El politólogo Stephen Krasner definió la soberanía como “hipocresía organizada”, una fórmula célebre para describir la distancia entre los principios jurídicos del sistema internacional y la manera en que los Estados poderosos actúan en la práctica. Sin embargo, los acontecimientos recientes sugieren que incluso una norma hipócrita puede cumplir una función estabilizadora. Cuando se vulnera abiertamente, lo que queda al descubierto no es solo la hipocresía, sino la fragilidad del orden que la contenía.
La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, en una operación transfronteriza que culminó con su traslado a Nueva York para enfrentar cargos penales, marca uno de esos momentos de ruptura. Para muchos observadores occidentales, la detención de un dirigente acusado de autoritarismo, corrupción y narcotráfico puede parecer un acto largamente esperado. Pero el alivio moral inmediato oculta un problema mayor: el daño estructural que esta operación inflige a las normas que limitan el uso del poder en un sistema internacional inherentemente anárquico.
Las consecuencias prácticas fueron inmediatas. En Caracas, la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina no resolvió la incertidumbre sobre el equilibrio constitucional ni sobre el control coercitivo del Estado. La operación estuvo acompañada de huelgas, enfrentamientos y muertes, y provocó una perturbación regional que se extendió al Caribe, con restricciones temporales del espacio aéreo estadounidense y la cancelación de cientos de vuelos civiles. En Nueva York, Maduro afronta ahora un proceso penal por delitos vinculados al narcotráfico. Sin embargo, el modo en que fue llevado ante la justicia ha desplazado el debate desde la legalidad penal hacia la coerción interestatal.
Washington sostiene que su agravio contra el liderazgo venezolano no es nuevo. Desde 2020, el Departamento de Justicia ha acusado formalmente a Maduro y a otros altos funcionarios, y la política estadounidense ha tratado al régimen venezolano tanto como una organización criminal transnacional como una amenaza a la seguridad. En agosto de 2025, la recompensa por información que condujera a su captura fue elevada a 50 millones de dólares, reforzando el mensaje de que se trataba de un asunto de aplicación de la ley, respaldado por la disuasión. En términos teóricos, esto es securitización: una disputa política presentada como un peligro existencial que justifica medidas extraordinarias.
El problema es que estas medidas colisionan directamente con el pacto westfaliano. La soberanía no es una abstracción sentimental ni una cortesía diplomática; es la convención mínima que permite a los Estados, especialmente a los débiles, existir sin temor permanente a secuestros, asesinatos selectivos o cambios de liderazgo impuestos desde el exterior. La Carta de las Naciones Unidas buscó precisamente civilizar el poder. El artículo 2(4) prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El artículo 2(7) limita la intervención en asuntos internos. El artículo 51 restringe la legítima defensa a casos de ataque armado. Ninguno de ellos fue concebido para legitimar operaciones unilaterales de “captura y juicio” contra un jefe de Estado en funciones.
El realismo ofensivo ayuda a explicar, que no a justificar, por qué estas acciones resultan tentadoras para las grandes potencias. En ausencia de un gobierno mundial, los Estados con capacidad material buscan neutralizar amenazas y demostrar determinación. Pero los precedentes no se quedan quietos. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la operación contra Maduro establece un “precedente peligroso”. Expertos legales han cuestionado su legalidad en ausencia de consentimiento venezolano o de autorización del Consejo de Seguridad. China, por su parte, denunció un “uso flagrante de la fuerza” contra un Estado soberano. Si este tipo de acciones se normaliza, los Estados pequeños dejarán de verse como iguales formales y pasarán a percibirse como objetivos potenciales.
Existe además una lesión democrática que los análisis estratégicos suelen minimizar. Washington argumenta que la presidencia de Maduro carecía de legitimidad. Pero derrocar a un gobierno mediante la fuerza o el espectáculo refuerza la idea de que el cambio político depende de la intervención externa y no de procesos internos, por defectuosos que sean. El precedente no se limita a América Latina. Durante la guerra entre Israel e Irán en junio de 2025, se habló abiertamente de cambio de régimen, y tanto los ataques israelíes como declaraciones del propio Trump insinuaron que la eliminación del liderazgo iraní era un objetivo plausible.
Las ondas expansivas ya se sienten en Asia. En India, el presidente Asaduddin Owaisi ha invocado el caso Maduro para reclamar operaciones transfronterizas similares contra individuos en Pakistán presuntamente vinculados a los atentados de Mumbai de 2008. Aunque estas declaraciones apunten a una audiencia doméstica, las narrativas de fuerza no suelen permanecer contenidas. En contextos de nacionalismo intenso, pueden normalizar políticas de alto riesgo.
Finalmente, hay un costo reputacional para el orden liberal que Estados Unidos afirma defender. Mientras Washington desgasta los principios de soberanía que dice custodiar, los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica promovidos por China (respeto mutuo a la integridad territorial, no agresión, no injerencia, igualdad y coexistencia pacífica) ganan atractivo como marco alternativo de estabilidad. En ese relato, la soberanía no es un privilegio condicionado al poder, sino una regla general.
Un mundo que ya sufre una profunda crisis de confianza no puede permitirse que la soberanía se degrade hasta convertirse en una concesión discrecional. Como advierte John Mearsheimer, las grandes potencias buscan oportunidades para maximizar su control; no es una defensa moral, sino una descripción de incentivos. Venezuela, en este sentido, no es solo una crisis latinoamericana. Es una prueba de si la coerción está reemplazando al consentimiento como principio organizador de la política global. Si así fuera, el resultado previsible será un mundo más fragmentado, más armado y con aún menos espacio para el derecho, la diplomacia y la cooperación.