La pública no enseñaba peor, jugaba con una baraja bastante más difícil

Durante años hemos mirado las clasificaciones educativas con una facilidad bastante tentadora. Un colegio obtiene mejores notas que otro y enseguida concluimos que enseña mejor. La privada supera a la pública y parece que el debate está resuelto. Después llega PISA, empieza a quitar capas a los datos y descubre que comparar dos centros sin mirar quién estudia dentro se parece bastante a comparar dos corredores sin preguntar desde dónde salió cada uno.

Los resultados brutos parecen contundentes. Los alumnos españoles de la enseñanza privada, incluida la concertada, obtienen 24 puntos más en matemáticas, 23 en ciencias y 21 en lectura que los de la pública, una distancia que puede aproximarse a un curso escolar. Si la fotografía terminara ahí, habría pocos argumentos para discutir la superioridad de una red sobre otra. Pero la fotografía no termina ahí.

PISA permite introducir el nivel socioeconómico y cultural de los estudiantes mediante el conocido como ISEC, un índice construido a partir de factores como la formación y ocupación de los padres o las condiciones materiales y culturales del hogar. Cuando se compara a alumnos con circunstancias sociales semejantes, los 23 puntos de ventaja de la privada en ciencias se quedan en siete.

Todavía falta una segunda corrección, probablemente la más interesante. No basta con igualar la situación familiar de cada estudiante porque tampoco es indiferente estudiar en un colegio donde casi todos los compañeros pertenecen a familias acomodadas o hacerlo en otro que concentra dificultades económicas, inmigración, necesidades educativas y hogares con menos recursos culturales. PISA controla también esa composición social del centro y, al hacerlo, la ventaja cambia de lado y la pública queda cuatro puntos por delante de la privada en España.

En el conjunto de la OCDE la diferencia ajustada alcanza los diez puntos a favor de la pública y en la Unión Europea llega a los 18.

La conclusión no debería ser que la pública es maravillosa y la privada un engaño. Sería cambiar una simplificación por otra. Lo que estos datos ponen bastante en cuestión es la costumbre de atribuir automáticamente los resultados de un colegio a la calidad de la enseñanza que imparte, olvidando que una parte enorme de lo que aparece en las notas entra cada mañana por la puerta del centro dentro de la mochila social de sus alumnos.

Un colegio no puede elegir la familia de sus alumnos, pero el sistema sí decide cómo repartirlos

El nivel socioeconómico tiene una relación muy potente con el rendimiento escolar. La última edición de PISA vuelve a demostrarlo. En España, los estudiantes pertenecientes al 25 % socialmente más favorecido obtienen 71 puntos más en ciencias que quienes pertenecen al cuarto más desfavorecido. Es una distancia enorme, aunque resulte inferior a los 85 puntos de promedio en la OCDE.

No significa que un adolescente de una familia humilde esté condenado a obtener peores resultados. El propio informe señala que un 13 % de los estudiantes españoles desfavorecidos consigue situarse entre el cuarto de alumnos con mejor rendimiento del país. Significa algo distinto y bastante conocido por cualquiera que haya trabajado en educación. El lugar del que parte un niño condiciona las herramientas con las que llega al aula.

Tener padres con estudios superiores, libros en casa, una habitación donde estudiar, ordenador propio, clases particulares cuando hacen falta y adultos capaces de ayudar con los deberes no garantiza una buena nota. Carecer de todo ello tampoco condena al fracaso. Pero cuando dejamos de mirar casos individuales y observamos cientos de miles de estudiantes, esas circunstancias pesan. Y ahí aparece el verdadero problema de la comparación entre redes.

La escuela pública concentra una proporción mucho mayor del alumnado vulnerable, de manera que sus resultados brutos incorporan dificultades sociales que no están distribuidas por igual entre todos los centros. Cuando PISA intenta retirar estadísticamente ese efecto, buena parte de la supuesta ventaja académica de la privada desaparece.

Sheila González, politóloga de la Universidad de Barcelona especializada en desigualdad educativa, apunta además una posible lectura del resultado ajustado. Una vez neutralizado el efecto social, entran con más claridad otros factores relacionados con el funcionamiento del centro, desde la formación y selección del profesorado hasta la organización, los planteamientos curriculares o la disponibilidad de aulas de acogida y personal de apoyo.

La hipótesis de que el profesorado público pueda estar mejor preparado, vinculada entre otras razones al sistema de oposiciones y a unas condiciones laborales generalmente más estables, resulta sugerente, pero conviene tratarla como lo que es. PISA permite observar asociaciones y comparar resultados, no demostrar que esos cuatro puntos de ventaja procedan directamente de una mayor calidad docente. Lo que sí permite afirmar es que la explicación fácil de que la privada obtiene mejores resultados porque enseña mejor empieza a tener bastantes agujeros.

Galicia deja un dato especialmente llamativo

El mapa autonómico refuerza esa impresión y, en algunos territorios, la diferencia es considerable. Una vez igualadas las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y de los centros, la pública supera a la privada en Galicia por 26 puntos, en Murcia por 18, en Cantabria por 17 y en Andalucía por 16.

Galicia y Cantabria presentan una particularidad todavía más llamativa porque la enseñanza pública obtiene mejores resultados incluso antes de descontar el efecto del ISEC.

No ocurre en todas partes. Baleares mantiene cinco puntos de ventaja para la privada después del ajuste, Canarias conserva 14 y País Vasco y Navarra alcanzan 32. Esa dispersión territorial debería servir también para desconfiar de cualquier explicación nacional demasiado sencilla. Las redes educativas no funcionan igual en todas las comunidades, la presencia de la concertada varía muchísimo y tampoco son iguales la segregación, el gasto, la distribución del alumnado vulnerable o las políticas desarrolladas durante los últimos años.

España tiene, además, una estructura educativa peculiar dentro de su entorno. La pública escolariza al 69,4 % de los estudiantes españoles de 15 años, frente al 83,2 % de la OCDE y el 85,6 % de la Unión Europea. La presencia de centros privados y, sobre todo, concertados es por tanto mucho mayor que en buena parte de los países con los que solemos compararnos.

Ese peso convierte la composición social de las dos redes en algo más importante que una discusión ideológica sobre pública y privada. Si determinados centros concentran sistemáticamente a las familias con más recursos y otros asumen una proporción mucho mayor de estudiantes vulnerables, comparar después sus puntuaciones sin tener en cuenta esa distribución ofrece una información real, pero bastante incompleta.

La OCDE lleva años encontrando este efecto. Sus análisis internacionales muestran que los alumnos de centros privados suelen proceder de entornos socioeconómicos más favorecidos y que buena parte de la ventaja académica asociada a la titularidad del centro se reduce cuando se comparan escuelas con perfiles sociales semejantes.

La segregación también entra en el examen

Aquí aparece probablemente la lectura políticamente más interesante de los nuevos datos. El problema no consiste únicamente en cuánto dinero recibe cada red, qué profesores contrata o qué método pedagógico utiliza, sino en cómo repartimos a los alumnos entre los colegios.

España arrastra desde hace años un problema importante de segregación escolar por origen socioeconómico. Eso significa que niños que viven en la misma ciudad pueden acabar escolarizados en centros con composiciones sociales radicalmente diferentes, unos con una concentración elevada de familias acomodadas y otros cargando con buena parte de las necesidades educativas y sociales del entorno.

La investigadora Sheila González introduce una cautela necesaria al interpretar el ejercicio estadístico de PISA. Igualar artificialmente la composición social permite saber qué ocurriría si las condiciones fueran comparables, pero ese colegio perfectamente equilibrado no existe en muchos barrios. La pública funciona bien cuando se descuentan las desigualdades, pero en la vida real tiene que enseñar precisamente con esas desigualdades sentadas dentro del aula. Por eso el resultado no debería utilizarse para quitar importancia a sus dificultades. Sirve más bien para señalar dónde puede estar una parte del problema.

Si un sistema distribuyera de manera más equilibrada al alumnado vulnerable entre los centros sostenidos con fondos públicos, los resultados sugieren que la escuela pública estaría en condiciones de competir perfectamente con la privada y la concertada. La cuestión deja entonces de ser quién gana el campeonato de PISA y pasa a ser por qué unos equipos llevan años jugando con plantillas socialmente tan diferentes.

También hay dinero público detrás de la evolución reciente. Entre 2018 y 2024, el Ministerio de Educación transfirió a las comunidades autónomas 8.756 millones de euros para diferentes programas educativos, algunos destinados a crear plazas públicas y otros, como PROA+, dirigidos especialmente al alumnado con mayores dificultades. Miguel Recio, antiguo responsable del gabinete de análisis de la Federación de Enseñanza de CC OO, considera que esos recursos pueden haber contribuido a que la pública resista mejor el deterioro general reflejado por PISA.

Conviene mantener de nuevo la prudencia. Que ambas cosas hayan sucedido durante el mismo periodo no demuestra por sí solo que esos 8.756 millones expliquen la mejora relativa de la pública. Hay demasiadas variables dentro de un sistema educativo como para adjudicar un cambio de resultados a una única política.

Existe, sin embargo, otro dato que ayuda a entender por qué se ha estrechado la distancia. Los estudiantes socioeconómicamente más favorecidos han empeorado más que los desfavorecidos, tanto en España como en el conjunto de la OCDE. La organización internacional confirma que entre 2015 y 2025 la brecha en ciencias se redujo porque el rendimiento cayó con mayor intensidad entre los alumnos aventajados.

En España ese fenómeno resulta especialmente visible en lectura y matemáticas, donde la pérdida del cuarto de estudiantes con más recursos prácticamente duplica la registrada entre los menos favorecidos. Como el alumnado acomodado tiene una presencia proporcionalmente mayor en la enseñanza privada y concertada, su caída repercute también con más fuerza en los resultados de esa red.

Todo esto sucede, además, dentro de una edición de PISA bastante mala para España. Las puntuaciones generales han caído y el país afronta problemas serios de comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Descubrir que la pública aguanta mejor de lo esperado no debería servir para sacar champán en ningún despacho educativo. Sí permite desmontar una idea que se ha repetido durante mucho tiempo con demasiada alegría.

Mirar el resultado medio de un colegio y utilizarlo como medida directa de la calidad de su enseñanza es hacer una cuenta a la que le faltan demasiados números. La familia de los estudiantes importa, la composición social del centro importa y la concentración de dificultades también importa. PISA acaba de poner cifras bastante elocuentes a esas diferencias.

La privada continúa obteniendo mejores resultados brutos en España y sería absurdo ocultarlo. Pero cuando se compara a estudiantes semejantes en centros socialmente semejantes, aquella distancia equivalente aproximadamente a un curso escolar desaparece y la pública termina ligeramente por delante.

Quizá la pregunta interesante deje entonces de ser si enseña mejor un colegio público o uno privado. Resulta bastante más útil preguntarse qué podría conseguir la escuela pública si no tuviera que asumir una parte tan desproporcionada de las desigualdades que existen fuera de sus aulas.