Construir consensos se ha vuelto una tarea cada vez más difícil. No porque hayan desaparecido los problemas comunes —siguen ahí, bien identificados—, sino porque el espacio para abordarlos sin que el debate se fracture se ha estrechado. En España, como en otros países europeos, el desacuerdo ya no se centra solo en las soluciones, sino en la legitimidad del otro para plantearlas. Ese desplazamiento condiciona de forma creciente la política y el debate público.
Hablar de consenso no significa aspirar a la unanimidad. Siempre ha sido un ejercicio imperfecto, basado en equilibrios inestables y acuerdos revisables. Pero requería un suelo compartido: instituciones capaces de arbitrar, tiempos para la deliberación y una conversación pública dispuesta a admitir matices. Hoy, ese suelo aparece erosionado por una polarización que reduce posiciones complejas a marcos binarios y convierte cualquier negociación en motivo de sospecha.
Uno de los factores que explican esta dificultad es la aceleración del conflicto político. La agenda pública avanza a un ritmo que deja poco margen para la reflexión. Cada iniciativa se interpreta de inmediato en clave de ganadores y perdedores, lo que desincentiva los pactos transversales y penaliza cualquier cesión. En ese contexto, el consenso se percibe más como una debilidad que como una herramienta democrática.
A ello se suma la fragmentación del espacio mediático. La multiplicación de canales y la segmentación de audiencias han reforzado burbujas de afinidad donde los argumentos apenas se contrastan. El debate se desplaza del contenido a la identidad: importa más quién habla que lo que se dice. Esta lógica dificulta la construcción de relatos compartidos y vuelve frágiles los acuerdos, expuestos a una erosión constante.
También influyen factores de fondo. Las transformaciones económicas y sociales de las últimas décadas —precariedad, desigualdad territorial, incertidumbre vital— han debilitado los vínculos de confianza. Cuando amplios sectores sienten que el sistema no ofrece certezas, el consenso se interpreta como un pacto entre élites, no como un mecanismo de protección colectiva. Esa percepción, ajustada o no, pesa en el clima político.
El problema no es solo alcanzar acuerdos, sino sostenerlos en el tiempo. Las políticas públicas necesitan continuidad para ser eficaces, pero la confrontación permanente acorta los horizontes. Cada decisión queda sometida a revisión inmediata, no por sus efectos, sino por su origen político. El consenso se vuelve provisional, siempre a prueba.
Renunciar al acuerdo puede parecer tentador en este escenario. Sin embargo, la ausencia de consensos no elimina los conflictos; los enquista. La convivencia democrática se apoya en la capacidad de aceptar soluciones compartidas, aunque sean imperfectas. Cuando ese principio se debilita, la política pierde su función básica: ordenar el desacuerdo sin romper la cohesión social.
Reconstruir espacios de consenso no es una tarea inmediata ni sencilla. Exige rebajar el ruido, reforzar las instituciones y asumir que el desacuerdo no invalida al interlocutor. Sin ese suelo común, el debate público corre el riesgo de quedar atrapado en una sucesión de discusiones inconclusas, donde la confrontación sustituye a la decisión y el bloqueo acaba normalizándose.