Por entrismo se conoce una táctica política empleada por algunos grupos trotskistas consistente en que sus miembros se afilien o entren en los grandes partidos de masas. Su objetivo principal es ganar grupos que se radicalizan hacia posturas revolucionarias. Con esta táctica ellos entendían que les permitía mantener un contacto cotidiano con decenas de miles de trabajadores, ganando su derecho a participar en la lucha y en la discusión sobre los objetivos del movimiento, al mismo tiempo que les daba la oportunidad indispensable para probar a diario sus ideas y consignas en las acciones de las masas.
Este sistema se puso de moda en los años setenta, pero ahora se ha convertido en la táctica preferida por la derecha. Infiltran a sus simpatizantes en el aparato del Estado con el propósito de radicalizar a los miembros de estructuras encargadas de la aplicación de la ley como son la judicatura y la policía. Y el resultado es evidente. Jueces que hacen política, y, lo que es peor, policía que domina la dirigencia reaccionaria. El caso de la UCO, con capacidad para convertirse en policía judicial, es el más evidente pero no el más significativo. Sindicatos policiales, como el SUP, que a finales del siglo pasado lo dominaban profesionales afines a la izquierda, se han convertido en la punta de la lanza de la protesta contra el gobierno. Ellos y la Jupol, Justicia Policial, no pierden ocasión para pedir la dimisión de Pedro Sánchez.
Han logrado su propósito “entrista”. Ganan las elecciones a los organismos representativos. La Jupol es la organización mayoritaria. Han arrasado en los comicios del Consejo de la Policía. La Asociación Unificada de la Guardia Civil no puede ejercer como sindicato, pero no pierde ocasión para descalificar al gobierno progresista. La última ha sido la evaluación de la protesta callejera en la vuelta ciclista a España. Se apuntan al argumento de la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, quien pide la dimisión del delegado del gobierno porque considera insuficiente el despliegue policial. Pero todos ellos no dicen que cuando se anunció el dispositivo de 1.500 efectivos no lo criticaron. Ahora aseguran que “las órdenes no se entendieron, eran imprecisas”, algo difícilmente comprensible dada la trascendencia del evento.
Quien está siendo más cuestionada es la UCO de la Guardia Civil que ejerce como policía judicial. Los expertos critican sus informes por considerarlos “parciales” y “sesgados”. De entrada, hay algo que choca: Las filtraciones de esos informes a los medios conservadores que, en ocasiones, se producen antes de que lleguen al instructor. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, del que continuamente reclaman su dimisión, pide que se acaben esas filtraciones porque “cuestionan la credibilidad del cuerpo y ponen en tela de juicio la neutralidad, la objetividad y la discreción absoluta de sus pesquisas”. El responsable de la sección de delincuencia económica de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, ha sido muy cuestionado. Le acusan de haber difundido la famosa conversación entre José Luis Ábalos y Koldo García en la cual ambos no salen muy bien parados no sólo en lo que se refiere a la corrupción sino también en asuntos personales. Además, se le relaciona con el antiguo responsable de fuentes de la unidad, Juan Vicente Bonilla, ahora director general de seguridad de Salud Madrid, quien, en unos mensajes difundidos por WhatsApp, llega a decir que va a colocar “una bomba lapa en el coche de Pedro Sánchez”. Las informaciones sobre Balas aparecidas en los medios de comunicación afines a la izquierda provocaron la protesta airada de las asociaciones de la Guardia Civil que exigen una reparación. Es la forma que tienen de actuar sus dirigentes todos ellos posicionados hacia el conservadurismo
Algo parecido ocurre en la carrera fiscal. La Unión Progresista de Fiscales siempre ha sido la asociación mayoritaria pero la conservadora Asociación de Fiscales le ha ganado la partida hasta el punto de arrebatarla el control del Consejo Fiscal. Pero lo peor no es eso, es la aparición de la APIF del fiscal del Supremo, Salvador Viadas, quien se ha mostrado tan beligerante con el fiscal general del Estado hasta el punto de personarse como acusación particular en la causa del Supremo contra él por revelación de secretos. La APIF, además, ha encontrado en la sala de Lo Contencioso Administrativo del TS una vía para oponerse a toda la política llevada a cabo por el equipo de García Ortiz. No hay decisión que se adopte en la sede de Fortuny que esta asociación no recurra. Y con éxito porque la instancia es bastante proclive a asumir los postulados de los conservadores.
Las instancias judiciales cada día están más dominadas por la derecha judicial. En el Supremo se cuentan con los dedos de la mano los magistrados con ideas progresistas y casi todos ellos están destinados en las llamadas “salas menores”, la civil, la social y la militar porque las secciones “sensibles”, la penal y la de lo contencioso, están controladas por esos jueces que, en su día, colocó el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy. Lesmes superó la marca de nombramientos afines a la derecha, 153 entre miembros del Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores territoriales y audiencias provinciales. Para que ese presidente del CGPJ promoviese esos ascensos necesariamente debía de contar con el visto bueno de Génova. Y si no que se lo digan al juez Ángel Hurtado o a Eduardo de Porres, cuya mujer es una significada militante del PP en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
Que hay entrismo en el aparato del Estado es algo indudable. La derecha ha ido acaparando los puestos más decisivos para llevar a cabo sus políticas sobre todo en las instituciones más sensibles del Estado como es la judicatura y la policía, las responsables de las acciones represivas. De ellas dependen decisiones como son las detenciones, o las entradas en prisión.