Pocas estrategias han sido tan persistentes y controvertidas como la conocida doctrina de “matar de hambre a la bestia”. Concebida en su forma moderna durante la administración de Ronald Reagan, esta lógica fiscal ha trascendido generaciones políticas hasta reaparecer, con nuevos matices, en el segundo mandato de Donald Trump. Hoy, sin embargo, el mecanismo no se limita a recortes fiscales: se entrelaza con la geopolítica de la guerra, ampliando sus implicaciones más allá de las fronteras estadounidenses.
El origen conceptual de esta estrategia fue explicitado sin ambages por David Stockman, quien admitió que las rebajas de impuestos no respondían únicamente a un objetivo de estímulo económico, sino a la creación deliberada de déficits. Estos déficits, a su vez, servían como argumento para justificar recortes en el gasto público, independientemente de la necesidad real de los programas afectados. La lógica era simple y eficaz: transformar un problema de ingresos en una crisis de gasto.
Aunque el propio Stockman, que fue director de Presupuesto de Reagan, reconoció el fracaso parcial de esta estrategia en los años ochenta, la idea sobrevivió como herramienta ideológica. Durante la presidencia de George W. Bush, los recortes fiscales de 2001 y 2003 reactivaron esta lógica bajo la premisa de imponer una “camisa de fuerza fiscal” al Estado.
El patrón se repitió tras la crisis financiera de 2008, cuando sectores conservadores atribuyeron la recesión al exceso de gasto público, reforzando la narrativa de que el Estado debía reducir su tamaño. En todos estos casos, la política fiscal operó como instrumento de reconfiguración estructural: limitar los ingresos para forzar decisiones políticas sobre el gasto.
Pero esta estrategia no ha sido neutral. Ha funcionado, en la práctica, como una forma de política de clases, donde los beneficios de las rebajas fiscales se concentran en las rentas más altas, mientras los costes se trasladan a programas sociales esenciales. La redistribución no desaparece; simplemente cambia de dirección.
Lo que distingue la etapa actual es la incorporación de la seguridad nacional como mecanismo de presión presupuestaria. La guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán introduce una variable nueva: el gasto militar como catalizador de crisis fiscales que legitimen recortes internos.
El conflicto, iniciado a gran escala a finales de febrero, ha generado un coste diario estimado de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. En este contexto, la solicitud de 200.000 millones adicionales por parte de la administración de Donald Trump no es solo una decisión estratégica militar, sino también una operación con implicaciones fiscales profundas.
La lógica se desplaza: ya no es necesario reducir impuestos para generar déficits; basta con incrementar el gasto en defensa a niveles extraordinarios. El resultado es el mismo: presión sobre las cuentas públicas que abre la puerta a recortes en áreas como sanidad, educación o asistencia social.
El discurso político que acompaña esta estrategia refuerza la dicotomía entre seguridad y bienestar. Trump lo expresó de forma explícita al afirmar que el gobierno federal debe centrarse en la “protección militar”, dejando otros programas en manos de los estados. Esta formulación no es casual: redefine las prioridades del Estado y legitima la reducción del gasto social como una necesidad estratégica.
Sin embargo, esta narrativa omite un elemento clave: programas como Medicare o Medicaid no son gastos imprevistos, sino compromisos estructurales del Estado. Presentarlos como cargas insostenibles en un contexto de expansión militar implica una reconfiguración deliberada del debate público.
El intento previo de la administración Trump de reducir el gasto mediante iniciativas como el programa de eficiencia gubernamental dirigido por Elon Musk no logró sus objetivos. El gasto público, lejos de disminuir, aumentó. En este sentido, la guerra aparece como un instrumento alternativo para alcanzar el mismo fin: generar las condiciones políticas y fiscales que permitan recortes que de otro modo serían impopulares.
Este giro tiene implicaciones geopolíticas evidentes. La política fiscal interna de Estados Unidos deja de ser un asunto doméstico para proyectarse hacia el exterior a través de la acción militar. La guerra no solo responde a intereses estratégicos internacionales, sino que se integra en una lógica de reorganización económica interna.
Las consecuencias de esta estrategia trascienden las fronteras estadounidenses. El aumento del gasto militar no solo afecta al contribuyente, sino que tiene efectos directos en las regiones donde se desarrollan los conflictos. En el caso de Irán, los bombardeos han provocado miles de muertes y el desplazamiento masivo de población civil.
Así, la política fiscal estadounidense adquiere una dimensión global: las decisiones presupuestarias en Washington tienen repercusiones humanas en otros continentes. La conexión entre déficit, recortes y guerra se convierte en un circuito que vincula el bienestar interno con la estabilidad internacional.
A pesar de la persistencia de esta estrategia, el contexto social ha cambiado. La opinión pública estadounidense muestra una creciente resistencia a las rebajas fiscales para los más ricos y un apoyo mayoritario al mantenimiento de programas sociales. Este cambio limita el margen de maniobra de los legisladores y obliga a buscar nuevas vías, como la seguridad nacional, para justificar ajustes.
Sin embargo, esta adaptación también implica riesgos. Si la guerra se convierte en herramienta fiscal, el incentivo para recurrir a conflictos como mecanismo de presión presupuestaria podría aumentar, generando una dinámica peligrosa tanto para la democracia como para la estabilidad global.
La evolución de la estrategia de “matar de hambre a la bestia” hacia su integración con la geopolítica militar marca un punto de inflexión. Lo que comenzó como una táctica fiscal se ha transformado en un modelo híbrido donde economía, política y guerra convergen.
El precedente es claro: la creación de crisis, ya sean fiscales o de seguridad, puede ser utilizada para reconfigurar el Estado. En este escenario, el vínculo entre política fiscal y acción militar redefine el papel de Estados Unidos en el mundo. Y plantea una advertencia de fondo: cuando el equilibrio entre seguridad y bienestar se rompe, las consecuencias no se limitan a un país, sino que se proyectan sobre el orden internacional en su conjunto.