Desde una perspectiva jurídica, la posición española es difícilmente atacable: respeta la jerarquía normativa internacional (Carta de la ONU por encima de acuerdos bilaterales), interpreta correctamente los límites de la OTAN y reafirma que la fuerza no puede ser el instrumento ordinario de la política exterior. En un momento en que grandes potencias optan por bordear la legalidad, España hace justamente lo que debe hacer un Estado que quiere seguir siendo creíble cuando pide a otros que respeten el Derecho internacional.
En este análisis presento las razones jurídicas que respaldan la postura que ha tomado (por el momento) el gobierno de España.
1. El marco jurídico básico: Carta de la ONU y OTAN
El punto de partida ineludible es la prohibición general del uso de la fuerza recogida en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas: ningún Estado puede recurrir a la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro, salvo en dos supuestos tasados: autorización del Consejo de Seguridad o legítima defensa conforme al artículo 51. Ese artículo 51 reconoce el derecho inherente de legítima defensa individual o colectiva “en caso de ataque armado” hasta que el Consejo de Seguridad adopte las medidas necesarias para mantener la paz.
La OTAN no crea un “tercer” supuesto para usar la fuerza: su artículo 5 remite expresamente al artículo 51 de la Carta, y limita la reacción a “tal acción como cada parte juzgue necesaria, incluyendo el uso de la fuerza armada”, para restablecer la seguridad del área norteatlántica. Es decir, incluso en el marco atlántico la legalidad del uso de la fuerza depende del encaje en la legítima defensa de la ONU o en una resolución del Consejo de Seguridad, no en decisiones unilaterales de un aliado.
2. Qué exige el Derecho internacional para “entrar en guerra”
Para que un Estado pueda participar lícitamente en un conflicto armado internacional, deben cumplirse condiciones muy estrictas.
- Autorización del Consejo de Seguridad: el capítulo VII de la Carta permite al Consejo autorizar el uso de la fuerza cuando constata una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, algo que no ha ocurrido respecto a los últimos ataques estadounidenses e israelíes contra Irán (ninguna resolución ha autorizado “Operation Epic Fury” ni operaciones asociadas).
- Legítima defensa frente a un ataque armado: debe existir un ataque armado previo, probado y atribuible, con una respuesta necesaria y proporcionada, notificada de inmediato al Consejo de Seguridad, y limitada al objetivo defensivo.
- Proporcionalidad y necesidad: no basta alegar riesgos futuros o amenazas genéricas; la práctica y la doctrina mayoritaria exigen un vínculo claro entre el ataque sufrido y la respuesta, restringida a lo estrictamente necesario para repelerlo.
En ausencia de estas condiciones, el uso de la fuerza se considera un acto de agresión contrario al artículo 2.4 de la Carta, con posibles responsabilidades internacionales y, en casos graves, penales a nivel de líderes.
3. OTAN y España: por qué el conflicto con Irán no activa el artículo 5
España, como miembro de la OTAN, está vinculada por el principio de defensa colectiva, pero con matices esenciales.
- El artículo 5 se activa sólo ante un “ataque armado” contra un Estado miembro en Europa o Norteamérica (o en determinadas extensiones acordadas), encuadrado en el derecho de legítima defensa del artículo 51 de la Carta de la ONU.
- Cada Estado decide qué medidas adopta: el propio texto del tratado señala que cada parte asistirá “tomando inmediatamente, individualmente y de acuerdo con las otras partes, tal acción como juzgue necesaria, incluyendo el uso de la fuerza armada”. No impone un automatismo bélico, sino un margen de apreciación política y jurídica.
En la escalada actual, ni Estados Unidos ni Israel han sufrido un ataque armado en su territorio que el Consejo de Seguridad haya calificado como agresión que exija una reacción colectiva, ni existe un acuerdo de la OTAN invocando formalmente el artículo 5. Los aliados europeos (incluida España) no han reconocido la ofensiva contra Irán como un supuesto que obligue a participar militarmente, y de hecho Francia, Alemania y Reino Unido han subrayado que “no participaron” en los ataques recientes, pese a su duro discurso frente a Teherán.
España, por tanto, no sólo no está obligada a sumarse a los ataques, sino que cualquier participación en una operación no autorizada por la ONU y difícilmente justificable como legítima defensa se situaría en el filo de la ilegalidad internacional.
4. La posición de España: bases, diplomacia y Carta de la ONU
El Gobierno español ha adoptado una posición que conjuga condena política a Irán con rechazo jurídico a la ofensiva de Washington y Tel Aviv.
- Negativa a ceder bases para ataques: España ha dejado claro que Estados Unidos “no está usando, ni va a usar” las bases conjuntas en territorio español para operaciones contra Irán, y ha denegado el uso de Morón para la operación aérea estadounidense, lo que ha obligado a Washington a retirar sus aviones cisterna.
- Fundamento jurídico de esa negativa: la ministra de Defensa ha recordado que el acuerdo de cooperación con Estados Unidos “debe operar en el marco del Derecho internacional” y que las operaciones actuales son acciones unilaterales sin respaldo de la ONU, la OTAN ni la Unión Europea; hasta que no exista una resolución, “el tratado no se aplica” a estos efectos.
En paralelo, el Gobierno ha condenado los ataques “absolutamente injustificados” de Irán contra países del Golfo y, en particular, contra Chipre, miembro de la UE, ha convocado al embajador iraní y ha recordado que estos actos ponen en riesgo a los 30.000 españoles en la región. Y, al mismo tiempo, el presidente Pedro Sánchez ha rechazado la “acción militar unilateral” de Estados Unidos e Israel sobre Irán, reclamando desescalada y vuelta a la negociación.
Desde la óptica jurídica, esta combinación de condena política a la conducta iraní y negativa a participar en ataques sin base clara en la Carta de la ONU se ajusta con precisión al deber de todo Estado de “arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos” y evitar el uso de la fuerza salvo en los supuestos tasados.
5. El problema jurídico de la ofensiva de Trump contra Irán
La decisión del presidente Donald Trump de lanzar nuevos ataques contra Irán reabre debates conocidos de la era de Irak: ¿existe una base jurídica sólida, o nos encontramos ante un uso de la fuerza políticamente motivado con cobertura legal endeble?
- Ausencia de autorización de la ONU: en la actual escalada, no hay resolución del Consejo de Seguridad que autorice el uso de la fuerza contra Irán; diversos análisis académicos recuerdan que, en este contexto, sólo serían lícitas la legítima defensa individual o colectiva en sentido estricto.
- Evidencias ambiguas sobre la “amenaza” iraní: medios estadounidenses señalan que no hay indicios de un avance significativo en la reconstrucción del programa nuclear iraní que justifique la urgencia de una operación como la planteada por Trump, lo que genera dudas sobre el motivo y el momento elegido.
La propia estrategia de seguridad nacional estadounidense presenta contradicciones: mientras Trump presume de haber “aniquilado” las capacidades de enriquecimiento iraní con la operación “Midnight Hammer”, los documentos oficiales sólo hablan de una degradación del programa, y admiten que la amenaza no ha desaparecido por completo. Esto alimenta la tesis de que el recurso a la fuerza responde más a cálculos de política interna y de presión sobre Teherán que a una legítima defensa ajustada al estándar de necesidad y proporcionalidad exigido por la Carta.
6. Críticas internas en EEUU: Pentágono, Congreso y opinión pública
El discurso belicista de Trump hacia Irán está recibiendo fuertes críticas en Estados Unidos, tanto por el fondo jurídico como por la gestión de la información.
- Dudas sobre la inteligencia: los propios informes de su gobierno, según han trascendido, no avalan la tesis de una amenaza inminente que haga imprescindible un ataque de gran envergadura; se habla de un régimen “vulnerable” por golpes previos y protestas internas, más que de un peligro militar incontrolable.
- Temor a una guerra abierta y a un cambio de régimen forzado: analistas y legisladores temen que la escalada busque, de facto, un cambio de régimen en Teherán, algo que excede claramente el marco de la legítima defensa y recuerda escenarios como Irak en 2003.
Esta combinación de pruebas ambiguas, narrativa maximalista y falta de autorización de la ONU está en el centro de las críticas de juristas, diplomáticos retirados y parte del Congreso, que alertan de que Trump está empujando a Estados Unidos a una guerra de legalidad discutible y coste imprevisible.
7. Francia, Alemania y Reino Unido: distancia militar, retórica tensa y críticas internas
Las principales potencias europeas se han situado en una posición incómoda, que también está generando contestación en sus sociedades.
- Condena a Irán, pero sin participar en los ataques: en una declaración conjunta, los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido han condenado “en los términos más enérgicos” los ataques iraníes en la región, han pedido a Teherán frenar los lanzamientos indiscriminados y han reclamado una “solución negociada”.
- A la vez, han aclarado que “no participaron” en los bombardeos recientes contra Irán, aunque mantienen una estrecha coordinación con Estados Unidos, Israel y otros socios, y reiteran su oposición al programa nuclear y al desarrollo de misiles balísticos iraníes.
- Este equilibrio (retórica dura pero no implicación bélica directa) está siendo cuestionado tanto por sectores que reclaman mayor firmeza al lado de Washington e Israel como por quienes denuncian que sus gobiernos legitiman una estrategia de fuerza de dudosa legalidad sin asumir abiertamente sus costes. En Francia, Alemania y Reino Unido, juristas y parte de la oposición subrayan que alinearse políticamente con operaciones sin aval de la ONU erosiona la credibilidad europea como defensora del multilateralismo y del Derecho internacional.
8. Por qué la decisión de España es jurídicamente sólida
A la luz de este contexto, la opción española no es una anomalía, sino una aplicación estricta del Derecho internacional y de sus propios compromisos.
- No hay mandato de la ONU ni obligación de la OTAN que fuerce a España a participar en ataques contra Irán, y el tratado bilateral con Estados Unidos está explícitamente subordinado al respeto del Derecho internacional, tal y como ha recordado el Gobierno.
- Al negarse a poner sus bases al servicio de una ofensiva sin clara base en la legítima defensa y sin resolución del Consejo de Seguridad, España se sitúa del lado de la Carta de la ONU y del principio de solución pacífica de controversias, sin por ello avalar la actuación de Irán, que también ha sido expresamente condenada.