Hoy se ha dado a conocer en The Guardian el estudio británico sobre el impacto de los cierres escolares por COVID-19. El informe presenta conclusiones devastadoras que confirman las advertencias que científicos como Jay Bhattacharya y los firmantes de la Great Barrington Declaration realizaron en octubre de 2020.
Lejos de ser “negacionistas” o “irresponsables”, como fueron etiquetados por el establishment médico, mediático y político, estos expertos anticiparon correctamente las consecuencias catastróficas que las restricciones tendrían sobre los menores. Una vez más, la realidad se impone al relato.
La Great Barrington Declaration: una predicción acertada silenciada
La Declaración de Great Barrington, firmada por Martin Kulldorff de Harvard, Sunetra Gupta de Oxford y Jay Bhattacharya de Stanford, propuso en octubre de 2020 un enfoque de “protección focalizada” que priorizaba mantener las escuelas abiertas y permitir que niños y jóvenes sanos vivieran normalmente mientras se protegía específicamente a las poblaciones vulnerables. Esta propuesta, respaldada por casi un millón de firmas de científicos y profesionales médicos, fue atacada ferozmente desde el primer momento. Francis Collins, entonces director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), solicitó en un email a Anthony Fauci “una demolición rápida y devastadora” de las premisas de la declaración. Esta campaña orquestada desde las más altas esferas sanitarias estadounidenses no buscaba el debate científico, sino el silenciamiento de voces disidentes que cuestionaban la ortodoxia de los confinamientos universales.
El aparato de censura contra la ciencia crítica
La persecución contra Bhattacharya y sus colegas fue sistemática y coordinada. Como revelan los “Twitter Files”, las redes sociales implementaron listas negras específicas para científicos críticos con las medidas COVID. La cuenta de Bhattacharya fue incluida en estas listas de “visibilidad limitada”, mientras Google eliminaba contenido relacionado con la Great Barrington Declaration.
“Simplemente, actuamos como científicos, pero fuimos de inmediato censurados”, declaró Bhattacharya, quien denunció que “Google nos borró. Nuestra página de Facebook fue eliminada. Todo fue una locura”. El epidemiólogo de Stanford ha confirmado que “personalmente fue objeto de censura por las acciones de la administración Biden durante la pandemia”.
Este aparato de censura no se limitó a Estados Unidos. Como documentan Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional, los gobiernos implementaron “un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión” durante la pandemia, silenciando información independiente y atacando a quienes criticaban las respuestas oficiales.
Las consecuencias predichas se materializan
Los datos ahora disponibles confirman las advertencias de estos científicos censurados. El estudio británico revela que los cierres escolares “dañaron el tejido mismo de la infancia”, exponiendo a niños a pornografía, abusos y sufrimiento “grave” sin la protección de las escuelas.
La investigación forma parte del Módulo 8 de la Investigación Pública COVID-19 del Reino Unido, centrada específicamente en el impacto sobre niños y jóvenes. Es la investigación más amplia jamás emprendida sobre menores, recopilando testimonios de 18.000 historias y 400 entrevistas dirigidas con niños de 9-22 años.
Las conclusiones del informe señalan el daño causado al “tejido mismo de la infancia”, poniendo también el foco sobre la falta de aplicación gubernamental, puesto que solamente se dió un día para poder organizar todo lo necesario. En Reino Unido, El Departamento de Educación no comenzó a planificar los cierres escolares hasta después del 26 de marzo de 2020. De hecho, el que fuera secretario de Educación en ese momento. Gavin Williamson, describió "un cambio desconcertante en 24 horas". Los gobiernos de Gales y Escocia han reconocido haber desarrollado una planificación insuficiente y una preparación limitada.
La situación generada por las medidas ha supuesto un daño grave para algunos niños, quedando atrapados en situaciones que requerían de intervención. De hecho, las actuaciones de los servicios sociales se vieron disminuidas de manera notable.
El confinamiento fue el contexto en el que los niños jugaron a videojuegos hasta 19 horas diarias, según la información publicada. El uso excesivo de las pantallas expuso a los menores al visionado de pornografía violenta, así como otros contenidos dañinos no aptos para menores. La desatención durante las clases online ha sido otro de los factores que se señalan, puesto que muchos de los estudiantes realmente no estaban prestando atención a lo que estaban explicándoles desde el aula virtual. El sistema realmente no funciona cuando hay que intervenir y hacer que los alumnos presten atención. El parón en el ritmo normal de estudio ha hecho que muchos jóvenes hayan desconectado de sus carreras de formación, abandonando el sistema educativo y no incorporándose al laboral.
La evidencia científica acumulada es demoledora:
- Los síntomas de depresión infantil aumentaron “sustancialmente” durante los confinamientos, con efectos de magnitud “medio a grande”
- Un 83% de menores con historial de problemas de salud mental vieron empeorar su condición
- Los niveles de ansiedad y depresión fueron sistemáticamente más altos durante la pandemia comparados con niveles prepandémicos
- En algunos estudios, hasta un 65% de adolescentes transgénero reportaron ideación suicida, comparado con 13% de la población general
El estudio destaca que las decisiones sobre qué servicios cerrar o mantener abiertos a menudo priorizaron a adultos o la economía sobre el bienestar infantil. En aquel momento, “los parques infantiles se cerraron en algunas áreas mientras los pubs permanecieron abiertos”. Anne Longfield, ex-comisionada de la infancia de Inglaterra, calificó como un “terrible error” abrir pubs mientras mantenían las escuelas cerradas.+
Impacto a largo plazo: la investigación concluye que los niños más desfavorecidos enfrentarán las repercusiones durante los próximos 10 a 20 años, y que las políticas educativas futuras deben ver las escuelas como infraestructura que apoya múltiples aspectos del bienestar adolescente, no solo como un sistema de enseñanza-aprendizajeUn estudio de Cambridge en 2020 ya documentó incrementos “sustanciales” en los índices de depresión infantil, concluyendo que “nuestros hallazgos enfatizan la necesidad de incorporar el impacto potencial del encierro en la salud mental de los niños”.
El paralelismo con la imposición ideológica de la ley trans
La misma dinámica de silenciamiento científico que caracterizó la respuesta COVID se replica actualmente en el debate sobre la transición de género en menores. En España, la ley trans permite que mayores de 16 años soliciten el cambio de sexo registral sin requisitos médicos, y menores de 14-15 años con consentimiento parental.
Esta normativa ignora sistemáticamente la evidencia científica emergente sobre los riesgos de los tratamientos de transición en menores. El Servicio Canario de Salud advierte que los bloqueadores hormonales “pueden tener efectos secundarios graves e irreversibles: osteoporosis, infertilidad, pérdida del deseo sexual, problemas cardiovasculares, diabetes y problemas neurológicos”.
Reino Unido ha prohibido los bloqueadores de pubertad para menores de 18 años basándose en evidencia que muestra “riesgos que superan los beneficios”. El informe Cass concluyó que existe “evidencia notablemente débil” para respaldar estos tratamientos. Países como Suecia, Dinamarca y Francia han implementado restricciones similares. A pesar de la evidencia científica, de las recomendaciones de algunos expertos, en España se persigue bajo la etiqueta de "tránsfobo" a todo aquel que se atreva a plantarle cara al relato oficial. Igual que durante la pandemia.
La medicalización experimental de la infancia
El paralelismo es inquietante: al igual que se impusieron restricciones draconianas a niños sanos durante COVID ignorando los daños colaterales, observamos cómo se promueve la medicalización de menores con disforia de género sin considerar adecuadamente los riesgos a largo plazo.
El profesor Tudela advierte que “si cuando se está desarrollando aceleradamente la reestructuración hormonal de nuestro cerebro, que es en la pubertad, interfiero bloqueando estas hormonas, las consecuencias para el cerebro son incalculables”. Los datos muestran que un 80% de adolescentes que consultan “sale con tratamiento hormonal prescrito tras la primera consulta”.
La Sociedad Española de Psicólogos Forenses alerta de que “va a haber muchas detransiciones” y que la ley “impide la protección de las personas y va a provocar indemnizaciones millonarias”. Sin embargo, los profesionales que expresen dudas científicas pueden ser multados hasta 150.000 euros.
La ciencia bajo asedio
Como denunció Bhattacharya: “La censura del debate y de la discusión científica esencialmente mata a la ciencia. La ciencia solo puede funcionar cuando los científicos se sienten libres para hablar de sus ideas”. Una comunidad científica autocensurada “por miedo al vilipendio, la difamación y las calumnias” deja de ser ciencia.
Los hechos han vindicado a quienes fueron tachados de “negacionistas” por defender la evidencia científica frente a la presión política. Sus advertencias sobre los daños a la infancia por los confinamientos se han materializado con precisión dramática. La pregunta pertinente es si la sociedad permitirá que se repita el mismo patrón de silenciamiento científico en otros ámbitos que afectan directamente el bienestar de los menores.
La defensa de la infancia requiere el coraje de defender la evidencia científica frente a las modas ideológicas, sin importar lo impopular que resulte en determinados círculos de poder. Los niños merecen que los adultos antepongan su bienestar a la corrección política y no hay que olvidar nunca que la prudencia es la base de cualquier decisión que pueda conllevar riesgos.