Hay una manera de medir la influencia política que no aparece en encuestas: observar qué queda cuando baja el foco, cuando termina la legislatura emocional y empieza la resaca organizativa. En el caso de Podemos —y, singularmente, de Irene Montero como símbolo y como método— el feminismo español ganó centralidad mediática, pero pagó un precio alto en cohesión, calidad democrática interna y credibilidad pedagógica ante una sociedad que, para avanzar, necesita algo más que consignas bien diseñadas para circular.
No es una discusión sobre si el feminismo debe ser transformador: lo es o no es. Es una discusión sobre cómo se transforma una mayoría social sin romper los mecanismos que la sostienen. Y ahí, Podemos introdujo un estilo que confundió con demasiada frecuencia la conquista cultural con la colonización partidista.
Del movimiento a la marca
El feminismo español no nació en un plató ni en un ministerio: nace de décadas de organización, de litigio, de negociación con instituciones que —por definición— llegan tarde. Podemos entró en ese ecosistema con una ventaja: supo leer el clima social posterior al 15M y la fatiga con la vieja política. Y con una tentación: convertir el feminismo en la palanca moral de un proyecto de poder.
El resultado fue una operación de doble filo. Por un lado, se ensanchó la conversación pública sobre desigualdad, cuidados, violencia y derechos sexuales. Por otro, se instaló una lógica de “conmigo o contra mí” que es letal para un movimiento plural. El feminismo, cuando se vuelve etiqueta de pertenencia, deja de ser un marco de emancipación y pasa a ser un carnet: quien discrepa, traiciona; quien matiza, estorba; quien pide evidencia, “blanquea”.
La política feminista eficaz necesita alianzas, mayorías parlamentarias, coordinación institucional y, esto es lo menos glamuroso, trabajo técnico. Si todo se reduce a un relato, la realidad acaba votando en contra.
El ejemplo más devastador de esa forma de hacer política fue el tratamiento público de las correcciones legislativas cuando aparecieron efectos no previstos o mal calibrados. Una democracia adulta tiene un principio básico: si una norma produce consecuencias indeseadas, se corrige, se explica y se repara. En lugar de eso, se optó a menudo por el reflejo identitario: defender la ley como símbolo, aunque la implementación estuviera generando un problema real, jurídico y social, que exigía una respuesta rápida, serena y cooperativa.
Lo grave no fue el error técnico (los sistemas complejos los producen). Lo grave fue el marco de sospecha con el que se trató a quien señalaba el fallo: jueces, juristas, feministas críticas, incluso sectores del propio Gobierno. En vez de fortalecer el consenso en torno a la protección de las mujeres, se sembró un terreno perfecto para la reacción: “miren qué caos”, “miren qué sectarismo”, “miren cómo se pelean”. Ese es el verdadero daño: no que haya debate, sino que el debate se convierta en guerra civil interna y deje al feminismo sin el atributo que más necesita para ganar: autoridad moral basada en rigor.
Podemos impulsó una forma de feminismo muy centrada en la identidad, la representación y el lenguaje. En parte era inevitable: la política contemporánea es también disputa simbólica. El problema es cuando esa dimensión desplaza a la material. Cuando el centro deja de ser la redistribución, las condiciones laborales, la corresponsabilidad real, la precariedad feminizada, el acceso a vivienda o la brecha de cuidados, y pasa a ser quién tiene el monopolio de “lo correcto”.
Desde una mirada feminista igualitaria, eso es un error de raíz: la igualdad se construye con derechos universales, con ciudadanía común, con instituciones que protegen sin preguntar por tu tribu. La política del reconocimiento sin la política de la igualdad material acaba produciendo dos cosas a la vez: frustración entre quienes siguen sin llegar a fin de mes y entusiasmo entre quienes ya estaban dentro del circuito cultural. Es un feminismo que gana en redes y pierde en el BOE cotidiano.
Hay otra consecuencia menos comentada: la pérdida de pedagogía. El feminismo, para ser mayoritario, tiene que ser comprensible. No simple, pero sí inteligible. La estrategia de confrontación permanente, con un uso intensivo del agravio, el enemigo y la épica, funciona para movilizar a los ya convencidos, pero no para ampliar base.
Y cuando un movimiento deja de sumar, alguien suma en su lugar. La ultraderecha vive de los huecos emocionales: detecta el hartazgo, se alimenta del ruido y ofrece una salida falsa pero fácil. Un feminismo que aparece como castigador más que como protector, por culpa de un estilo político, regala el marco a quien quiere volver atrás.
El saldo: más división, menos mayoría
La influencia de Podemos e Irene Montero en el feminismo ha sido, en este sentido, paradójica: logró colocar el tema en el centro y, al mismo tiempo, contribuyó a estrechar el espacio común. Convirtió debates legítimos en una batalla de legitimidades; confundió crítica con traición; cambió el pluralismo por disciplina de bloque.
Un feminismo fuerte no necesita unanimidad, necesita reglas: deliberación honesta, evidencia, instituciones que funcionen, y una ambición que no dependa del insulto al discrepante. Si algo deja esta etapa es una lección política —no moral—: cuando la causa se subordina al método de partido, la causa termina pagando el precio.