El último informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid no introduce un episodio aislado, sino que documenta una decisión presupuestaria de calado. En 2024, el Gobierno regional autorizó una transferencia de 61,5 millones de euros desde la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), destinada a residencias públicas, al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para atender pagos pendientes con el grupo Quirónsalud. No se trata de un ajuste menor, sino de una operación con impacto directo sobre un sistema social ya tensionado.
La reacción de la Asociación 7291 Verdad y Justicia se produce tras años de denuncias documentadas sobre falta de personal, insuficiencia de medios y deterioro de la atención en las residencias públicas. Los datos de cierre de 2025 aportan contexto: más de 2.000 personas en lista de espera para una plaza residencial y cerca de 18.000 pendientes de ayuda a domicilio. En ese escenario, la reasignación de fondos plantea interrogantes difíciles de eludir.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no ha ofrecido hasta ahora una explicación detallada sobre los criterios que llevaron a priorizar este pago concreto ni sobre las alternativas que se valoraron. Tampoco se ha precisado por qué se optó por detraer recursos del ámbito social, uno de los más sensibles del sistema autonómico. La operación dibuja una jerarquía de prioridades que merece ser explicada públicamente.
Cuando la atención social es la variable de ajuste
La AMAS gestiona residencias y servicios dirigidos a personas mayores y dependientes, un colectivo con escaso margen de defensa institucional. Que esos fondos se utilicen para aliviar tensiones financieras con un gran proveedor sanitario privado no es una decisión neutra. Desde el punto de vista jurídico y presupuestario, abre preguntas sobre control del gasto, finalidad de los fondos y mecanismos de supervisión.
El informe de la Cámara de Cuentas señala que la transferencia fue autorizada por el Consejo de Gobierno, lo que la sitúa en el nivel más alto de responsabilidad política. No se produce, además, en un contexto de superávit social, sino en uno marcado por déficits estructurales en las residencias, advertidos en informes previos, movilizaciones sindicales y quejas reiteradas de familiares.
Para la Asociación 7291 Verdad y Justicia, el impacto es especialmente significativo. La decisión se interpreta a la luz de una herida aún abierta: las 7.291 muertes en residencias durante la pandemia, en aplicación de los protocolos que limitaron derivaciones hospitalarias. Seis años después, sostienen, las residencias siguen sin ocupar un lugar central en la agenda política regional, una percepción que este episodio refuerza.
La presidenta de la asociación, Mª Jesús Valero, ha descrito la situación como un deterioro continuado de las condiciones de vida en las residencias. Sus palabras se apoyan en ratios ajustadas, plantillas sobrecargadas y un modelo de externalización que deja poco margen de maniobra a los centros públicos.
Un modelo bajo escrutinio
El episodio se inserta en una estrategia reconocible del Ejecutivo madrileño. La Comunidad de Madrid ha apostado de forma sostenida por la externalización de servicios sanitarios, defendida como un modelo de eficiencia. Cuando ese sistema genera deuda, la corrección no se ha orientado a revisar contratos o reforzar la gestión directa, sino a redistribuir recursos desde otras áreas con menor capacidad de presión política.
No es una discusión ideológica abstracta, sino una decisión distributiva concreta: quién asume el coste cuando el sistema se desequilibra. En este caso, los recursos detraídos proceden de servicios destinados a personas dependientes, un grupo con escasa visibilidad pública.
La petición de una investigación exhaustiva no responde a una consigna política, sino a una exigencia básica de transparencia. Determinar responsabilidades, aclarar el recorrido del dinero y evaluar el impacto real del desvío sobre la atención residencial resulta imprescindible para restaurar confianza institucional.
Ayuso ha construido su liderazgo sobre un relato de gestión eficaz y confrontación política. El informe de la Cámara de Cuentas introduce un elemento incómodo en ese discurso: la eficacia no puede medirse solo en balances sanitarios si se financia a costa de debilitar la atención social. Las residencias vuelven a situarse como un indicador clave de las prioridades reales del modelo madrileño.