Hace 47 años, los españoles acudieron al referéndum de ratificación de la Constitución Española. Oficialmente, un 91,8% votó a favor, pero la participación fue prácticamente similar a la de las elecciones generales de julio de 2023, revelando que la narrativa de un país movilizado era una ilusión. Desde sus inicios, la Carta Magna se construyó desde arriba, sin contar con la ciudadanía, funcionando como un “trágala” para imponer la Monarquía y consolidar un modelo de Estado que los españoles no pudieron elegir libremente.
Hoy, más de cuatro décadas y media después, la Constitución Española obsoleta se ha convertido en un instrumento al servicio de las élites políticas y económicas, diseñado para dificultar cualquier reforma real y garantizar la impunidad de los poderosos. Las necesidades de la ciudadanía, desde entonces, han sido ignoradas sistemáticamente.
Vulneración de derechos en España
El artículo 47 de la Constitución garantiza el derecho a una vivienda digna, pero España es hoy uno de los países de la Unión Europea con menor parque de vivienda pública. La especulación inmobiliaria, los desahucios y la precariedad, combinados con salarios cada vez más precarios, han convertido el acceso a la vivienda en un lujo inaccesible para las clases medias y trabajadoras. Familias enteras destinan hasta un 80% de sus ingresos a cubrir gastos de vivienda, mientras el Estado permite que los mercados financieros y la banca especulen impunemente.
El artículo 35, que establece el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente, también es sistemáticamente violado. La precariedad laboral y la temporalidad estructural generan un mercado laboral diseñado para favorecer a la clase empresarial, mientras falta quien lidere una respuesta social contundente que haga temblar los cimientos del poder político, como sucedió durante los últimos años del franquismo, la Transición y la primera mitad de la década de los 80. Miles de trabajadores con empleo no reciben un salario suficiente para cubrir necesidades básicas, ampliando la brecha social y engrosando las colas del hambre.
Salud pública en riesgo
El artículo 43, que reconoce el derecho a la salud, evidencia una salud pública en riesgo. La Comunidad de Madrid se ha convertido en un paradigma del incumplimiento, con falta de médicos, enfermeras y camas de hospital. La atención primaria se desmorona, mientras las listas de espera superan meses. Las políticas de colaboración público-privada no hacen más que privatizar beneficios a costa de la vida de los ciudadanos, dejando en evidencia la incapacidad del Estado para garantizar los derechos sanitarios.
Justicia controlada por los poderosos
La tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 24, es una ficción en España. La vulneración de derechos en España se extiende a los tribunales, donde las élites económicas y financieras manipulan la ley a su favor. La ciudadanía carece de protección real; los grandes despachos de abogados y los intereses corporativos determinan quién obtiene justicia y quién queda indefenso. Incluso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Abogacía del Estado defiende a las élites, perpetuando la impunidad.
La Constitución Española obsoleta
En 47 años, la Constitución Española ha sido vulnerada sistemáticamente. Los derechos a la vivienda, al trabajo, a la salud y a la justicia efectiva son ignorados, mientras los políticos priorizan los intereses de los poderosos. La Carta Magna, lejos de proteger a los ciudadanos, ha servido para blindar privilegios de unos pocos, consolidando desigualdades y perpetuando la precariedad.
El desafío actual es claro: España necesita una reforma profunda de la Constitución, que devuelva derechos fundamentales a la ciudadanía, garantice la protección frente a las élites y ponga fin a la impunidad de los poderosos. De lo contrario, la vulneración de derechos en España continuará siendo la norma, y la Carta Magna seguirá siendo un documento al servicio de quienes la ignoran.