España ha perfeccionado una forma muy suya de gobierno: convertir el país en un inmenso corral burocrático donde cada gallo territorial necesita cacarear su norma, su decreto, su orden, su régimen sancionatorio, y, si le dejan, su pequeño evangelio administrativo de proximidad para presumir delante de sus gallinas.
Luego, uno abre el boletín, o peor, los boletines, y entiende que aquí no se gobierna: aquí se imprime. Según el informe La Producción normativa en 2024 de la CEOE, entre el BOE y los diarios oficiales autonómicos se publicaron 1.298.086 páginas en un solo año. Sí, 1,29 millones. Para mantenerse al día, haría falta leer 3.557 páginas diarias.
La cifra no se queda en el decorado. En 2024 se aprobaron 719 normas estatales y 175 autonómicas, 894 en total. Es decir, casi dos novedades normativas por día. Lo más pintoresco es que las comunidades autónomas, aun aprobando menos normas que el Estado, aportaron 1.038.641 páginas de boletines. El dato tiene algo de arte conceptual: menos piezas, pero más papel. Menos ley, más selva. Menos claridad, más maleza.
Esto se ha exacerbado, además, desde la irrupción de VOX y del PP en los gobiernos autonómicos. Todo sea para desactivar lo que dicen desde la Moncloa, aunque sea razonable.
Y, sin embargo, mientras en el corral ibérico cada administración se afana en demostrar que existe a base de boletín, la música muchas veces no la compone aquí. La Oficina del Parlamento Europeo en España señaló que el 46% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en 2024 tenían origen directo europeo. En 2025, el porcentaje volvió a ser casi idéntico: 45%. Si se amplía el foco, entre 2019 y 2024 el 53,6% de las leyes aprobadas en España siguió directrices, reglamentos o decisiones de la Unión. O sea: el cacareo es local, pero buena parte de la partitura llega de fuera.
Si bien es una generalización eso de que el “85% de nuestras normas viene de Europa” sea una verdad demostrada, lo cierto es que Bruselas no dicta todo, pero sí condiciona casi todo. Y además lo hace justo en áreas que luego aquí se venden como grandes trofeos del autogobierno: mercado interior, empleo, agricultura, medio ambiente, transporte, energía, consumo, justicia o salud pública en determinados aspectos. La Comisión Europea lo deja claro: en esos ámbitos la competencia es exclusiva de la UE o compartida; y cuando la Unión legisla, el margen doméstico se estrecha. Frente a esa exclusividad, ¿Dónde quedan los estatutos de autonomía?
Uno de los ejemplos más socorridos es la normativa de protección a los consumidores. Hay un corpus jurídico extenso de Directivas y reglamentos que regulan casi al detalle los derechos y prerogativas de los consumidores europeos. ¿Es preciso que tengamos además una ley estatal, diecisiete autonómicas y más de un centenar de locales?. ¿Y todas arrogándose poder sancionatorio?. Eso solo lleva a que las autoridades de consumo andaluzas sancionen a webs catalanas y las autoridades catalanas sancionen a las webs andaluzas, cuando unas y otras webs cumplen con los requisitos nacionales y europeos. Y eso lo digo por experiencia propia.
Ahí aparece la gran ironía del modelo. Los estatutos de autonomía siguen presentándose como cartas magnas de un poder territorial exuberante, pero buena parte de las materias sobre las que se levanta ese poder viven ya encajonadas entre reglamentos europeos, directivas por transponer y marcos comunes que dejan poco espacio para la fantasía soberana. No se puede decir con rigor que las autonomías sean “inoperativas” en bloque, pero sí que muchas veces actúan como administraciones con ínfulas legislativas dentro de un perímetro cada vez más vallado, produciendo normas de dudoso encaje europeo. Corralitos con cartel propio y alambrada ajena.
El resultado es una patología muy española: duplicamos capas, multiplicamos boletines y simulamos una potencia normativa que en gran medida consiste en desarrollar, adaptar, reinterpretar o adornar decisiones que ya vienen orientadas desde Bruselas. Lo importante es que el gallo marque territorio, no que tenga a las gallinas contentas y ordenadas.
En 2024, además, el propio Parlamento Europeo contabilizó 84 reglamentos de aplicación directa en España y 87 directivas, todos, aún pendientes de transposición a cierre de ese año. Es decir, mientras aquí los gallos autonómicos siguen cantando con entusiasmo competencial, el gallinero real funciona con una mezcla de órdenes estatales, oídos sordos a transposiciones europeas y producción territorial en bucle.
Y así seguimos: obsesionados con legislar todo lo que pasa por delante, como si cada problema exigiera otra norma, otro registro, otra autoridad, otro procedimiento, otro régimen sancionatorio y otra publicación oficial de varias decenas de páginas. Mucho canto en el palo mayor, mucha ceremonia en el corral, mucho pecho normativo. Pero la atención a las gallinas, que es lo que vale, suele quedarse para otro día. Y si no que se vea las colas de espera para cualquier operación, en cualquier sitio o el fracaso en la educación de nuestros jóvenes.