Los siete diputados de Junts Per Catalunya apoyarán el proyecto de ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Fiscal y Judicial que incluye el proceso extraordinario para integrar a los más de mil jueces y fiscales sustitutos existentes en el país. El requerimiento de Bruselas se cumplirá. La Comisión Europea ha instado por escrito al gobierno en dos ocasiones para que resuelva el problema de la función jurisdiccional interina y con esta ley se cumple el mandato con la oposición de las asociaciones judiciales conservadoras que creen que, de esta manera, entrarán en la judicatura muchos profesionales “por la puerta de atrás”. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que las oposiciones para integrar a estos profesionales se llevarán a cabo de la misma manera que se oficia en el cuarto turno, con un magistrado del Supremo de presidente del tribunal calificador en el caso de los jueces, y un fiscal de sala, en el de los fiscales.
El giro de la formación independentista catalana no se entiende muy bien cuando hace tan sólo unos días su diputado, Josep Pagès, mostró sus reservas al proyecto de ley “porque viene con la firma del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y responde a sus intereses evitando cualquier reflexión estructural sobre el sistema judicial español”. En fuentes jurídicas se señala la posibilidad de que en la reunión de Rodríguez Zapatero con Carles Puigdemont en Waterloo se haya llegado a un compromiso para traspasar parte de las competencias del poder judicial a Catalunya, aunque se rechaza que se vaya a crear una especie de Consejo General del Poder Judicial catalán con potestad para nombrar a los jueces de las instancias superiores que es lo que pretenden los soberanistas.
Lo que todavía sigue siendo una incógnita es el futuro de una controvertida enmienda en la cual se pide la supresión de la Audiencia Nacional por considerarla una instancia que “pervierte su razón de ser y ya no aporta nada al sistema jurídico actual”. Junts califica la instancia de una “jurisdicción especial, una idea que chirría en el sistema judicial europeo”. Otra de las enmiendas va todavía más lejos y propone un nuevo régimen de responsabilidad penal de los jueces.
Fuentes del grupo parlamentario socialista señalan que en la reunión de Zapatero con Puigdemont no se habló de esas dos enmiendas porque no se pueden introducir en el proyecto de ley por no ser objeto de este. La obsesión de Puigdemont sigue siendo los jueces. Se le ha dado a entender que en los compromisos suscritos por el PSOE en Ginebra con la presencia del mediador internacional no se incluye la reforma de la carrera judicial que pretende. Lo único que se va a hacer con esta ley de Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Fiscal y Judicial es establecer un sistema que permita, en primer lugar, el acceso de los interinos, y, en segundo lugar, fijar un número de plazas de aquí al 2027 para dotar de medios humanos a un sector que viene reivindicando desde hace años la necesidad de incrementar sus plantillas.
Los socialistas consideran, así, cerrada la segunda parte de la ambiciosa reforma judicial que se completará con la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que el pleno del Consejo de Estado dictaminará el próximo 3 de octubre. El anteproyecto de ley pretende pasar a los fiscales la instrucción judicial, dejando a los jueces como garantes de derechos, primero, y sentenciadores, después. Y hay que tener en cuenta que el CE es un órgano consultivo. Su dictamen no vincula al consejo de ministros que es el que tiene que remitir el texto definitivo a las Cortes.
Ahora, lo que toca es negociar con los organismos interesados estos textos, pero primero se ha empezado por conocer la opinión de los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. El problema sigue residiendo en las posturas críticas de Podemos y de la formación de Puigdemont. Al expresident, que sigue insistiendo en la ejecución de la ley de amnistía, se le ha reprochado que su equipo legal haya demorado su amparo en el Tribunal Constitucional. La presentación de las recusaciones contra tres jueces conservadores, a pesar de su inmediato rechazo, ha retrasado el trámite que puede llegar unos tres meses. Además, el pleno ha rehusado levantar la orden de captura dictada por el Supremo contra Puigdemont por lo que la intención del dirigente independentista de regresar a Catalunya antes de que finalice 2025 está muy difícil.
La respuesta de Puigdemont ha sido contundente. No se negociarán unos presupuestos del Estado para 2026 si antes no se cumplen los puntos acordados en Ginebra. Entre ellos el traspaso de las competencias en materia de inmigración que se volverá a tratar en el Congreso a pesar del rechazo de la cámara a la propuesta de ley presentada por su grupo. Pero no sólo está ese punto. A la derecha catalana le interesa saber cómo va a quedar la “singular financiación” cuyos términos se negocian a dos bandas, con la Generalitat, por una parte, y con Esquerra Republicana, por otra.
Pero el tema que centra la atención de Waterloo es la reforma en profundidad de la judicatura. De ahí que se haya aceptado la norma que amplia las plantillas de las carreras fiscal y judicial. No obstante, Junts quiere ir más lejos y ha convertido la reforma del poder judicial en su principal caballo de batalla. Desaparición de las “jurisdicciones especiales”, y, sobre todo, la creación de un Consejo General del Poder Judicial catalán con competencias para nombrar jueces y magistrados en el territorio. Dos asuntos que se les ha dicho que no se pueden introducir en una ley cuyo único fin es dar cobertura legal de las plazas para interinos y facilitar el acceso mediante la dotación de becas para los opositores. No se pueden mezclar churras con merinas.