Hay momentos que cambian el curso de la historia de golpe. Todos nos acordamos dónde estábamos el 11 de septiembre de 2001 cuando vimos las Torres Gemelas caer. Aquel día, mientras el polvo y el humo aún flotaban sobre Manhattan, los líderes del mundo libre salieron a prometer justicia. Pues bien, un cuarto de siglo después, esa promesa se ha cobrado una factura escalofriante.
Un grupo de treinta relatores de la ONU, gente que lleva décadas investigando en el terreno y examinando papeles oficiales, acaba de publicar un informe demoledor. La conclusión viene a decir algo muy simple: la famosa "Guerra contra el Terror" no solo ha fracasado en limpiar el mapa de extremistas, sino que ha hecho saltar por los aires las reglas del derecho internacional.
Nadie se olvida de las casi 3.000 víctimas de aquellos aviones. Faltaría más. Pero los analistas de Naciones Unidas piden mirar más allá, hacia esa otra contabilidad que nadie quiere publicar. Hablan de millones de personas que en estos veinticinco años han perdido la vida, sus familias o sus casas por culpa de invasiones, bombardeos o abusos cometidos, supuestamente, para protegernos.
Al final, la razón de Estado aplastó las normas más básicas. Lo que en su día arrancó como un paquete urgente de medidas de emergencia para pillar a los culpables terminó convirtiéndose en una rutina de despacho, en puro trámite burocrático. Secuestros en terceros países, cárceles clandestinas, el agujero negro de Guantánamo... Y aquellos inventos del lenguaje que usaba la CIA para no llamar a las cosas por su nombre: la tortura pasó a ser "interrogatorio mejorado" y el bombardeo desde un dron, "asesinato selectivo".
Sin embargo, lo más peligroso de este asunto no ocurrió en los campos de batalla lejanos, sino en la letra pequeña de los boletines oficiales.
Gobiernos de todo tipo le cogieron el gusto a la herramienta. Aprobaron leyes "antiterroristas" con definiciones tan vagas que hoy sirven para meter en la cárcel a cualquiera que levante la voz. Un periodista incómodo, un opositor o un manifestante. Lo que se vendió como algo temporal se quedó para siempre, limando las libertades que costó siglos conseguir.
Y para colmo de males, llegó la tecnología. Algoritmos de reconocimiento facial, programas espía metidos en los teléfonos de activistas y drones que deciden a quién disparar a miles de kilómetros de distancia. La guerra convertida en un videojuego sin jueces ni fiscales mirando por encima del hombro.
El resultado social es devastador. Las ONG y las organizaciones humanitarias están contra las cuerdas. Si intentas llevar alimentos a una zona de conflicto controlada por un grupo rebelde, te congelan las cuentas bancarias o te acusan de financiar el terrorismo. Hasta el propio Consejo de Seguridad de la ONU metió la pata exigiendo controles draconianos sin poner límites ni protecciones para la población civil.
Ahora bien, la gran pregunta que flota en los pasillos de Bruselas y Washington es la de siempre: ¿ha servido de algo? La respuesta es un no rotundo. Se han gastado billones de dólares en ejércitos, espionaje y contratistas privados, pero el terrorismo no solo no ha desaparecido, sino que está más extendido y fragmentado que en 2001. La invasión de Irak en 2003, por poner el ejemplo más sangriento, fue la mejor cantera posible para el nacimiento del Estado Islámico. La impunidad no apaga el fuego; le echa gasolina.
Los expertos de la ONU lo afirman con una claridad que asusta: no se puede construir seguridad aplastando los derechos humanos. Si para defendernos de los fanáticos destruimos el estado de derecho y la libertad, entonces les hemos regalado la victoria.
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