Feijóo es igual que Sánchez

Cuando Alberto Núñez Feijóo calificó de "cáncer" el aumento de las bajas médicas ante un auditorio de empresarios vascos, no solo eligió una metáfora desafortunada para nombrar una enfermedad que mata a miles de españoles cada año. Reveló, sobre todo, un desconocimiento profundo (o una indiferencia calculada) sobre el estado real del mercado laboral que aspira a gobernar. Detrás de cada proceso de incapacidad temporal hay una firma médica, una historia clínica y, cada vez con más frecuencia, un cuerpo o una mente que ya no pueden sostener el ritmo que exige un sistema productivo construido sobre la precariedad.

El líder del PP situó el debate en el terreno del fraude, hablando de "absentismo" sin aportar datos que sostuvieran esa acusación, y llegó a cifrar en más de 30.000 millones de euros el coste que, a su juicio, España "no puede permitirse". Los sindicatos UGT y CCOO respondieron con cifras propias: no existe la posibilidad legal de coger una baja sin justificación médica, y el cobro íntegro del salario desde el primer día que Feijóo dio por hecho tampoco se ajusta a la normativa vigente, que reduce sustancialmente la prestación durante los primeros veinte días de la baja. La propia ministra de Sanidad recordó una obviedad que el debate político parece haber olvidado en plena precampaña electoral: las altas y las bajas son actos médicos, prescritos por un facultativo, no decisiones voluntarias de trabajadores que buscan ampliar el fin de semana. Cuestionar en bloque la validez de un millón de bajas médicas equivale, señaló, a cuestionar la profesionalidad de todo el sistema sanitario público que las extiende.

Lo llamativo del episodio no es solo su contenido, sino su temperatura política. La comparación que empleó Feijóo entre las cifras de ausencias diarias de 2018 y las de 2026 (de 450.000 trabajadores fuera de su puesto a 1,1 millones) ignora un dato elemental: España ha pasado de rondar los 19 millones de personas ocupadas a acercarse a los 22,5 millones. Comparar cifras absolutas sin tener en cuenta esa expansión del mercado laboral no es un matiz técnico menor, es la diferencia entre un diagnóstico riguroso y un relato construido para movilizar al electorado más proclive a ver en el trabajador enfermo un sospechoso antes que un paciente.

La herencia de la reforma laboral de Rajoy y su prolongación bajo Sánchez

Para entender el origen de este malestar hay que remontarse a 2012, cuando la reforma laboral de Rajoy abarató el despido, debilitó la negociación colectiva sectorial y abrió la puerta a una precarización estructural del empleo que marcó a toda una generación. Los contratos temporales de muy corta duración se multiplicaron (en 2011 apenas el 20,2% de los contratos temporales duraba menos de siete días; en los años siguientes ese porcentaje no dejó de crecer), los salarios perdieron poder adquisitivo de forma sostenida y millones de trabajadores aprendieron a vivir bajo la amenaza constante de la rotación laboral y el despido exprés. Esa arquitectura de la inestabilidad no se ha desmontado del todo: aunque la reforma laboral impulsada durante el Gobierno de Pedro Sánchez logró reducir drásticamente la temporalidad, especialmente entre los jóvenes (que pasaron de una tasa de eventualidad superior al 55% a apenas el 23,5% entre los menores de 30 años), buena parte de los efectos acumulados de la década anterior sigue intacta: salarios que continúan por debajo de la media europea, cargas de trabajo intensificadas para compensar plantillas insuficientes, y jornadas que se alargan sin compensación económica real.

Ese contraste explica por qué, aunque exista hoy más estabilidad contractual que hace una década, la sensación de agotamiento no ha remitido, sino que en muchos sectores se ha agravado. El coste de la vida disparado (con la vivienda como epicentro de una angustia que, según reconoció la propia ministra de Sanidad, afecta ya a cuatro de cada diez familias) ha convertido el salario medio en insuficiente para sostener una vida digna en las grandes ciudades españolas, incluso para trabajadores con contrato indefinido. Los sindicatos insisten en que la precariedad laboral no se mide solo por el tipo de contrato, sino por la intensificación de las cargas de trabajo, la disponibilidad permanente que exigen muchas empresas a través de canales digitales fuera del horario laboral, y una cultura empresarial que sigue normalizando las horas extraordinarias no remuneradas. Sobre este último fraude, mucho más cuantioso y mejor documentado que el que Feijóo atribuye a las bajas médicas, ni el líder del PP ni buena parte de la patronal muestran el mismo interés fiscalizador: sentencias recientes del Tribunal Supremo han rechazado que las horas extra puedan compensarse con simples pluses de disponibilidad, y varios sindicatos han llevado a los tribunales a grandes cadenas por el exceso sistemático de jornada de miles de empleados.

Estrés, precariedad y agotamiento como enfermedad social

Desde el punto de vista clínico, la relación entre condiciones laborales adversas y deterioro de la salud está ampliamente documentada por la literatura médica y ocupacional. El estrés laboral crónico activa de forma sostenida el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, el sistema hormonal que regula la respuesta al peligro, elevando de manera prolongada el cortisol en sangre. Cuando esa activación se mantiene semanas o meses, como ocurre en entornos de precariedad laboral e inseguridad económica constante, el organismo entra en un estado de desgaste que la medicina ocupacional denomina carga alostática: el deterioro acumulado de vivir permanentemente en estado de alerta, incapaz de completar el ciclo biológico de activación y recuperación que el cuerpo humano necesita para regenerarse.

Las consecuencias de esta sobrecarga no son abstractas ni marginales. El insomnio y los trastornos del sueño figuran entre los primeros síntomas, seguidos de cuadros de ansiedad generalizada, cansancio extremo que no revierte con el descanso habitual de un fin de semana y, en los casos más avanzados, episodios depresivos y lo que la Organización Mundial de la Salud reconoce oficialmente como síndrome de burnout o agotamiento profesional, caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y sensación de ineficacia en el desempeño laboral. A nivel físico, el estrés sostenido se asocia a hipertensión arterial, arritmias y otras alteraciones cardiovasculares, trastornos digestivos como el síndrome de intestino irritable, debilitamiento del sistema inmunológico que incrementa la susceptibilidad a infecciones, y dolencias musculoesqueléticas derivadas de la tensión corporal constante, especialmente en cuello, espalda y mandíbula.

Los datos oficiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social confirman esta tendencia sobre el terreno: las bajas por salud mental, ansiedad, estrés o depresión han aumentado un 66% desde 2018, un salto que ningún relato centrado exclusivamente en el fraude puede explicar por sí solo. La duración media de los procesos de incapacidad temporal también se ha alargado, pasando de 40 días en 2017 a casi 46 días en 2024, con un peso creciente de las enfermedades infecciosas y los trastornos musculoesqueléticos, pero con el mayor crecimiento relativo concentrado precisamente en los trastornos mentales. Los médicos de atención primaria consultados por distintos medios coinciden en un matiz generacional revelador: los trabajadores más jóvenes muestran hoy menos tolerancia a acudir enfermos al trabajo que generaciones anteriores, acostumbradas a normalizar el presentismo como prueba de compromiso laboral, lo que sugiere que parte del aumento de las bajas responde también a un cambio cultural hacia el autocuidado, y no exclusivamente a un empeoramiento objetivo de la salud colectiva.

Los riesgos médicos de la explotación laboral prolongada

Más allá del episodio agudo de estrés, la exposición sostenida a la explotación laboral, entendida como sobrecarga de funciones, disponibilidad permanente y salarios insuficientes para cubrir necesidades básicas, constituye un factor de riesgo reconocido para el desarrollo de enfermedades crónicas. La literatura en salud ocupacional vincula la inseguridad laboral prolongada con mayor incidencia de trastornos cardiovasculares, deterioro cognitivo asociado a la privación crónica de sueño, alteraciones metabólicas que favorecen el desarrollo de diabetes tipo 2, y un incremento de conductas de automedicación y consumo de sustancias como estrategia de afrontamiento frente al malestar sostenido. Los informes elaborados por centrales sindicales sobre salud mental y trabajo describen un patrón consistente: cuanto mayor es la inestabilidad económica percibida por el trabajador, mayor es la prevalencia de sintomatología ansiosa y depresiva, incluso en personas sin antecedentes clínicos previos ni predisposición genética documentada.

Este deterioro no afecta a todos por igual. Los sectores peor remunerados y con menor margen de negociación colectiva concentran tanto los salarios más precarios como los indicadores más altos de sufrimiento psicológico asociado al trabajo, una correlación que desmonta el argumento de que las bajas médicas responden a la comodidad o al fraude generalizado, y que apunta en cambio hacia un problema estructural de condiciones de empleo. El informe PRESME, dedicado específicamente a la relación entre precariedad y salud mental, constata que más del 46,9% de los asalariados en España presenta algún grado de precariedad laboral multidimensional, una escala que no se limita al tipo de contrato sino que incorpora la vulnerabilidad económica, la falta de capacidad de negociación, la desprotección frente al despido y la imposibilidad de ejercer derechos laborales básicos por miedo a represalias.

Ese miedo, subrayan los sindicatos, es en sí mismo un obstáculo clínico: muchos trabajadores en situación precaria rechazan bajas médicas que sus propios facultativos les ofrecen porque temen las consecuencias de ausentarse, lo que retrasa diagnósticos, agrava patologías tratables en fases tempranas y termina generando procesos de baja más largos y complejos de los que habrían sido necesarios si el trabajador hubiera podido cuidarse a tiempo sin miedo a perder su empleo o sus ingresos.

El aumento de las bajas médicas, síntoma de un mercado de trabajo que no cuida a quien lo sostiene

El propio organismo independiente AIReF, encargado de fiscalizar las cuentas públicas, ha analizado el repunte de la incapacidad temporal y ofrece una lectura más matizada que la del "fraude masivo" denunciado por Feijóo: la incidencia de las bajas ha pasado de 21,4 casos por cada 1.000 afiliados en 2017 a 33,9 en 2024 y 53,7 en 2025, un crecimiento sostenido y no un repunte puntual achacable a un año concreto. Los sindicatos insisten en que comparar cifras absolutas sin tener en cuenta que España cuenta hoy con más de tres millones de afiliados adicionales respecto a 2018 distorsiona por completo el diagnóstico, y recuerdan además un dato que rara vez aparece en el debate político: España se sitúa entre los países de la Unión Europea que menos días de baja cargan sobre sus empresas, con una media de doce días frente a los treinta de Bélgica, los cuarenta y dos de Alemania o los períodos que en Países Bajos pueden extenderse hasta dos años.

Conviene señalar, en honor a la precisión periodística, que no todas las voces técnicas atribuyen el aumento exclusivamente al deterioro de las condiciones laborales. La propia AIReF apunta que la reducción de la temporalidad y la mayor estabilidad contractual también facilitan que un trabajador se anime a coger una baja que antes, por miedo a perder un contrato precario, hubiera evitado a toda costa; el organismo estima que el paso de un contrato temporal a uno indefinido incrementa en torno a un 30% la probabilidad de que ese trabajador solicite una baja médica cuando la necesita. Es, en cierto modo, la otra cara de la misma moneda: la precariedad no solo enferma, también silencia la enfermedad, y parte del aumento estadístico de las bajas podría reflejar, paradójicamente, una corrección de ese silencio forzado más que un empeoramiento absoluto de la salud de la población trabajadora.

Los datos manejados también revelan un fenómeno de concentración que merece explicación: el 25% de las personas que se acogen a una baja médica concentra el 55% de los episodios, lo que la AIReF define como "fenómeno de la reiteración" y que apunta a patologías crónicas o recurrentes, muchas de ellas de naturaleza musculoesquelética o de salud mental, más que a un fraude generalizado y aleatorio entre el conjunto de la población asalariada. Juan Bravo y otros dirigentes del PP defienden, por su parte, que el objetivo de su formación no es recortar derechos a quien está genuinamente enfermo, sino combatir un porcentaje de fraude que, sostienen, erosiona la sostenibilidad financiera del sistema, aunque hasta la fecha no han aportado datos públicos que cuantifiquen con precisión esa cifra ni distingan el fraude real de la reiteración clínica legítima.

Impagos salariales: cuando la explotación se convierte en enfermedad

Existe además una dimensión del problema que rara vez ocupa titulares: los impagos salariales y los retrasos sistemáticos en las nóminas, una práctica que persiste en sectores con alta rotación, subcontratación en cadena y escasa capacidad de inspección efectiva por parte de la administración. Para un trabajador con ingresos ajustados al límite del mes, un retraso de días en el cobro del salario no es una simple incomodidad administrativa: desencadena angustia financiera aguda, dificulta el acceso a tratamientos médicos o psicológicos privados cuando la sanidad pública satura sus listas de espera, y genera un estado de alerta permanente que la medicina asocia directamente con el desarrollo de cuadros de ansiedad clínica, trastornos del sueño y, en exposiciones prolongadas, síntomas depresivos persistentes.

La inseguridad económica crónica, señalan los expertos en salud ocupacional, no solo empobrece: literalmente enferma, y lo hace de manera silenciosa, mucho antes de que ese malestar se traduzca en una baja médica formal. El trabajador que sufre un impago no solo pierde poder adquisitivo de forma inmediata; entra en un ciclo de incertidumbre sobre si podrá pagar el alquiler, la hipoteca o los suministros básicos del hogar, una incertidumbre que la psicología clínica identifica como uno de los desencadenantes más potentes de ansiedad anticipatoria. Cuando esta situación se repite de forma sistemática —como ocurre en empresas con problemas de solvencia crónicos o con prácticas abusivas deliberadas— el trabajador desarrolla lo que algunos especialistas describen como hipervigilancia financiera, un estado de alerta constante sobre su propia situación económica que interfiere con el sueño, la concentración y, a medio plazo, con su capacidad para desempeñar con normalidad sus funciones laborales, generando así una espiral en la que la propia explotación termina produciendo el deterioro de salud que después se traduce en una baja médica.

Un debate político que necesita mirar al cuerpo, no solo a la hoja de cálculo

El enfrentamiento abierto por Feijóo llega, así, en el peor momento posible para simplificarlo: no como una discusión sobre picaresca individual, sino como el síntoma visible de un modelo productivo que durante más de una década ha exprimido a su fuerza laboral y que ahora, cuando esa misma fuerza laboral empieza a colapsar, prefiere señalar al enfermo antes que revisar el sistema que lo enfermó. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado políticamente la ofensiva del líder del PP, presentándola como una amenaza directa a derechos laborales conquistados, aunque ese mismo Ejecutivo tampoco puede eximirse de responsabilidad sobre un modelo salarial que, pese a las mejoras en estabilidad contractual, sigue sin resolver el problema de fondo: salarios que no alcanzan para vivir con dignidad en un país donde la vivienda absorbe una parte creciente e insostenible de la renta disponible de los hogares trabajadores.

Mientras la clase política discute cifras de absentismo y modelos de gasto público, el organismo que gestiona las prestaciones, la Seguridad Social, y los propios profesionales sanitarios coinciden en un diagnóstico que ninguna metáfora sobre el cáncer institucional logra desmentir: si más de un millón de personas no puede acudir a trabajar cada día en España, la pregunta que un país debería hacerse no es cómo reducir esa cifra a golpe de recorte de prestaciones, sino qué está haciendo enfermar, de manera tan extendida y tan silenciosa, a una sociedad que trabaja más horas de las que factura, cobra menos de lo que necesita para vivir, y ya no tiene margen físico ni mental para seguir sosteniendo, sin quebrarse, un sistema que insiste en no mirarse a sí mismo.