Las relaciones entre España y Francia constituyen una de las piezas más estables y estratégicas de la política exterior española. Comparten frontera, intereses económicos, infraestructuras, desafíos migratorios, cooperación policial, proyectos energéticos y una visión común sobre buena parte de los grandes debates europeos. Precisamente por eso resulta llamativo que un tratado concebido para reforzar esa cooperación siga pendiente de ratificación más de tres años después de su firma.
El acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en 2023 aspiraba a institucionalizar una relación bilateral especialmente intensa. Francia ya había desarrollado instrumentos similares con Alemania e Italia, los dos países con los que tradicionalmente ha mantenido una cooperación más estrecha dentro del proyecto europeo. La incorporación de España a ese reducido grupo tenía una evidente dimensión política y diplomática.
No se trataba únicamente de un tratado administrativo. Era también un reconocimiento al peso creciente de España dentro de la Unión Europea.
La discusión jurídica sobre la participación de representantes extranjeros en determinadas reuniones gubernamentales merece, por supuesto, respeto. En una democracia consolidada, los mecanismos de control constitucional forman parte de la normalidad institucional. Lo que resulta más difícil de entender es que una cuestión interpretativa relativamente acotada haya terminado condicionando durante años un instrumento estratégico para la relación entre dos Estados vecinos.
La solución finalmente encontrada mediante un acuerdo interpretativo demuestra precisamente que el problema parecía tener más relación con la voluntad política que con una imposibilidad jurídica insalvable. Si existe una fórmula que preserva las garantías constitucionales y permite desarrollar el tratado, cabe preguntarse por qué ha sido necesario un recorrido tan prolongado para alcanzarla.
La política española atraviesa desde hace años una tendencia preocupante. Cada vez resulta más difícil distinguir entre la legítima confrontación partidista y aquellos asuntos que deberían formar parte de un consenso básico de Estado. La política exterior ha sido tradicionalmente uno de esos espacios donde las diferencias ideológicas convivían con una cierta continuidad institucional.
Esa cultura del acuerdo se ha ido debilitando progresivamente. El resultado es que decisiones relacionadas con la posición internacional de España terminan absorbidas por la lógica de la disputa interna.
El Partido Popular tiene derecho a expresar sus reservas sobre cualquier tratado internacional. Forma parte de su función como principal partido de la oposición. Sin embargo, también debe asumir que determinadas decisiones proyectan una imagen que trasciende la política doméstica.
Cuando Francia observa las dificultades para ratificar un acuerdo que París considera prioritario, no interpreta únicamente una discrepancia parlamentaria. Observa la capacidad de España para construir posiciones estables sobre cuestiones estratégicas.
La reflexión resulta especialmente relevante en un momento en el que Europa afronta desafíos de enorme magnitud. La seguridad continental, la autonomía energética, la competencia tecnológica, la transición ecológica o la redefinición del papel europeo en el nuevo orden internacional exigen niveles crecientes de coordinación entre los grandes Estados miembros.
España difícilmente podrá aumentar su influencia en Europa si convierte cada iniciativa de cooperación estratégica en un campo de batalla partidista.
La paradoja es que muchas de las fuerzas políticas que reclaman un mayor protagonismo internacional para España contribuyen después a debilitar algunos de los instrumentos que permiten precisamente consolidar esa posición.
Por eso el debate sobre este tratado va mucho más allá de una cuestión procedimental. Lo que está en juego es la capacidad del sistema político español para distinguir entre la crítica legítima al Gobierno de turno y los intereses permanentes del país.
Las democracias necesitan oposición. Necesitan control, vigilancia y discrepancia. Pero también necesitan preservar ciertos espacios donde la competencia partidista no termine erosionando la credibilidad institucional del Estado.
La relación entre España y Francia pertenece a esa categoría. No porque deba quedar al margen del debate democrático, sino porque su importancia supera con mucho el horizonte de cualquier legislatura.
Y quizá esa sea la cuestión de fondo. Determinar si la política española sigue siendo capaz de pensar en términos de país o si ha terminado reduciendo incluso las grandes decisiones estratégicas al corto plazo de la confrontación cotidiana.