España envejece a gran velocidad. No se trata de una impresión ni de una alarma retórica, sino de una transformación demográfica de enorme profundidad. El INE calcula que la población de 65 años y más, situada ya en el 21,1% del total, podría alcanzar el 30,9% en 2076 si se mantienen las tendencias actuales. Al mismo tiempo, la población entre 20 y 64 años perderá peso relativo dentro de la estructura social.
Esa evolución tendrá consecuencias económicas, sociales y también políticas. La democracia representa a quienes votan, pero cuando la estructura de edad cambia, también se modifica el equilibrio de prioridades que llegan con más fuerza a las instituciones. Una sociedad más envejecida tenderá a colocar en el centro del debate asuntos vinculados a pensiones, sanidad, dependencia y cuidados, todos ellos legítimos y esenciales. La cuestión es si, al mismo tiempo, será capaz de atender con igual intensidad los problemas de quienes tienen menos peso demográfico y, en muchas ocasiones, menor participación electoral.
El desafío no consiste en contraponer generaciones. Sería injusto y políticamente estéril. Las personas mayores han sostenido durante décadas el Estado del bienestar y tienen pleno derecho a exigir pensiones dignas, atención sanitaria adecuada y políticas de dependencia suficientes. El problema aparece cuando la agenda pública se ordena casi exclusivamente alrededor de quienes son más numerosos y votan con mayor regularidad.
Los jóvenes afrontan hoy dificultades estructurales que condicionan su vida adulta. La emancipación se retrasa, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes bloqueos sociales, la precariedad laboral continúa afectando a amplias capas de la población joven y la baja natalidad refleja, en buena medida, la falta de condiciones materiales para construir proyectos vitales estables. Si esos asuntos quedan relegados porque afectan a grupos menos numerosos, la democracia corre el riesgo de tomar decisiones pensando más en la aritmética electoral inmediata que en la cohesión social a largo plazo.
La derecha y la ultraderecha han demostrado una gran habilidad para explotar este cambio demográfico desde una lógica defensiva. Presentan el envejecimiento como una amenaza identitaria, agitan el miedo a la inmigración y prometen una protección selectiva del bienestar, reservada para un supuesto “nosotros” nacional. Esa estrategia resulta especialmente peligrosa porque enfrenta necesidades reales entre sí. Convierte la pensión de una persona mayor y el futuro laboral de un joven migrante en piezas de una falsa competición, cuando ambos forman parte del mismo sistema social.
La realidad es mucho más clara. España necesitará inmigración, políticas activas de natalidad, empleo digno, vivienda asequible y servicios públicos robustos para sostener su modelo de bienestar. El propio INE proyecta que el crecimiento poblacional de las próximas décadas dependerá en gran medida de la población nacida fuera de España, en un país que ya roza los 49,7 millones de habitantes.
La España interior añade otra dimensión al problema. En numerosos territorios rurales, el envejecimiento no es una tendencia futura, sino una realidad cotidiana. Menos población joven significa menos escuelas, menos transporte, menos actividad económica y más dificultades para garantizar servicios públicos de proximidad. La despoblación no se resuelve con discursos sentimentales sobre los pueblos, sino con inversiones, empleo, conectividad, vivienda y cuidados.
Desde una mirada progresista, el envejecimiento electoral obliga a ensanchar la idea de justicia social. Defender las pensiones no puede implicar olvidar la vivienda. Reforzar la sanidad no puede servir de excusa para descuidar la educación. Proteger a las personas mayores no puede convertirse en indiferencia ante la precariedad juvenil.
La democracia del futuro tendrá que aprender a gobernar para una sociedad más longeva sin sacrificar a quienes aún no tienen suficiente fuerza electoral para imponer sus urgencias. El verdadero reto no será elegir entre generaciones, sino construir un pacto intergeneracional que reparta seguridad, oportunidades y responsabilidades.
El envejecimiento de la población no determina el resultado de unas elecciones, pero sí altera el mapa de prioridades sobre el que se construyen los programas y las decisiones de gobierno. La cuestión no es quién merece más atención, sino si un país es capaz de pensar al mismo tiempo en quienes sostuvieron su pasado y en quienes tendrán que construir su futuro.
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