Europa vuelve a mirar hacia sus fronteras. La Comisión Europea ha presentado un plan de cinco puntos para responder a llegadas irregulares repentinas y masivas, reforzar Frontex, acelerar los retornos, mejorar los sistemas de alerta y aumentar la cooperación con terceros países. La crisis vivida este verano en Ceuta aparece como una de las principales razones para ampliar unos instrumentos que ya habían crecido considerablemente con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Existe, sin embargo, un dato que obliga a observar la decisión con mayor detenimiento. La propia Comisión reconoce que los cruces irregulares de las fronteras exteriores de la Unión se encuentran en su nivel más bajo desde 2021.
Ambas realidades pueden coexistir. Ceuta sufrió los días 30 y 31 de julio una entrada excepcional que obligó a movilizar recursos y llevó posteriormente a Bruselas a conceder a España 114,7 millones de euros de ayuda de emergencia. Una situación extraordinaria requiere capacidad para responder con rapidez, pero resulta más discutible que cada episodio excepcional termine empujando toda la política migratoria europea hacia un nuevo endurecimiento permanente.
La UE dispone desde junio de un Pacto de Migración y Asilo plenamente aplicable que establece controles obligatorios, identificación, evaluación de seguridad, procedimientos fronterizos y nuevas reglas sobre retornos. A ese entramado se añade ahora otro plan que vuelve a colocar el control de las fronteras en el centro de la conversación europea.
La excepcionalidad empieza a convertirse en norma
El problema no reside en que Europa controle sus fronteras. Cualquier política migratoria necesita saber quién entra, garantizar procedimientos ordenados, combatir a las organizaciones que trafican con personas y disponer de mecanismos para situaciones de emergencia. La cuestión aparece cuando la excepcionalidad empieza a organizar la política ordinaria.
El nuevo plan pretende intensificar la cooperación con países de origen y tránsito, utilizar comercio, cooperación al desarrollo y visados para favorecer las readmisiones y reforzar el papel de Frontex en los retornos. También plantea mejorar la vigilancia y anticipar movimientos migratorios mediante tecnología y análisis de información.
Europa está construyendo así una frontera cada vez más sofisticada al mismo tiempo que el debate político se desplaza hacia la idea de que cualquier debilidad en su control constituye una amenaza para la seguridad común. Ese lenguaje no nace únicamente en los partidos de extrema derecha, pero resulta difícil ignorar cuánto se ha aproximado el vocabulario institucional europeo a cuestiones que esas formaciones situaron hace años en el centro de su estrategia electoral.
La migración ha pasado de discutirse principalmente como fenómeno económico, demográfico, humanitario y social a hacerlo cada vez más desde las categorías de seguridad, control y retorno. Y ocurre cuando Europa continúa necesitando trabajadores extranjeros para sostener numerosos sectores económicos y afronta un envejecimiento que reducirá su población en edad laboral durante las próximas décadas.
Una política migratoria necesita algo más que una frontera
La respuesta europea a Ceuta incorpora elementos necesarios, especialmente la solidaridad con España ante una presión excepcional sobre una frontera que también es europea. Bruselas movilizó financiación, Frontex, Europol y la Agencia de Asilo, evitando que la gestión recayera exclusivamente sobre una ciudad de 85.000 habitantes.
Esa solidaridad constituye precisamente una de las grandes ventajas de abordar la migración desde una perspectiva europea, pero debería extenderse también a la acogida, integración y distribución de responsabilidades, y no concentrarse principalmente en vigilancia y retorno.
Europa necesita distinguir entre controlar la inmigración irregular y construir toda su política migratoria alrededor de ella. Son cosas diferentes, aunque el debate público tienda cada vez más a tratarlas como si fueran equivalentes.
El reto consiste en responder a episodios como Ceuta sin convertir cada crisis en una justificación para reducir el espacio del asilo, aumentar la dependencia de terceros países o asumir que una frontera más dura constituye por sí sola una política migratoria más eficaz.
La paradoja queda reflejada en los propios documentos de Bruselas. Los cruces irregulares están en su nivel más bajo desde 2021 y, al mismo tiempo, Europa considera necesario continuar reforzando unas fronteras que ya han experimentado una profunda transformación normativa, tecnológica y presupuestaria. La explicación no se encuentra únicamente en los números. También está en una política europea que lleva años desplazándose hacia posiciones más restrictivas ante el crecimiento electoral de fuerzas que han convertido la inmigración en una de sus principales herramientas de movilización.
El desafío para las instituciones comunitarias consiste en demostrar que pueden garantizar el control de las fronteras sin permitir que el miedo termine determinando todo lo demás, porque una política migratoria necesita seguridad y reglas, pero también vías legales, integración, solidaridad entre Estados y garantías para quienes tienen derecho a protección internacional.
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