Durante décadas, opositar fue sinónimo de seguridad, prestigio y estabilidad vital. En 2026, la ecuación ya no es tan evidente. Miles de plazas públicas quedan desiertas o se cubren con dificultad mientras el Estado afronta una jubilación masiva de funcionarios. La pregunta empieza a incomodar en los ministerios: ¿qué ocurre cuando la nueva generación ya no aspira a ser Estado?
España tiene un problema demográfico en su administración. Más del 50% de los empleados públicos en muchos cuerpos supera los 50 años. En la próxima década se jubilará una parte sustancial de quienes sostienen la arquitectura técnica del Estado: inspectores, interventores, técnicos de Hacienda, letrados, ingenieros, especialistas en regulación digital o energética. El dato no es nuevo. Lo nuevo es la dificultad para reemplazarlos.
Las últimas convocatorias reflejan un fenómeno silencioso: plazas que no se cubren, procesos selectivos que se alargan y opositores que abandonan tras aprobar, atraídos por condiciones más flexibles en el sector privado o en organismos internacionales.
La estabilidad ya no compensa
La oposición clásica ofrecía algo muy claro: estabilidad a cambio de sacrificio previo. Años de estudio, renuncia temporal de ingresos y recompensa final en forma de plaza fija, carrera administrativa y pensión asegurada. Pero la estabilidad ya no compensa igual.
Los salarios de entrada en muchos cuerpos no compiten con el sector tecnológico o consultor. La movilidad es limitada. La promoción interna es lenta. Y la cultura organizativa sigue siendo jerárquica, con escaso margen para la innovación individual. Para una generación acostumbrada a entornos dinámicos y trayectorias profesionales menos lineales, el modelo funcionarial tradicional resulta poco atractivo.
Un Estado que necesita talento
El problema no es corporativo; es institucional. La ejecución de fondos europeos, la regulación de inteligencia artificial, la supervisión financiera, la transición energética o la gestión de crisis sanitarias requieren perfiles altamente cualificados. Si el Estado no logra atraer y retener talento joven, su capacidad de intervención se debilita. No es un debate ideológico sobre “más o menos funcionarios”. Es un debate sobre calidad del Estado.
En paralelo, persiste una bolsa importante de interinidad. Jóvenes que encadenan contratos temporales en la administración sin horizonte claro de estabilización. La promesa de estabilidad, paradójicamente, no siempre se cumple en la práctica. Hay también un cambio cultural. La generación que hoy termina la universidad no percibe el empleo público como culminación natural. Prefiere proyectos internacionales, teletrabajo, entornos menos reglados. El prestigio social del funcionario ya no es el que fue en los años ochenta o noventa.
La seguridad ha perdido brillo
El Gobierno ha incrementado convocatorias y ofertas públicas de empleo en los últimos años, consciente del riesgo estructural. Pero la reforma pendiente no es solo cuantitativa. Es organizativa. Un Estado que aspira a regular mercados digitales globales o gestionar políticas complejas con herramientas del siglo XX corre el riesgo de quedarse atrás. No por falta de voluntad política, sino por falta de recursos humanos adaptados al nuevo contexto. La cuestión de fondo no es si la juventud ha perdido vocación de servicio público. Es si el servicio público ha sabido adaptarse a las expectativas de esa juventud.
El Estado español se enfrenta a una transición generacional que no admite eslóganes. Si no logra modernizar su modelo laboral y organizativo, la jubilación masiva de la próxima década no será solo un relevo demográfico.