Cada verano vuelve a ocurrir lo mismo. Arde un monte, se despliegan cientos de efectivos, llegan los hidroaviones, comparecen los responsables políticos y el país demuestra que sabe responder cuando la emergencia ya está encima de la mesa. España suele reaccionar bien a las crisis. Lo que continúa costándole mucho más es impedir que lleguen.
España ha desarrollado una notable capacidad para administrar la excepción. Cuando aparece una crisis, el Estado activa recursos, las administraciones coordinan dispositivos, los servicios públicos absorben tensiones extraordinarias y la sociedad despliega una solidaridad que rara vez aparece en el retrato crispado que ofrece la política cotidiana. El país reacciona, contiene el daño y reconstruye. Lo ha hecho ante una pandemia, una erupción volcánica, inundaciones, crisis energéticas y temporadas de incendios cada vez más devastadoras.
El problema comienza cuando la emergencia deja de ocupar las portadas. España responde mejor al fuego que a las condiciones que lo convierten en incontrolable, atiende mejor el colapso sanitario que el envejecimiento que lo anuncia y moviliza más energías ante una catástrofe que frente al deterioro lento de la vivienda, la productividad o la cohesión territorial.
La política española ha perfeccionado la gestión de la urgencia, pero sigue teniendo dificultades para gobernar el tiempo largo.
Los incendios de este verano ofrecen una imagen precisa de esa contradicción. España cuenta con profesionales preparados, unidades de emergencia reconocidas y una capacidad operativa que permite desplegar medios estatales, autonómicos y europeos en muy poco tiempo.
Sin embargo, el cambio climático está elevando la intensidad de los grandes fuegos y reduciendo la eficacia de una estrategia demasiado concentrada en la extinción. La ciencia forestal lleva años reclamando prevención, gestión del territorio, paisajes en mosaico y políticas rurales permanentes, medidas cuyos resultados no pueden exhibirse en una legislatura ni inaugurarse con una fotografía.
La misma lógica aparece en la economía. España mantiene un crecimiento superior al de las principales economías europeas, ha alcanzado niveles históricos de empleo y presenta una fortaleza que organismos internacionales vinculan también al despliegue de las energías renovables y a la inversión movilizada mediante los fondos europeos. La OCDE proyecta un crecimiento del 2,2 % en 2026 y el FMI prevé que el país avance más del doble que la eurozona.
Ese dinamismo no elimina las debilidades estructurales. La productividad sigue avanzando con dificultad, la inversión en investigación permanece por debajo de los países europeos más innovadores y una parte considerable de la población no percibe en su vida cotidiana toda la prosperidad que reflejan los grandes indicadores. El crecimiento permite ganar tiempo y recursos, pero no sustituye las reformas capaces de transformar la estructura económica.
Durante los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado una agenda de modernización que incluye la reforma laboral, el despliegue de las energías renovables, la digitalización, la formación profesional o una política industrial más activa. También presentó la estrategia España 2050, uno de los escasos intentos recientes de introducir el largo plazo en la conversación política. El alcance de esas iniciativas seguirá siendo objeto de debate. El verdadero problema aparece cuando cualquier propuesta que exige continuidad acaba convertida en un episodio más de la confrontación partidista y queda expuesta a cambiar con cada alternancia política.
Las grandes transformaciones necesitan continuidad, instituciones sólidas y acuerdos que sobrevivan a quienes los firman. Necesitan asumir costes presentes para evitar daños futuros y repartir recursos hacia problemas que todavía no han adquirido forma de emergencia. Esa lógica choca con una conversación pública dominada por la última declaración, la siguiente encuesta o el procedimiento judicial del día.
España no carece de talento, experiencia administrativa ni recursos. Tampoco puede decirse que permanezca inmóvil. Su dificultad consiste en sostener durante veinte años aquello que sabe poner en marcha durante veinte días.
Quizá ahí resida una de las grandes diferencias entre gestionar y gobernar. Gestionar consiste en responder cuando el problema ya existe. Gobernar exige empezar a resolverlo cuando todavía nadie habla de él.
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