La huida de Juan Carlos de Borbón a República Dominicana es un verdadero escándalo político, social, ético y democrático del que la ciudadanía, el pueblo soberano español, tiene que recibir todas las explicaciones del Jefe del Estado, en su calidad de cabeza de la Monarquía. No sirve un comunicado institucional, que, por su propia naturaleza, está vacío de contenido y plagado de eufemismos.
Felipe VI está obligado por laConstitución a dar explicaciones. Es un momento duro porque la Monarquía enEspaña está dando sus últimos coletazos, pero, mientras haya una Constituciónque indique que la soberanía reside en el pueblo, su máxima autoridad debeexplicar con extrema transparencia las vicisitudes de una operación muy bienpensada y planificada desde diferentes ámbitos, tanto públicos como privados.
Es el Jefe del Estado quien debedar la cara, no el Gobierno, puesto que este asunto atañe y se ha generado enla institución monárquica. El Ejecutivo tendrá que tomar otras decisiones, perono ser el transmisor de los mensajes de Zarzuela.
El pacto entre Moncloa y la Casa Real para que Juan Carlos I se vaya de España tras sus implicaciones en casos de presunta corrupción supone un avance sin precedentes en España para alcanzar la República, pero no por ello deja de ser inaceptable. Cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo está en plena investigación del supuesto cobro de comisiones del Rey Emérito y sus intercambios millonarios de dinero con su ex amante Corinna Larssen, la salida de España del padre de Felipe VI es una huida sin precedentes en democracia para evitar que pueda ser juzgado ante los tribunales correspondientes.
Desde Diario Sabemos pedimos la comparecencia del Rey Felipe VI para explicar las causas de este despropósito. Sería el monarca quien tendría que explicar a las españolas y los españoles en un discurso televisivo, y con un mensaje dirigido al pueblo, el que dar las explicaciones correspondientes sobre la huida de su padre con el beneplácito de la Casa Real.
El comunicado de Zarzuela pone aún más en entredicho el futuro de la Monarquía en España que lanza a las españolas y los españoles un mensaje de que no todos somos iguales ni ante la Justicia ni ante el propio Gobierno de España.
Las acusaciones de cohecho, fraude fiscal y blanqueode capitales quedarán impunes porque la Casa Real permite que Juan Carlos Ihuya de España, eso sí sin decoro ni dignidad. Además, nada garantiza que esté dispuesto a afrontar en Españay Suiza las investigaciones judiciales en curso.
Entre los hechos que se investigan figuran el supuesto cobro de 100 millones de dólares procedentes del rey de Arabia Saudí, por presunto pago por sus gestiones para la concesión de la construcción del AVE de Medina a La Meca. Para cualquier político, esa comisión constituye un delito de cohecho. Ese dinero no fue declarado a Hacienda, lo cual constituye la comisión de un presunto delito de fraude fiscal. Nada faltó, testaferro incluido, en la actuación supuestamente delictiva del Jefe del Estado. Además, la propia carta del rey emérito no niega ni desmiente los asuntos por los que se le está investigando, sino que los enmarca dentro de su “vida privada”.
Éste es el principio del fin, de la peor forma posible que el rey Felipe VI tuvo la opción de evitar. Los hechos se han sucedido de forma dramática, pero no para Juan Carlos I, sino para un Estado de Derecho en el que todos deberíamos ser iguales ante la Ley.