El titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra 23 personas acusadas de formar parte de una trama que facilitó contratos de obra en Argelia por valor de 480 millones de euros a cambio de comisiones durante el periodo de 2009 a 2016. Entre ellas se encuentran dos exdiputados del Partido Popular, Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Aristegui, este último segundo embajador en Libia, Jordania y embajador en La India, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Bután estas cuatro últimas legaciones bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.
Aristegui, un experto en asuntos de oriente próximo, Aznar lo nombró director general del gabinete del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Durante un tiempo se habló de él como aspirante a la cartera de Asuntos Exteriores. También se le señala como uno de los inspiradores de la política del PP en el conflicto de Irak que acabó con la participación española en la invasión que desembocó en el derrocamiento de Saddam Hussein. Por su parte, Gómez de la Serna fue director general de Administración Periférica del ministerio de Administraciones Públicas entre 2002 y 2003, y director del gabinete del ministro Javier Arenas. Ambos fueron elegidos diputados y Aristegui se caracterizó por sus ataques al gobierno de Rodríguez Zapatero, cuestionando los resultados electorales de 2011 y, posteriormente, la política exterior del gobierno socialista siendo portavoz del grupo popular en la comisión de Exteriores del Congreso de los diputados.
Sus ataques a los socialistas se han vuelto contra él. El 9 de diciembre de 2015 se destapa que Gómez de la Serna, administrador de Scardovi, y Arístegui, a través de su sociedad Karistia, recibían comisiones millonarias gracias a su mediación para que empresas españolas consiguieran contratos en África y Latinoamérica principalmente. Los implicados declaran que eran trabajos de consultoría. Gustavo de Arístegui aclaró que, al ser nombrado embajador en La India, cargo incompatible con esa labor, su hijo, Borja de Arístegui, pasó a ocupar su cargo en Karistia. Sin embargo, ese cambio en la administración de la empresa no se plasmó en el Registro Mercantil porque la empresa tiene embargos por impagos a la Seguridad Social. Siendo embajador se difundieron unas conversaciones grabadas a Pedro Gómez de la Serna sin su conocimiento, que demuestran que Arístegui seguía cobrando comisiones vulnerado la ley de incompatibilidades.
A Pedro Gómez de la Serna. el PP le pidió, en las elecciones de 2015, que renunciara a su candidatura por Segovia cuando empezaron a ser evidentes los indicios que le señala como miembro de la trama de las mordidas. Gómez de la Serna se negó a ello. Salió elegido y los populares no le dejaron ingresar en su grupo pasando al mixto. En 2017 se le imputó en el caso Púnica por el supuesto cobro de 150.000 euros en comisiones.
En el auto de apertura de juicio oral, Pedraz relata la participación de los dos exdiputados en dos operaciones mercantiles para la construcción del tranvía de Ouargla y la desaladora Soul Tleta en Argelia. En 2000, mientras eran diputados, "se concertaron para asesorar a empresas españolas en la búsqueda de oportunidades de negocio y apertura de mercados exteriores, y ello a cambio de cobrar de esas empresas una comisión mensual o iguala y una comisión de éxito para el supuesto que consiguiesen algún contrato de obra, servicios o suministro con empresas públicas y gobiernos extranjeros". Pedraz describe cómo se concertaron junto a una red de comisionistas, blanqueadores y 5 empresas, de las que destaca Elecnor, para facilitar contratos en el país magrebí a cambio de comisiones. Con tal objetivo, supuestamente no dudaron en sobornar a altos funcionarios de ese gobierno.
De Aristegui y Gómez de la Serna, junto a otras 21 personas entre las que se encuentra Borja, el hijo del diplomático, están acusados de corrupción en transacciones internacionales, cohecho pasivo, falsedad documental y organización criminal. La decisión responde a un escrito del fiscal anticorrupción Conrado Alberto Saiz en el que pide para los imputados 21 años de prisión para cada uno.
Pedraz tiene claro que la condición de altos funcionarios de Aristegui y Gómez de la Serna, este último miembro del cuerpo superior de administradores civiles del Estado, fue motivo suficiente para que las empresas aceptasen ser clientes y pagasen los honorarios exigidos. En el caso de Gustavo de Aristegui su presencia pública era evidente. Muy influyente en el cuerpo diplomático, participaba, también, en debates en los medios de comunicación, especialmente en la radio y televisión del grupo Intereconomía, propiedad del ultraderechista Julio Ariza. Eran especialmente duros sus ataques a los socialistas. En 2009 llegó a decir que” el PSOE demuestra una falta absoluta de sensibilidad hacia los problemas reales de la ciudadanía española" porque "con la que está cayendo" lo único que se le ocurre es preocuparse de reparar los daños causados a los moriscos expulsados de España en el Siglo XVII”.
Gómez de la Serna y Aristegui no son los primeros imputados de gobiernos populares que se aprovecharon de su influencia para enriquecerse ilícitamente. Necesariamente hay que establecer cierto paralelismo con lo que está sucediendo, ahora mismo, con los casos Koldo, Ábalos y Santos Cerdán contra los cuales los estrategas de Génova lanzan toda una serie de acusaciones de corrupción cuando ellos también tienen mucho que callar. Pocos altos cargos de los gobiernos de Aznar se salvan de haber pasado por los tribunales. Lo paradójico es que han transcurrido muchos años desde que Aznar llegó a la Moncloa y, a estas alturas, todavía surgen casos de corrupción en un Partido Popular que no hace más que vociferar por las acciones judiciales emprendidas contra el PSOE y, más concretamente, el entorno del presidente Pedro Sánchez. Se olvidan en Génova de que todavía se encuentran en fase de juicio la operación Púnica, la última pieza de la Gürtel, la operación Kitchen, algunos casos de dirigentes de las comunidades autónomas, el caso Montoro y, por último, ahora dos diputados, uno de los cuales estuvo a punto de ser ministro, acusados de llevarse comisiones presuntamente a cambio de sobornar a funcionarios de gobiernos del extranjero.