El debate sobre las pensiones se ha llenado durante años de dos afirmaciones que se repiten hasta parecer verdades incontestables: que los jóvenes actuales no cobrarán una pensión y que las personas jubiladas consumen unos recursos que deberían destinarse a las nuevas generaciones. A ellas se ha sumado otra contradicción: se alerta de que faltarán trabajadores para mantener el sistema mientras, al mismo tiempo, se presenta la inmigración como una amenaza.
Los datos cuentan una historia bastante diferente.
UGT ha lanzado precisamente en septiembre una campaña contra el mensaje de que «los jóvenes no van a cobrar una pensión». El sindicato sostiene que el principal riesgo para la futura jubilación de una persona joven no es la pensión que cobra hoy su abuelo, sino desarrollar una carrera laboral marcada por salarios bajos, desempleo, parcialidad involuntaria y precariedad. (
La discusión no consiste en negar el reto demográfico. España envejece y durante las próximas décadas habrá que financiar más pensiones. Consiste en decidir cómo hacerlo.
España envejece, pero envejecimiento no significa quiebra
El INE calcula que, si se mantienen las actuales tendencias demográficas, las personas de 65 años o más pasarían del 20,4% de la población a aproximadamente el 30,5% alrededor de 2055. Al mismo tiempo, el grupo de entre 20 y 64 años reduciría su peso desde el 60,9% hasta el 53,7% en 2051. El propio INE advierte de algo fundamental: son proyecciones condicionadas a determinados supuestos, no predicciones inevitables.
La AIReF también proyecta una presión considerable. En su evaluación de mayo de 2026 calcula que el gasto en pensiones podría alcanzar aproximadamente el 16,4% del PIB en 2050. Su estimación media para 2022-2050 sitúa el gasto bruto alrededor del 14,5%-14,6% del PIB.
Es un desafío serio. Pero decir que será necesario dedicar una parte mayor de la riqueza nacional a las pensiones no equivale a afirmar que el sistema «quebrará».
De hecho, la misma AIReF concluye que actualmente se cumple formalmente la regla de gasto de pensiones establecida legalmente, una vez considerados los ingresos generados por las reformas. UGT interpreta esa evaluación como una confirmación de la viabilidad del modelo público y de que no son necesarios nuevos recortes.
La precisión es importante: la AIReF también advierte de que cumplir esa regla no garantiza por sí solo la sostenibilidad del conjunto de las finanzas públicas. Una defensa rigurosa del sistema público no necesita ocultar esa advertencia.
Las pensiones no están expulsando a los jóvenes del Estado del bienestar
Enfrentar a una generación con otra parte de una premisa equivocada.
Las personas pensionistas actuales fueron trabajadoras y cotizantes durante décadas. Los trabajadores jóvenes de hoy serán pensionistas en el futuro. El sistema de reparto establece una cadena intergeneracional: las cotizaciones presentes financian las pensiones presentes y generan derechos para el futuro.
Esto no significa que no existan problemas de equidad generacional. Los jóvenes afrontan enormes dificultades para acceder a la vivienda, emanciparse, formar una familia o conseguir empleos con salarios suficientes. Pero responsabilizar de ello a las pensiones transforma una cuestión de distribución de la riqueza, mercado laboral, vivienda y política fiscal en una falsa guerra entre edades.
Actualmente, la Seguridad Social cuenta con más de 22,4 millones de afiliados, máximo histórico para un mes de septiembre. En el último año se han incorporado casi 740.000 cotizantes.
Al mismo tiempo, se abonan aproximadamente 10,55 millones de pensiones a más de 9,5 millones de pensionistas. La nómina mensual de septiembre alcanzó los 14.498 millones de euros.
Y los ingresos por cotizaciones no están disminuyendo: entre enero y agosto alcanzaron 126.032 millones de euros, un 7,5% más que un año antes y un 53,3% más que antes de la pandemia. En ese momento las cuentas de la Seguridad Social presentaban un saldo positivo de 7.433 millones.
No son cifras compatibles con la imagen de un sistema que actualmente se encuentra sin cotizantes o sin ingresos.
La verdadera pensión de los jóvenes se decide hoy en sus nóminas
Una pensión futura depende de las bases por las que una persona cotiza durante su carrera profesional. Por tanto, salarios más elevados, empleos estables y carreras laborales completas significan también mayores ingresos actuales para la Seguridad Social y mejores derechos futuros.
El debate sobre pensiones es inseparable del debate sobre salarios.
La fórmula sindical podría resumirse así: un sistema de pensiones se fortalece creando más empleo, pero también creando mejor empleo.
Un trabajador que permanece décadas con salarios bajos y largos periodos de desempleo tendrá una protección futura inferior. Combatir la precariedad juvenil es, por tanto, política de pensiones.
Más de 3,6 millones de trabajadores extranjeros ya sostienen la Seguridad Social
La inmigración introduce otra contradicción en el debate público. En septiembre de 2026 España superó por primera vez los 3,6 millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, el 16,2% de todos los cotizantes.
No se trata únicamente de cantidad. La población extranjera presenta actualmente una estructura mucho más joven y una tasa de actividad superior. En el segundo trimestre de 2026 alcanzaba el 69,63%, frente al 57,50% de las personas de nacionalidad española. El INE explica gran parte de esta diferencia precisamente por la distinta estructura de edades.
El Banco de España ha señalado además que la población extranjera ha contribuido de forma significativa a ampliar la oferta laboral y calcula que entre 2022 y 2024 aportó directamente entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB per cápita.
Desde el punto de vista de UGT, esto no significa considerar a las personas migrantes simplemente como «cotizantes necesarios». Son trabajadores con derechos que deben acceder a empleos dignos, salarios adecuados y protección social en igualdad de condiciones.
UGT Madrid documentó en su informe Desmontando prejuicios y estereotipos que en octubre de 2025 se abonaban 158.017 pensiones a personas extranjeras residentes en España, aproximadamente el 1,5% del total de pensiones, muy por debajo de su peso actual entre los trabajadores afiliados.
La explicación es fundamentalmente demográfica: buena parte de la inmigración es relativamente joven y todavía se encuentra en edad laboral.
Con el tiempo esos trabajadores adquirirán, legítimamente, sus propios derechos de jubilación. Por eso sería incorrecto afirmar que la inmigración resolverá para siempre el problema demográfico. Pero igualmente incorrecto es discutir el futuro de las pensiones españolas ignorando a millones de trabajadores extranjeros que ya forman parte estructural de su financiación.
El sistema ya se está reforzando por la vía de los ingresos
Las reformas pactadas desde 2021 han modificado también la manera de afrontar el envejecimiento.
Durante años se asumió que la respuesta debía consistir principalmente en reducir prestaciones o endurecer el acceso. UGT ha defendido otra estrategia: reforzar los ingresos.
En 2026 el Mecanismo de Equidad Intergeneracional supone una cotización adicional del 0,90%, de la que 0,75 puntos corresponden a la empresa y 0,15 al trabajador. Existe además una cotización de solidaridad progresiva sobre las retribuciones que superan la base máxima.
Solo hasta agosto, el MEI había recaudado 4.075 millones de euros, destinados íntegramente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
A estas medidas se añaden el incremento progresivo de las bases máximas, el nuevo sistema de cotización de los autónomos y las transferencias del Estado para separar gastos que no deberían recaer sobre las cotizaciones.
La filosofía es clara: si temporalmente aumenta el peso de las pensiones sobre el PIB porque se jubila la generación del baby boom, existen más alternativas que reducir la prestación de cada jubilado.
Ni tranquilidad absoluta ni catastrofismo
Una posición sindical rigurosa tampoco debe caer en el extremo contrario.
España tiene un desafío demográfico. La AIReF prevé una subida considerable del gasto. Será necesario mantener un mercado laboral fuerte, elevar productividad y salarios, integrar adecuadamente a la población migrante, mejorar la participación laboral y garantizar suficientes ingresos públicos.
Pero de esos datos no se deduce que los jóvenes vayan a quedarse sin pensión.
UGT sostiene que el sistema público debe seguir siendo el pilar central de protección en la vejez y rechaza que los sistemas privados sustituyan esa función.
La cuestión fundamental no es si España podrá producir riqueza suficiente dentro de treinta años. Será cómo se distribuya esa riqueza y qué parte se decida dedicar a garantizar una jubilación digna.
Convertir a los mayores en adversarios de los jóvenes o a los migrantes en una amenaza distrae de esa discusión.
Pensiones dignas para quienes ya se han jubilado, salarios dignos para quienes trabajan y derechos laborales iguales para quienes llegan a España no son objetivos enfrentados. Son las tres patas de un mismo modelo social.
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