Europa anda en ese estado que cualquier informático reconoce: la pantalla no responde, el cursor gira en círculo y alguien (siempre hay alguien) propone la solución definitiva: “sal, vuelve a entrar… y que no se te olvide haber guardado”. La Unión Europea, con 27 socios y demasiadas decisiones que requieren unanimidad, vive colgada en ese pantallazo desde hace tiempo. ¿La salida forzosa?. Pensemos que hay más de 20 países esperando entrar, algunos desde hace 30 años.
La propuesta presentada por Francia y Alemania ha sido una megaampliación por capas para dejar de funcionar como bloque monolítico y pasar a un sistema modular, donde cada país entra hasta donde alcanza su hardware democrático, sin tumbar el servidor común. Eso es, en esencia, el esqueleto franco-alemán que circula desde 2023: cuatro niveles, de foro amplio a núcleo federal, con una novedad jugosa en medio llamada “membresía asociada”.
Primer nivel: la Comunidad Política Europea (CPE)
Ya existe desde octubre de 2022. Es un club ancho (de 47 a 49 jefes de Estado y de Gobierno, sin Rusia ni Bielorrusia) que sirve para sincronizar seguridad, energía y migración sin implicar cambios legales profundos. No legisla, no obliga; facilita que presidentes y primeros ministros se miren a la cara y coordinen lo urgente. No es poca cosa en un continente con guerra, crisis energéticas, Trump vociferando en la puerta y elecciones cada dos por tres. Fue estrenado en Praga y hoy es el pasillo donde se hablan las cosas antes de llevarlas a la sala de máquinas.
Segundo nivel: la membresía asociada
Aquí empieza la chispa. La idea es premiar a países que cumplan el núcleo democrático, (capítulos 23 y 24: Estado de derecho, justicia y derechos fundamentales), con acceso gradual a piezas del Mercado Interior o a Schengen. Un “entra y usa”, pero sin voto en Parlamento ni Consejo: usuario avanzado, no desarrollador. Es, de facto, una versión actualizada del EEE/AELE (Noruega, Islandia, Liechtenstein… con Suiza y Andorra a la carta), que ya demuestra que se puede formar parte del mercado único o del espacio Schengen sin ser miembro de pleno derecho. También podrían entrar de facto en esta nivel, Ucrania, el Reino Unido y la mayor parte de los países candidatos. La diferencia es convertir esa práctica en una escalera explícita hacia la UE plena. Ahí podrían estar también estados no europeos, pero muy próximos como Canadá, Méjico o el Mercosur. Hablamos de mil millones de consumidores, que no es cosa de broma.
Tercer nivel: la Unión Europea de toda la vida
Aquí están los 27 y los que se sumen. La reforma clave para que el tinglado no se bloquee es reducir la tiranía del veto y ganar terreno con la mayoría cualificada (ese sistema que, por cierto, ya rige en el 80% de las leyes, pero no en asuntos sensibles como exteriores o defensa). Si no se repara esto, cualquier ampliación a 35-40 países sería una receta para el inmovilismo y condenada al fracaso.
Cuarto nivel: el núcleo federal
Los que quieran ir más lejos: política exterior única, defensa común, coordinación fiscal, firmarían un “pacto de intenciones fuertes”. Nadie obliga; se sube quien quiere y puede.
¿Por qué urge ahora?
Porque la ampliación ya no es un futurible, sino un proceso en marcha. El 25 de junio de 2024 la UE abrió negociaciones formales con Ucrania y Moldavia: un gesto estratégico destinado a decirle a Moscú que el vecindario no está en venta y a los ciudadanos ucranianos que su esfuerzo tiene una vía institucional. Y porque al “amigo americano” se le ha caído la careta y ha perdido las formas, lo que nos lleva a un conflicto de intereses global.
El camino seguirá siendo largo, pero existe. Y ese camino, con capas, permite que Ucrania o Moldavia empiecen a disfrutar de piezas del mercado común mucho antes de que pasen décadas hasta la adhesión completa.
Ventajas del modelo por capas
- Imán geopolítico: en vez de “espera sentado 30 años”, hay beneficios tempranos si cumples reformas. Llevas electricidad a la casa mientras terminas la obra. Eso compite (con más valores y menos chequera) con la influencia china y rusa en el vecindario.
- Condicionalidad con sentido: las famosas reformas judiciales o anticorrupción dejan de ser “capítulos que se cierran” y pasan a ser palancas que te abren APIs del sistema (contratación pública, libre prestación de servicios, movilidad).
- Menos rehenes del veto: extender la mayoría cualificada a exteriores o determinadas partidas presupuestarias reduce los secuestros institucionales en cada cumbre (que los hay, y caros).
Riesgos y letras pequeñas
- Reforma de tratados: para tocar vetos y crear un estatus “asociado” robusto no basta con buenas intenciones; hay que reescribir reglas básicas, quizá someterlas a referéndum en varios países, y blindar la frontera entre quienes usan normas y quienes las hacen. Nada de coladero de “soft law” por la puerta de atrás. Y en el cuarto nivel, refundación de las constituciones nacionales.
- Europa a cuatro velocidades: hay peligro de que los “asociados” se queden eternamente en la sala de espera. Miren Georgia: candidata desde 2023, pero su ley de “agentes extranjeros” y el retroceso democrático han congelado de facto el proceso y hasta han provocado congelaciones de ayuda. La condicionalidad, si es en serio, también sirve para decir “así no”.
- Schengen y el mercado en evolución: el espacio sin fronteras se mueve (Bulgaria y Rumanía culminaron su integración en 2024-2025), y cualquier estatus “asociado” debe convivir con ese dinamismo sin convertirse en laberinto jurídico.
Europa necesita reiniciarse. Salir, volver a entrar… pero con cuatro perfiles de acceso en lugar de un login único que se cuelga cada dos por tres. Una escalera que reduce el “todo o nada” a “paso a paso”.
Y la contraseña del veto, por favor, que no se guarde automáticamente. Si no, a la próxima crisis, tendremos otra vez la ruedecita del cursor girando.