El anuncio de un fondo soberano español con una dotación inicial de 10.500 millones de euros y capacidad para movilizar hasta 120.000 millones no es únicamente una operación financiera. Es, sobre todo, una decisión política de largo alcance: asumir que el ciclo extraordinario de los fondos europeos tiene fecha de caducidad y que el Estado necesita nuevas herramientas para seguir influyendo en el modelo productivo una vez se cierre ese paréntesis.
La iniciativa, bautizada como España Crece y gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), aspira a dar continuidad a una estrategia que ha tenido en los fondos Next Generation su principal palanca. La diferencia es sustancial. Ya no se trata de ejecutar recursos comunitarios bajo supervisión europea, sino de construir una capacidad inversora propia, con criterios nacionales y vocación de permanencia.
Capital público para orientar el privado
El diseño del fondo responde a una lógica que en España ha sido históricamente débil: utilizar recursos públicos no solo para corregir fallos de mercado, sino para orientar la inversión hacia sectores considerados estratégicos. Vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, agua o reindustrialización no aparecen por azar. Son ámbitos con retornos a medio y largo plazo, donde el capital privado suele avanzar con cautela si no existe un socio público que amortigüe riesgos.
Que el fondo opere mediante préstamos, avales e instrumentos de capital —y no como un esquema de subvenciones directas— apunta a un cambio relevante en la relación entre Estado y mercado. El objetivo no es sustituir al sector privado, sino condicionar su dirección. Se trata de una práctica habitual en economías avanzadas, aunque todavía poco consolidada en el caso español.
El contexto explica la urgencia. El cierre del programa Next Generation, previsto para finales de 2026, deja un vacío difícil de cubrir con presupuesto ordinario. A ello se suma un entorno internacional marcado por la incertidumbre: desde la evolución de la política económica estadounidense hasta las tensiones geopolíticas y comerciales. En ese escenario, disponer de un instrumento propio permite ganar margen de maniobra y capacidad de reacción.
El discurso del presidente Pedro Sánchez, dirigido en buena medida a inversores internacionales, combina optimismo macroeconómico con una advertencia implícita: la estabilidad económica española no es fruto del azar, sino de decisiones públicas sostenidas en el tiempo. Presentar a España como “valor refugio” es también una forma de disputar el relato que identifica intervención estatal con inseguridad jurídica.
Riesgos y límites de la herramienta
La ambición del fondo no oculta, sin embargo, desafíos evidentes. La gobernanza será clave para evitar opacidad, capturas sectoriales o decisiones condicionadas por urgencias políticas de corto plazo. También lo será la capacidad técnica del ICO para gestionar operaciones complejas de capital sin diluir el interés público ni asumir riesgos desproporcionados.
Además, el fondo soberano no es una solución automática a problemas estructurales como el acceso a la vivienda o la persistencia de la pobreza. Puede facilitar inversión, acelerar proyectos y ordenar prioridades, pero su impacto dependerá de cómo se articule con otras políticas públicas y de la claridad de sus objetivos.
Con todo, la creación de España Crece introduce un cambio relevante en la forma de pensar la política económica. En un país poco habituado a planificar más allá del próximo ciclo presupuestario o europeo, la apuesta es significativa: asumir que el crecimiento también se gobierna y que la intervención pública no termina cuando se agotan los fondos de Bruselas, sino cuando se renuncia a decidir el rumbo del modelo productivo.