridad formal del territorio y sus bases, a cambio de una frontera fluida con el continente.
El nuevo entendimiento sobre Gibraltar coincide con un giro más amplio en la política exterior británica. Tras los años de aislamiento y retórica nacionalista del primer Brexit, el Reino Unido de mediados de la década de 2020 ha buscado una “normalización europea”, según el lenguaje de su Strategic Defence Review de 2025.
Lejos de reintegrarse a la UE, Londres se presenta como una nación europea no integrada, pero profundamente cooperante en materia de defensa, inteligencia y seguridad. La base naval y aérea de Gibraltar es pieza clave en esa arquitectura: punto de paso entre el Atlántico y el Mediterráneo, escala de submarinos de propulsión nuclear y, según previsiones, futura sede de portaaviones británicos.
La Declaración de 2025 refleja así un equilibrio estratégico. Reino Unido conserva su autonomía militar; la UE obtiene un socio fiable en seguridad; y España, una posición privilegiada en la gestión del Estrecho. El acuerdo, aunque técnico, consagra un principio político: el Brexit no significó una ruptura total, sino una reconfiguración funcional de interdependencias.
La caída de un muro
El símbolo más visible del tratado será la eliminación de la Verja, la frontera física que separa Gibraltar de la Línea de la Concepción desde 1909 y que Franco cerró en 1969. Según la Declaración, “todas las barreras físicas y controles sobre personas y mercancías serán eliminados”.
Si la promesa se cumple, el “último muro de Europa” podría desaparecer en 2026, coincidiendo con la entrada en vigor del tratado. Sin embargo, su alcance real sigue siendo objeto de debate. No está claro si la demolición afectará a todo el vallado militar británico o solo al paso fronterizo civil. Pero el mensaje es inequívoco: la fluidez de movimiento entre Gibraltar y España será el núcleo del nuevo régimen.
La medida tiene una dimensión económica inmediata. Miles de trabajadores transfronterizos, especialmente de La Línea de la Concepción, dependen de esa frontera. Un tránsito ágil podría dinamizar una de las zonas más deprimidas de España y concretar el concepto de “prosperidad compartida” que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha convertido en lema de política de Estado.
Prosperidad como estrategia
Más allá de los gestos simbólicos, el tratado apunta a una reconstrucción económica regional. Se prevé la creación de un mecanismo financiero común para fomentar la convergencia entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, históricamente castigado por el desempleo y el aislamiento.
Existen compromisos en fiscalidad, ayudas estatales, medio ambiente, transporte, comercio y coordinación de la seguridad social, así como un consorcio mixto hispano-británico para gestionar el aeropuerto. En suma, una economía fronteriza integrada bajo supervisión europea.
La fórmula podría servir de precedente para otras regiones fronterizas complejas, desde Irlanda del Norte hasta Chipre. Sería la primera vez que la UE convierte una antigua disputa colonial en una zona de cooperación estructurada.
Soberanía
No obstante, el acuerdo abre interrogantes jurídicos y democráticos. En España, aún no se ha definido cómo ejercerán las Cortes el control parlamentario sobre un tratado que afecta directamente a su territorio vecino, ni sobre la actividad militar británica en el Peñón.
A diferencia de la base de Rota, regulada mediante un tratado bilateral con Estados Unidos, las instalaciones de Gibraltar operan sin supervisión española. Algunos diputados han advertido del riesgo para los 300.000 habitantes del Campo de Gibraltar, ante la eventual presencia de submarinos nucleares sin protocolos de emergencia conjuntos.
Estas cuestiones, hasta ahora al margen de la negociación UE-Reino Unido, podrían emerger con fuerza una vez que el texto del tratado se haga público. Para Madrid, el dilema será cómo conjugar el nuevo papel de “autoridad Schengen” con su reivindicación histórica de soberanía.
Laboratorio para la Europa post-Brexit
El acuerdo sobre Gibraltar encarna, en miniatura, el dilema central de la Europa del siglo XXI: cómo conciliar soberanía, seguridad y cooperación en un continente fragmentado pero interdependiente.
Gibraltar seguirá siendo británico, pero también europeo. España no recupera su “ciudad perdida”, pero gana presencia efectiva. La Unión Europea refuerza su frontera sur y demuestra flexibilidad institucional. Todos ganan algo; ninguno obtiene todo.
Ese equilibrio imperfecto es la nueva normalidad europea. Donde antes había fronteras rígidas, emergen zonas grises de corresponsabilidad. Donde antes dominaban los discursos de ruptura, ahora se imponen soluciones funcionales.
En la práctica, el tratado proyecta un nuevo modelo de integración parcial: territorios que, sin ser miembros de la UE, se conectan a su sistema jurídico y económico mediante mecanismos de cooperación ad hoc. Gibraltar es el primer experimento exitoso de ese modelo.
Significado histórico
Más de tres siglos después del Tratado de Utrecht, el Peñón de Gibraltar se dispone a entrar en una etapa inédita: la de la interdependencia regulada.
Para Londres, representa la consolidación de su estatus de potencia europea no alineada. Para Madrid, la posibilidad de transformar un conflicto en un vector de desarrollo regional. Y para Bruselas, una oportunidad de demostrar que la integración europea sigue siendo, ante todo, un proyecto político de estabilidad.
El acuerdo no cerrará la disputa de soberanía ni borrará la memoria colonial. Pero podría convertir a Gibraltar en algo más valioso que un símbolo nacional: un espacio de cooperación donde las fronteras se gestionan sin desaparecer, y la soberanía se ejerce compartiéndola.
En un continente que alguna vez se definió por sus muros, que uno de ellos esté a punto de caer es, quizá, la mejor noticia que Europa podía ofrecerse a sí misma.