La aprobación del embargo de armas a Israel marca un punto de inflexión en la posición internacional de España. No por su contenido, que llega con limitaciones evidentes, sino por el gesto político y diplomático de fondo. Con el respaldo mayoritario del Congreso, el decreto se convierte en ley viva, susceptible de enmiendas que podrían endurecerlo. El Gobierno ha conseguido salvar el texto con los votos justos, pero el debate no ha hecho más que empezar.
Una decisión compleja en un tablero delicado
La convalidación del decreto ley por 178 votos a favor evita una derrota parlamentaria que hubiera sido políticamente costosa. PSOE, Sumar y sus socios habituales, con la suma esencial de Podemos, han blindado el texto en su primer trámite. El rechazo frontal del PP y de Vox confirma que la derecha ha decidido alinearse no solo con una crítica a la forma, sino con una negativa de fondo a cualquier medida que implique señalar al Gobierno de Israel por violaciones del derecho internacional.
La maniobra parlamentaria ha sido milimetrada. Se evitó votar el día del aniversario de los atentados de Hamás, se negoció hasta el último minuto con los socios más exigentes y se aceptó tramitar el decreto como proyecto de ley, lo que da margen para una revisión que podría eliminar las excepciones actualmente contempladas bajo el criterio de "interés general".
Podemos: el giro que no explica el gesto
La posición de Podemos, clave para que el texto saliera adelante, ha generado desconcierto incluso en parte de su electorado. La formación llevó el rechazo al decreto hasta casi el último momento, alegando que se trataba de un "embargo fake" que no ponía fin a los vínculos militares con Israel. Sin embargo, acabó votando a favor. Una decisión que, lejos de clarificar la postura, evidencia una tensión entre el gesto y el discurso.
Señalar las carencias del decreto y apoyarlo al mismo tiempo puede entenderse como una estrategia de presión interna para endurecer el texto en su trámite como proyecto de ley. Pero también puede interpretarse como una maniobra de contención de daños ante el riesgo de tumbar una medida largamente reclamada por las organizaciones internacionales de derechos humanos.
La derecha, fuera de foco y sin alternativa
PP y Vox han optado por el voto en contra sin ofrecer una propuesta alternativa. Su postura queda encajada en un discurso que trivializa el impacto de la guerra en Gaza y el papel de España en el control de exportaciones de material bélico. La negativa de la derecha no es técnica, es ideológica. Y va acompañada de una lectura simplista del conflicto y de los deberes internacionales de España en materia de derechos humanos.
Esa oposición cerrada no es nueva, pero adquiere una dimensión preocupante cuando lo que está en juego no es una cuestión presupuestaria o de modelo económico, sino la legitimidad del derecho internacional. En este contexto, la derecha parlamentaria se ha situado no solo en la periferia del consenso europeo, sino en el margen de la responsabilidad democrática.
Queda recorrido: de decreto a ley con vocación firme
La tramitación como proyecto de ley permitirá introducir cambios relevantes. Entre ellos, la eliminación de excepciones, el refuerzo del control parlamentario, la ampliación del ámbito del embargo y una mejor definición de los bienes vetados. Esa es la agenda que plantean Sumar, ERC, Bildu o Compromís.
El decreto no lo resuelve todo. Pero abre una vía institucional para revisar las relaciones comerciales con Estados involucrados en crímenes de guerra. No es un embargo simbólico, pero tampoco es una ruptura total. Es un punto de partida que necesitará voluntad política, presión social y coherencia legislativa.
Y sobre todo, exige no olvidar que tras cada cálculo estratégico hay una realidad que no admite espera: la devastación de Gaza, la vulneración sistemática del derecho internacional y el coste humano de una impunidad que ningún acuerdo comercial debería amparar.