Existe una imagen política muy poderosa durante un incendio. Helicópteros descargando agua, hidroaviones atravesando columnas de humo, convoyes de la UME entrando en un pueblo, presidentes autonómicos visitando puestos de mando y ministros siguiendo sobre mapas el avance de las llamas. La emergencia concentra recursos, atención pública y capacidad institucional.
Hay otra imagen mucho menos espectacular. Un trabajador desbrozando monte en febrero. Las dos pertenecen a la misma política contra incendios, aunque España sigue concediendo mucha más importancia pública a la primera.
Las Peñas de Riglos han vuelto a mostrar la formidable capacidad que posee el país para movilizar medios cuando una catástrofe adquiere dimensiones extraordinarias. Pero el incendio ha coincidido con una circunstancia que obliga a mirar más allá de las hectáreas quemadas. Más de 800 bomberos forestales de Aragón están convocados desde este martes a una huelga indefinida para reclamar un refuerzo de alrededor de 200 trabajadores en el dispositivo autonómico. Los sindicatos sostienen que la plantilla se encuentra infradimensionada y han limitado la participación activa en los paros para preservar la respuesta frente a las emergencias.
La coincidencia resulta difícil de ignorar. Aragón afronta uno de los incendios más graves de su historia reciente al mismo tiempo que quienes trabajan en primera línea reclaman más personal.
El Gobierno autonómico ha defendido la magnitud del dispositivo movilizado en Riglos. Los representantes de los trabajadores responden que una parte importante de esos recursos ha tenido que llegar precisamente desde otras comunidades y desde el exterior. Y las dos afirmaciones pueden ser ciertas.
Un gran despliegue durante una emergencia demuestra capacidad de reacción, pero no resuelve por sí solo la discusión sobre la suficiencia de los medios ordinarios. La pregunta relevante no es únicamente cuántas personas aparecen cuando el incendio alcanza miles de hectáreas, sino cuántas estaban trabajando sobre ese territorio durante los meses anteriores. Ahí comienza la parte menos visible de los incendios españoles.
La extinción pertenece al presente. La prevención obliga a gobernar pensando en el futuro. Gestionar biomasa, mantener caminos y cortafuegos, ordenar masas forestales, conservar puntos de agua, vigilar el territorio, sostener plantillas profesionales durante todo el año y favorecer actividades económicas que mantengan vivos los espacios rurales son decisiones cuyos resultados apenas pueden fotografiarse.
Un incendio apagado proporciona una cifra. Un incendio que nunca llegó a producirse carece de titular. Por eso la prevención es cara antes del incendio y parece baratísima después.
España arrastra además una transformación territorial que ha alterado profundamente la relación entre población y monte. El abandono de explotaciones agrarias, la pérdida de ganadería extensiva y la despoblación de amplias zonas rurales han contribuido en muchos territorios a aumentar la continuidad de la vegetación y la acumulación de combustible. A esa realidad se suma un clima que está haciendo más frecuentes las condiciones extremas bajo las que los incendios adquieren comportamientos difíciles de contener.
En Riglos, los propios responsables de emergencias han señalado entre las dificultades una larga sequía, las altas temperaturas, la complejidad de la orografía y una elevada densidad de biomasa. Por eso resulta insuficiente seguir tratando cada gran incendio como una anomalía meteorológica.
El cambio climático está modificando el escenario sobre el que fueron diseñados muchos dispositivos públicos. Los servicios que podían resultar suficientes ante incendios más previsibles tienen que enfrentarse ahora a episodios cuya velocidad, intensidad y capacidad de propagación ponen al límite los métodos tradicionales de extinción. La respuesta política debería cambiar con el riesgo.
Eso significa discutir sobre plantillas, pero también sobre territorio. Significa preguntarse qué modelo forestal necesita España, cómo mantener actividad económica en áreas despobladas, qué papel debe desempeñar la ganadería extensiva, cómo gestionar masas forestales abandonadas y cuánto dinero estamos dispuestos a invertir durante el invierno para reducir aquello que gastaremos durante el verano.
El incendio forestal es también un problema de ordenación territorial
Durante años, buena parte de España ha asistido a una concentración creciente de población en ciudades y áreas metropolitanas acompañada por el vaciamiento de numerosos territorios interiores. El monte que deja de tener una función económica no desaparece. Cambia. Y un paisaje que durante generaciones estuvo intervenido por agricultores, ganaderos y habitantes rurales puede terminar acumulando una continuidad vegetal que multiplica la dificultad de contener las llamas.
No existe una solución sencilla. Tampoco sería serio atribuir cada incendio al abandono rural o al cambio climático. Los fuegos tienen causas distintas, desde accidentes y negligencias hasta acciones deliberadas. En el caso de Riglos, un hombre de 28 años ha ingresado en prisión provisional como presunto autor del incendio, dentro de una investigación dirigida por el Seprona.
Pero una cosa es el origen de una llama y otra muy distinta la capacidad del territorio para convertir esa llama en una catástrofe. Ahí comienza la responsabilidad política.
La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil ya incorpora la prevención como uno de los principios centrales del sistema y subraya la necesidad de anticipar los riesgos, mejorar la coordinación y reducir los impactos de las emergencias. El desafío, por tanto, no consiste tanto en descubrir qué debería hacerse como en conceder a esas políticas continuidad presupuestaria, planificación y suficiente relevancia pública.
Hay además una dificultad democrática. La prevención compite mal electoralmente con la emergencia. Un gobierno puede anunciar inmediatamente la compra de nuevos vehículos, la incorporación de helicópteros o una partida extraordinaria después de un gran incendio. Resulta mucho más difícil explicar el rendimiento político de mantener cientos de trabajadores forestales durante los meses en los que aparentemente no sucede nada. Pero que no suceda nada debería ser precisamente el éxito de una política preventiva.
La discusión sobre los bomberos forestales de Aragón adquiere así una dimensión que supera el conflicto laboral. Los trabajadores reclaman un refuerzo de unos 200 efectivos y denuncian que están combatiendo los incendios al límite. Más allá de cómo termine la negociación concreta, la protesta introduce una cuestión que afectará cada vez a más administraciones. Los dispositivos diseñados para una determinada realidad climática y forestal tendrán que adaptarse a otra bastante más exigente, y esa adaptación cuesta dinero.
Aquí aparece uno de los debates políticos que España suele aplazar. Todos queremos más prevención, más bomberos, más sanitarios, más medios aéreos y mejores infraestructuras cuando llega una emergencia. La discusión se vuelve mucho menos popular cuando hay que decidir cómo financiar permanentemente esos servicios.
Los servicios públicos no aparecen espontáneamente cuando comienza una catástrofe
Detrás de cada helicóptero hay presupuestos, detrás de cada brigada hay salarios, detrás de cada dispositivo hay planificación y detrás de cada capacidad pública existe una decisión previa sobre impuestos y prioridades. La prevención forestal forma parte de esa conversación sobre el Estado que rara vez se formula en términos tan claros.
También existe una escala superior. Los incendios de este verano han obligado a activar mecanismos de cooperación que superan las fronteras autonómicas y nacionales. La propia Ley de Protección Civil integra la participación española en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y atribuye al Ministerio del Interior la coordinación con las comunidades cuando sea necesario recurrir a él.
Europa también está aprendiendo que los incendios del sur ya no pueden considerarse una anomalía periférica. El calentamiento, las sequías y las olas de calor están ampliando geográficamente el riesgo y obligando a construir capacidades compartidas.
Hay algo profundamente contemporáneo en esa evolución. La emergencia comienza siendo local y termina demostrando que ninguna administración posee por sí sola todos los instrumentos necesarios para combatirla. Eso debería modificar también nuestra cultura política.
España dedica una cantidad extraordinaria de energía a discutir quién fue responsable después de cada catástrofe. Esa rendición de cuentas es imprescindible. Pero sería bastante más útil dedicar una parte equivalente de esa energía a preguntar qué decisiones se adoptaron antes.
Cuántos trabajadores había. Cuánto monte se gestionó. Qué planes estaban actualizados. Qué recursos permanecían disponibles. Qué municipios tenían capacidad para ejecutar una evacuación. Qué inversiones fueron aplazadas. Qué políticas de adaptación climática estaban en marcha. Estas preguntas producen menos ruido que la búsqueda inmediata de culpables, pero probablemente evitarían más incendios.
Riglos dejará hectáreas calcinadas, pueblos que tendrán que recuperar su normalidad, un patrimonio natural profundamente dañado y la muerte de un militar que acudió a combatir las llamas. Dejará también una discusión sobre la capacidad de Aragón y del conjunto del Estado para responder ante una emergencia de semejante dimensión, sería una oportunidad perdida si la reflexión terminase ahí, porque el verdadero éxito de un sistema contra incendios no consiste únicamente en demostrar que puede desplegar mil personas cuando arden 17.500 hectáreas. Consiste en construir un territorio y unos servicios públicos capaces de reducir las posibilidades de que alguna vez sea necesario movilizarlas.
España ha aprendido mucho sobre cómo responder a las catástrofes. El cambio climático obliga ahora a dar un paso más difícil, menos espectacular y políticamente bastante más exigente. Aprender a llegar antes que ellas. El fuego no entiende el Estado autonómico. El Estado autonómico tendrá que aprender cada vez mejor a entender el fuego.
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