España no está protagonizando una ruptura espectacular con la Unión Europea. No hay referendos, ni discursos de desafío soberanista, ni amenazas explícitas de salida. Lo que está ocurriendo es algo más sutil, y potencialmente más dañino: una erosión constante y sistemática de la relación jurídica y política con Bruselas, basada en el incumplimiento reiterado de las reglas que el propio Estado aceptó cumplir.
Los datos son elocuentes. España inició 2025 con más de ochenta directivas europeas pendientes de transposición y acumula alrededor de noventa expedientes de infracción abiertos por la Comisión Europea. Ningún otro país de la UE presenta un volumen tan elevado de incumplimientos. No es una anomalía coyuntural ni el resultado de una crisis puntual. Es un patrón estructural.
Estado problemático
Durante décadas, España fue vista como un alumno aplicado de la integración europea. Sin embargo, desde 2018 se desliza hacia una categoría incómoda: la de Estado miembro bajo vigilancia constante. Cada carta de emplazamiento enviada por la Comisión y cada dictamen motivado acumulado no son simples trámites administrativos, sino señales de un deterioro de confianza.
En la práctica, este volumen de infracciones convierte a la Comisión Europea en un supervisor de facto del legislador español. Bruselas no legisla por España, pero cada incumplimiento reduce el margen de maniobra nacional. Cuando el retraso se cronifica, la discrecionalidad desaparece y el control externo se intensifica. La soberanía no se pierde de golpe: se desgasta por desuso responsable.
Ruptura que paga la ciudadanía
El impacto de esta deriva no se queda en los despachos ministeriales ni en los boletines oficiales. Lo pagan directamente la ciudadanía, las clases medias y los trabajadores. Las directivas que no se transpone España no son abstracciones técnicas: regulan derechos laborales, protección social, consumo, energía, vivienda, medio ambiente y servicios públicos.
Cada incumplimiento implica derechos que no se activan, protecciones que no llegan y abusos que quedan sin sanción. El ejemplo de la temporalidad en el empleo público es ilustrativo, pero no único. La consecuencia es una economía más precaria, una administración más opaca y una clase media más vulnerable, atrapada entre un Estado que no cumple y una Europa que empieza a desconfiar.
Fondos, sanciones y credibilidad en riesgo
El deterioro de la relación con la UE no es solo jurídico, sino también económico. España depende en gran medida de los fondos europeos, tanto estructurales como extraordinarios. Aunque la UE evita castigos colectivos, la experiencia demuestra que los países con incumplimientos persistentes enfrentan mayor condicionalidad, más controles y más retrasos.
Además, las sanciones por infracción del Derecho europeo no son simbólicas. Multas coercitivas y pagos a tanto alzado terminan saliendo del mismo lugar: los presupuestos públicos, es decir, los impuestos de la ciudadanía. Cada euro destinado a pagar una sanción es un euro menos para sanidad, educación o políticas sociales.
Más grave aún es la pérdida de credibilidad. Un país percibido como incumplidor crónico tiene menos capacidad para influir en las grandes decisiones europeas: desde la reforma fiscal hasta la política industrial o la transición energética. Y cuando se pierde influencia, quienes pagan el precio son las empresas medianas, los trabajadores y los consumidores, no las élites políticas.
Europa, red de seguridad hasta que deja de serlo
Para las clases medias españolas, la UE ha funcionado durante años como una red de seguridad silenciosa: garantía de derechos mínimos, de estabilidad normativa y de previsibilidad económica. Cuando el Estado incumple, esa red se debilita. Bruselas puede intervenir, pero lo hace tarde, de forma técnica y con instrumentos pensados para corregir Estados, no para proteger directamente a individuos.
Si España continúa acumulando infracciones, el riesgo no es una expulsión ni un castigo ejemplar, sino algo más corrosivo: convertirse en un país donde los derechos europeos existen en teoría, pero no en la práctica. Un país formalmente integrado, pero materialmente desconectado de los estándares comunes.
Fractura que no vota nadie
Esta deriva no ha sido votada ni debatida abiertamente. No figura en los programas electorales ni en los discursos oficiales. Es el resultado de una inacción prolongada, compartida por distintos gobiernos y mayorías parlamentarias, que han tratado el Derecho europeo como un elemento opcional mientras no genere un coste político inmediato.
Pero el coste llega siempre, aunque lo haga con retraso. Y cuando llega, lo hace de forma regresiva: golpea más a quienes dependen de servicios públicos, de estabilidad laboral y de reglas claras. Es decir, a las clases medias y trabajadoras.
Punto de no retorno
España aún no ha roto con la Unión Europea. Pero está tensionando peligrosamente el vínculo que la protege. Cada directiva no transpuesta y cada expediente abierto empujan al país un poco más hacia una relación asimétrica, donde Bruselas manda más porque Madrid cumple menos.
La pregunta ya no es si habrá consecuencias, sino quién las pagará. Y la experiencia europea es clara: nunca las pagan quienes incumplen desde el poder, sino quienes viven de su trabajo y confían, cada vez con menos razones, en que el Estado cumpla la ley.
Europa no castiga de inmediato. Pero tampoco olvida. Y cuando el ajuste llega, suele hacerlo cuando ya es demasiado tarde para proteger a quienes menos margen tienen.