Los diferentes gobiernos de Pedro Sánchez se definen por las buenas intenciones y por el escaso impacto positivo de las medidas sociales que aprueba. Ya que estamos en la "campaña del amor", se podría decir que el saldo de la gestión de Sánchez es un coitus interruptus o un gatillazo en toda regla. Hay una contradicción que amenaza con convertirse en uno de los mayores problemas del relato económico y social de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha construido buena parte de su discurso político alrededor de una idea: España dispone de un escudo social capaz de proteger a los trabajadores, mejorar las condiciones de vida de las familias y combatir las desigualdades. Las subidas del salario mínimo interprofesional y la implantación del ingreso mínimo vital se han presentado como las grandes pruebas de ese compromiso. Sin embargo, cuando se confrontan los anuncios gubernamentales con los datos oficiales y los indicadores de pobreza, el resultado obliga a formular una preguntase si está funcionando realmente el escudo social de Sánchez.
Las cifras dibujan una realidad bastante menos triunfalista que la propaganda institucional. Desde 2018, el salario mínimo ha experimentado una subida extraordinaria, ha pasado de unos 735 euros mensuales a aproximarse a los 1.300 euros en 14 pagas. En bruto, es un 75% de subida, pero descontando la inflación, el incremento entre 2018 y 2024 alcanza aproximadamente el 28%.
Sobre el papel, semejante avance debería haber supuesto una mejora sustancial para los hogares con menos recursos, pero hay un dato que desmonta parte de ese optimismo. El salario mediano apenas creció un 2% en términos reales durante el mismo periodo. Es decir, mientras Sánchez exhibe el incremento del salario mínimo como una conquista histórica, la remuneración que representa el centro de la distribución salarial permanece prácticamente estancada. La distancia entre ambas evoluciones revela un gravísimo problema estructural que no puede solucionarse únicamente mediante decretos de subida del SMI.
La pobreza apenas restrocede
El indicador que más incomoda a Sánchez es la evolución de la pobreza. Entre 2018 y 2024, la tasa apenas habría descendido desde el 20,7% hasta algo más del 19%, una reducción muy modesta si se compara con la magnitud de las subidas del salario mínimo y con los recursos políticos y presupuestarios que el Ejecutivo ha destinado a combatir la vulnerabilidad económica.
Los datos de la Unión Europea tampoco ofrecen motivos para la autocomplacencia y el autobombo. Según Eurostat, un 25,7% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 20,9% de media de la Unión Europea. España ocupa el quinto puesto entre los países comunitarios con mayor proporción de población afectada, por detrás de Bulgaria, Grecia, Rumanía y Lituania. Es decir, que “grandes potencias económicas” como Letonia, Estonia, Eslovaquia, República Checa, Chipre o Malta tienen mejores cifras que el autoproclamado “motor económico” de la UE.
La situación es todavía más alarmante cuando se observa la pobreza infantil. El 34,5% de los menores españoles estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 24,2% de media europea. España ocupa el segundo puesto de la clasificación comunitaria, únicamente por detrás de Bulgaria. Es una cifra oficial especialmente difícil de conciliar con un discurso de Sánchez que ha situado la protección de las familias y de los menores entre sus prioridades.
El problema, por tanto, no consiste en negar que los salarios mínimos hayan aumentado o que algunas familias hayan mejorado sus ingresos, sino en comprobar que esas medidas no han conseguido transformar suficientemente las condiciones de vida de una parte importante de la población. Aquí aparece una cuestión fundamental que el gobierno de Sánchez no puede esquivar: subir el salario mínimo no equivale automáticamente a sacar a un hogar de la pobreza.
La pobreza no depende exclusivamente del salario individual. Eurostat utiliza un indicador que contempla los ingresos disponibles del hogar, ajustados a su composición y fija el umbral de riesgo de pobreza en el 60% de la mediana nacional. Además, el indicador AROPE incorpora la privación material y social severa y la baja intensidad laboral del hogar. Por eso, una subida salarial puede mejorar la situación de una minoría de trabajadores sin alterar necesariamente la posición estadística de todos los hogares vulnerables.
La diferencia es decisiva. Una familia en la que varios adultos trabajan a jornada completa tiene muchas más posibilidades de superar el umbral de pobreza que otra en la que apenas existen horas de empleo remunerado. El salario mínimo puede elevar el precio de cada hora trabajada, pero no garantiza que haya más horas disponibles ni que todos los miembros del hogar encuentren trabajo.
El IMV tampoco cumple sus promesas
La segunda gran bandera del escudo social de Pedro Sánchez es el ingreso mínimo vital. Su creación representó una novedad importante en el sistema de protección español. Permitió establecer una renta destinada a los hogares con menos recursos. Sin embargo, su eficacia depende de dos condiciones elementales: que llegue a quienes realmente lo necesitan y que contribuya a mejorar sus oportunidades de salir de la vulnerabilidad.
Ahí aparecen las principales debilidades. Según el análisis de AIReF, el IMV no alcanza a poco más de la mitad de las personas que tienen derecho a recibirlo. Es decir, existe una brecha considerable entre los potenciales beneficiarios y quienes efectivamente perciben la prestación.
La consecuencia es demoledora para el relato de Sánchez. Un instrumento diseñado para combatir la pobreza pierde buena parte de su eficacia si quienes más lo necesitan ni siquiera consiguen acceder a él. La burocracia, el desconocimiento de las ayudas, las dificultades para acreditar los requisitos y los problemas de tramitación pueden convertirse en barreras que dejan fuera precisamente a las familias más vulnerables. La protección social no puede medirse únicamente por el dinero presupuestado o por las prestaciones aprobadas sino que debe medirse por su capacidad para llegar a sus destinatarios.
El otro debate afecta a los incentivos laborales. AIReF señala una reducción de la probabilidad de trabajar entre determinados perceptores del IMV. Esto no significa que todos los beneficiarios dejen de buscar empleo, sino que el diseño de las prestaciones debe evitar que aceptar un trabajo o aumentar las horas trabajadas termine suponiendo una pérdida desproporcionada de protección. Un sistema asistencial que no llega a todos y que no facilita suficientemente la incorporación al empleo tiene un problema de diseño que no se resuelve simplemente aumentando las transferencias.
Más dinero no significa necesariamente menos pobreza
La política social de Sánchez también debe examinarse desde la perspectiva de sus resultados. El PSOE ha convertido las subidas del salario mínimo y las prestaciones públicas en dos de sus principales instrumentos contra la desigualdad, pero ha prestado menos atención de la necesaria a una cuestión determinante: cómo conseguir que los ciudadanos vulnerables accedan a empleos estables, mejor remunerados y con suficientes horas de trabajo.
Las subidas del salario mínimo no han provocado la catástrofe laboral que anunciaban tanto la patronal como el PP y Vox, pero tampoco han estado completamente exentas de efectos secundarios. Los estudios del Banco de España y de la Fundación ISEAK estiman reducciones moderadas de la probabilidad de trabajar entre algunos colectivos afectados por los mayores incrementos, además de posibles reducciones de horas trabajadas, especialmente entre los jóvenes. Son efectos acotados, pero relevantes cuando se trata de hogares que necesitan acumular ingresos laborales suficientes para abandonar la pobreza.
La alternativa pasa por reforzar las políticas activas de empleo, mejorar la formación profesional dual y concentrar más recursos en los parados de larga duración. Los distintos gobiernos de Sánchez apenas han dirigido dos de cada diez euros destinados a políticas activas a formación, una proporción que invita a cuestionar las prioridades de un sistema que debería facilitar la incorporación al mercado laboral de quienes más dificultades encuentran para conseguir un empleo.
También sería necesario reformar el ingreso mínimo vital para garantizar que llegue automáticamente a quienes cumplen los requisitos y evitar que la protección económica se convierta en un obstáculo para mejorar laboralmente. La pobreza infantil exige, además, respuestas específicas. Las propuestas de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por hijo supondrían un desembolso aproximado de 18.000 millones de euros anuales. Existen alternativas más acotadas como, por ejemplo, complementar el ingreso mínimo vital para hogares con menores o extender las deducciones fiscales por hijos a familias que actualmente no pueden beneficiarse de ellas.
El debate no debería reducirse a gastar más sino en gastar mejor y conseguir que cada euro público tenga un impacto efectivo sobre las condiciones de vida de las familias.
El fracaso del relato del escudo social
El problema político para Pedro Sánchez es que el escudo social se ha convertido en una de las principales credenciales de su gobernanza. Tanto las subidas del SMI como el IMV son medidas justas, pero su implementación no ha tenido los resultados esperados, incluso, en algunos casos, ha sido contraproducente.
La pobreza responde a factores estructurales, a la precariedad laboral, a la composición de los hogares, al coste de la vivienda y a problemas que se arrastran desde la crisis de 2008. Precisamente por eso resulta insuficiente presentar las subidas del salario mínimo y la creación del ingreso mínimo vital como pruebas concluyentes de éxito. El balance de una política social se mide por las personas que consiguen salir de la pobreza, no por el número de veces que un gobierno anuncia una subida de las prestaciones.
Las cifras oficiales dejan una conclusión difícil de ocultar. España continúa muy por encima de la media europea en riesgo de pobreza y exclusión social, con la pobreza infantil se sitúa entre las más elevadas de la Unión.
Sánchez puede reivindicar que ha elevado el salario mínimo y que ha construido nuevos mecanismos de protección, pero no puede confundir esos avances con la resolución del problema. Si después de años de escudo social millones de ciudadanos siguen viviendo bajo el umbral de pobreza, hay motivos para haber analizado la eficacia de las medidas. La protección económica es imprescindible, pero no puede sustituir a una política laboral capaz de generar oportunidades reales, cosa que no se está haciendo, tal y como demuestran los datos del SEPE y del INE. Un país no combate definitivamente la pobreza repartiendo prestaciones, sino consiguiendo que sus ciudadanos puedan vivir dignamente de su trabajo. Ese es, precisamente, el gran fracaso de Pedro Sánchez que Europa le sigue poniendo delante de las narices.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.