El pasado miércoles, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez afirmó sin ningún tipo de rubor que "estamos en el mejor momento de la democracia", además de señalar que la OCDE ha vuelto a revisar al alza las previsiones macroeconómicas. Esto demuestra que hay una España que aparece en los titulares del Gobierno: récord de empleo, subidas del salario mínimo, crecimiento del PIB por encima de la media europea. Sin embargo, está la España real que aparece en la cesta de la compra, en el recibo del alquiler y en la cuenta bancaria a final de mes. Las dos coexisten. Pero solo una de ellas entra en los hogares de las familias de las clases medias y trabajadoras.
Desde julio de 2018, la inflación acumulada en España ha alcanzado el 21,3%, según el informe del Instituto Juan de Mariana. En el caso de los alimentos, la subida llega al 37,9%, la mayor escalada de precios en tres décadas. Ese dato, en apariencia técnico, tiene una traducción doméstica muy concreta: lo que una familia compraba con 100 euros en 2018 requiere hoy, en promedio, 121 euros. Y en la góndola del supermercado, casi 138.
El resultado de esa brecha entre precios e ingresos tiene nombre propio en la economía: pérdida de poder adquisitivo. Y su magnitud, en el caso español, es la de un empobrecimiento real y sostenido que afecta principalmente a las clases medias y trabajadoras, los grupos que paradójicamente protagonizan el discurso social del Ejecutivo.
La clase media: el empobrecimiento que nadie celebra
Quizás la cifra más reveladora de los últimos años no proviene del IPC sino de la comparación entre dos salarios: el mínimo interprofesional y el salario modal, es decir, el sueldo que más trabajadores cobran en España. En 2018, la brecha entre ambos superaba el 40%, una diferencia de más de 8.000 euros. En 2023, esa misma brecha se había reducido al 3%, apenas 400 euros.
El Gobierno presenta esa convergencia como un logro de justicia social. Sin embargo, el debilitamiento del poder adquisitivo de la clase media ha llevado su sueldo más representativo de casi 18.000 euros en términos constantes a apenas 13.800 euros en 2023. El SMI, en cambio, creció un 26% en términos reales durante el mismo período.
Lo que ha ocurrido no es que los trabajadores peor pagados hayan prosperado. Es que los de en medio han caído. España se ha convertido en un país donde cada vez más gente cobra cantidades cercanas al mínimo legal. No se logra una igualdad en la prosperidad, sino que se consolida el igualitarismo de la precariedad.
La perspectiva histórica añade aún más crudeza al diagnóstico. Un informe de la OCDE señala que los salarios reales en España llevan prácticamente treinta años estancados, con una ganancia neta total del 8,1% concentrada en los primeros tres años del período, a razón de 0,26 puntos por año de media. En ese mismo tiempo, Francia ganó un 36% de poder adquisitivo y Alemania un 34%. España solo supera, entre los países europeos occidentales, a la Italia que elegiría masivamente a Meloni.
1.410 euros menos en el bolsillo
Existen cifras concretas a lo que muchas familias sienten pero tienen dificultades para cuantificar. Solo en los últimos siete años, los españoles han perdido 1.410 euros de poder adquisitivo. La tasa de pobreza ha crecido del 7,7% al 8,3% entre 2019 y 2024.
Para un hogar con dos trabajadores que perciben el salario medio, la pérdida acumulada de poder adquisitivo entre 2018 y 2024 asciende a 1.230 euros. En el mismo período, la inflación acumulada desde 2020 hasta 2024 ha alcanzado aproximadamente el 19%, según datos del INE. Lo que costaba 100 euros en 2020 cuesta hoy 119 euros. Y eso se ha trasladado a todos los frentes: alimentación, energía, transporte y, sobre todo, vivienda.
Entre 2018 y 2024, la inflación ha reducido en 127.000 millones de euros el poder adquisitivo de los depósitos bancarios de los hogares españoles, una transferencia silenciosa de riqueza desde los ahorradores hacia otros sectores de la economía. Es la cara oculta que el sanchismo ni menciona: no solo se pierde en el consumo cotidiano, sino también en el valor acumulado de toda una vida de ahorro.
El supermercado: 400 euros menos para comer
Entre finales de 2022 y finales de 2024, el gasto mediano en alimentación se redujo desde 6.400 euros hasta 6.000 euros anuales. En apenas dos años, el presupuesto real de las familias españolas para llenar la nevera se encogió en 400 euros. No porque las familias hayan decidido comer menos o mejor. Sino porque los precios subieron más deprisa que los ingresos y el ajuste tuvo que producirse en algún lugar.
Mientras los sueldos han subido un 3% en promedio, los precios de los alimentos básicos han registrado aumentos de hasta el 10%, obligando a las familias a hacer recortes en otras áreas o incluso a recurrir al endeudamiento para llegar a fin de mes.
El dato del INE que sintetiza esta tensión de forma más descarnada es el siguiente: el 9,1% de la población llegó a fin de mes con mucha dificultad en 2024, y el 35,8% no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos. Un tercio de los españoles, el 33,4%, no pudo permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.
El estudio de la OCU lo resume con una cifra que no admite eufemismos: entre enero de 2021 y noviembre de 2023, las familias españolas perdieron un 10% de poder adquisitivo. Frente a una subida acumulada del IPC del 16,1%, el salario medio apenas se incrementó un 6,1%.
La vivienda devora las subidas salariales
Si la inflación general ha golpeado con dureza, la inflación del alquiler ha sido directamente devastadora para una parte creciente de la población. Y lo más relevante desde el punto de vista político es que el dato oficial del IPC no la recoge en su magnitud real.
Desde enero de 2019 hasta diciembre de 2025, los precios han aumentado un 31% para las personas inquilinas, mientras que el IPC oficial ha crecido un 25%. Los salarios de las personas inquilinas han caído un 6,9% en términos reales. Es decir, para quien vive de alquiler, la recuperación salarial que muestran los datos agregados es, en la práctica, inexistente.
Aunque la Encuesta de Presupuestos Familiares sitúa la ponderación de la vivienda en el IPC en el 24,7%, esta cifra es solo una media. Aproximadamente el 20% de los inquilinos destina hasta el 40% de lo que gana a la renta, otro 14% dedica entre el 40% y el 50%, y casi dos de cada diez dedica más de la mitad de sus ingresos al alquiler.
Una pareja joven que haya firmado un nuevo contrato de alquiler en Madrid acumula una inflación doméstica del 18,8% y en Barcelona del 29,2%, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo del 12,7% y del 23,1% respectivamente. Para los jóvenes que accedieron al mercado de alquiler en los años de la pandemia, la escalada de precios posterior ha supuesto un deterioro económico que no aparece en ningún indicador oficial pero sí en sus cuentas bancarias.
La pobreza se normaliza
El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social se situó en 2025 en el 25,7%, apenas una décima menos que el 25,8% de 2024. Es decir, uno de cada cuatro españoles vive en una situación que los indicadores europeos clasifican como de vulnerabilidad estructural. Esa cifra ha permanecido prácticamente inmóvil durante años, resistente a los discursos sobre el milagro económico español.
Las familias con las rentas más bajas, el 20% con 15.879 euros de media, han gastado en 2024 alrededor de 1.804 euros en alimentación, un porcentaje desproporcionado de sus ingresos totales. Para estos hogares, la inflación alimentaria no es un dato macroeconómico sino una crisis de subsistencia cotidiana.
El Gobierno puede argumentar, con razón, que la tasa AROPE ha bajado ligeramente en el último año, que el empleo ha crecido y que el PIB se ha comportado mejor que el de socios europeos como Alemania o Francia. Pero esos datos conviven con una realidad que los propios indicadores del INE reflejan sin ambigüedad: más de un tercio de los españoles no puede asumir gastos imprevistos, uno de cada diez llega al fin de mes con muchas dificultades, y la clase media ha perdido en términos reales más de 4.000 euros de capacidad adquisitiva en apenas cinco años.
España en el furgón de cola europeo
El diagnóstico de la OCDE es especialmente significativo porque trasciende el debate doméstico entre Gobierno y oposición para situar el problema en sus coordenadas históricas reales. España es el cuarto país de la OCDE donde menos han subido los salarios reales en las últimas tres décadas, por detrás únicamente de México, Japón e Italia.
Esa posición no es resultado de una política concreta ni de una legislatura determinada. Es el producto acumulado de décadas de baja productividad, mercado laboral dual, escasa inversión en formación y un modelo de crecimiento basado en sectores de bajo valor añadido como el turismo y la construcción. La inflación de los años 2021-2024 actuó sobre esa debilidad estructural como un acelerador, revelando en pocos meses lo que el estancamiento había construido en décadas.
Lo que la crisis del coste de vida ha hecho, en definitiva, es volver visible una pobreza que ya existía pero que los tipos de interés bajos, el crédito fácil y la bonanza turística mantenían relativamente invisible. Cuando los precios subieron, las familias que parecían de clase media revelaron que su margen de maniobra económico era mucho más estrecho de lo que suponían.
El relato y la realidad
Hay una tensión específicamente política en este diagnóstico que merece ser nombrada. El Gobierno de Pedro Sánchez ha basado una parte sustancial de su narrativa económica en las subidas del SMI, la creación de empleo y la resistencia del crecimiento español frente a la recesión alemana. Ninguno de esos datos es falso. Pero todos ellos coexisten con los que se han presentado en este reportaje, que tampoco lo son.
La distancia entre ambos cuadros no se resuelve con más estadísticas sino reconociendo que se ha impuesto un modelo económico produce crecimiento del PIB y empleo al mismo tiempo que empobrece a la clase media, deja a uno de cada cuatro ciudadanos al borde de la exclusión y convierte el alquiler de una vivienda en un gasto que absorbe más de la mitad del salario de muchos trabajadores jóvenes. Este es un escenario que no está en el dato oficial sino en las decisiones que lo producen. Y esas decisiones, en democracia, tienen nombre y apellidos.