La entrevista de Isabel Díaz Ayuso en la COPE sobre el campo madrileño dejó una sensación difícil de disimular: más que una conversación seria sobre agricultura, ganadería y mundo rural, fue una nueva pieza de agitación política. Mucho ruido, mucho enemigo exterior y poca precisión. Cuando la presidenta habla de “abandono” del sector por parte del Gobierno de España, de asfixia fiscal a autónomos y de una Comunidad de Madrid modélica por sus bajadas de impuestos, conviene hacer lo que faltó en esa entrevista: abrir los datos y contrastar. Y ahí su relato se resquebraja.
El relato se resquebraja
La primera trampa del discurso de Ayuso consiste en apropiarse de la PAC como si fuera una concesión madrileña o como si el Ejecutivo regional fuese el gran escudo del campo frente a Madrid capital, Bruselas y Moncloa. Pero la propia documentación oficial de la Comunidad de Madrid reconoce que las ayudas directas de la PAC se rigen por la normativa estatal y europea, y que el marco es el Plan Estratégico de la PAC de España, elaborado por el Ministerio de Agricultura en colaboración con las comunidades autónomas y aprobado por la Comisión Europea. La versión vigente del plan fue aprobada por la Comisión el 12 de diciembre de 2025. Es decir: no estamos ante un invento de Ayuso, sino ante una política europea y estatal en cuya gestión participa la región.
De hecho, el FEGA, que es el organismo estatal de referencia en la gestión financiera de la PAC, recuerda que los pagos corresponden a fondos FEAGA y FEADER y publica los importes abonados en cada ejercicio financiero. Solo hasta julio de 2025 los pagos FEAGA acumulaban 5.156,46 millones de euros en España; y en el arranque del ejercicio financiero 2026, a 31 de diciembre de 2025, ya sumaban 3.802,45 millones. Presentar ese entramado como si la Comunidad de Madrid fuera la fuente principal del dinero no es una explicación: es propaganda.
Madrid no sostiene al campo
La segunda manipulación aparece cuando Ayuso intenta vender la idea de que Madrid sostiene al campo con un despliegue extraordinario de ayudas. La realidad es más modesta. La propia sede regional muestra convocatorias concretas y limitadas: por ejemplo, la ayuda para nuevos agricultores de 2025 ofrece una prima básica de 20.000 euros más un suplemento de hasta 20.000, con una cuantía máxima de 40.000 euros. Hay otras líneas sectoriales, sí, pero muchas están encuadradas en el PEPAC 2023-2027 o vinculadas a convocatorias muy específicas, no a un blindaje estructural del sector primario madrileño. Dicho de otro modo: existen ayudas, pero no el milagro rural que Ayuso intenta vender.
Los autónomos crecen
La tercera falsedad es la del supuesto “infierno fiscal” que estaría destruyendo a autónomos y pequeños empresarios. Los últimos datos oficiales de afiliación en la Comunidad de Madrid no describen ningún hundimiento. Al contrario: en marzo de 2026 Madrid registró 3.879.420 afiliados a la Seguridad Social, 112.599 más que un año antes (Gestiona Comunidad Madrid). Dentro de ese total, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos alcanzó los 441.542 afiliados, con un aumento interanual del 1,0%. Ese crecimiento no significa que los problemas de los autónomos hayan desaparecido, pero sí desmonta la caricatura apocalíptica de una región arrasada por la política estatal. Si el modelo fuera tan inviable como proclama Ayuso, los datos no estarían marcando crecimiento, sino caída.
Además, cuando la presidenta presume de la llamada Tarifa Cero para autónomos, también conviene poner el foco donde ella lo aparta. La ayuda madrileña no sustituye al sistema estatal: lo complementa. La propia Comunidad de Madrid explica que esta subvención sirve para compensar cuotas de trabajadores acogidos a los incentivos y medidas de fomento del trabajo autónomo recogidos en el Estatuto del Trabajo Autónomo, es decir, sobre una arquitectura previa del Estado. Otra vez el mismo patrón: Ayuso presenta como creación aislada de su Gobierno lo que en realidad depende de un andamiaje normativo y presupuestario anterior o compartido.
La bajada de impuestos no ayuda a los agricultores o ganaderos
La cuarta pieza del argumentario es la más ideológica: la de las bajadas de impuestos como si fueran una política agraria o una solución específica para autónomos y agricultores. Pero la propia Comunidad de Madrid presume de 34 rebajas fiscales desde 2019 y subraya, entre otras medidas, la rebaja adicional del IRPF anunciada en enero de 2026. El problema es que mezclar eso con la supervivencia del campo madrileño es una trampa deliberada. Las grandes banderas fiscales de Madrid incluyen bonificaciones del 99% en Sucesiones para ascendientes, descendientes y cónyuges, del 50% para hermanos, tíos y sobrinos, y una bonificación general del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio, aunque modulada por la vigencia del impuesto estatal a las grandes fortunas. Eso no define una política de rescate del pequeño agricultor; define, sobre todo, un modelo de alivio para herencias, donaciones y grandes patrimonios.
Y aquí aparece la gran contradicción política de Ayuso. Habla del agricultor que madruga, del ganadero que resiste y del autónomo que no llega a fin de mes, pero el núcleo duro de su relato fiscal no está diseñado específicamente para ellos. Un ganadero con costes disparados por la energía, los piensos o la sequía no se salva porque exista una bonificación casi total del Impuesto sobre Sucesiones entre familiares directos. Un joven que quiera incorporarse al campo no resuelve el problema estructural de acceso a tierra, inversión y rentabilidad porque Madrid convierta el Patrimonio en un impuesto casi simbólico para los grandes tenedores. La política agraria no se mide por el volumen de eslóganes contra Pedro Sánchez, Luis Planas o María Jesús Montero, sino por la capacidad real de sostener explotaciones, facilitar relevo generacional y asegurar rentas dignas.
Hay un último detalle que Ayuso tampoco quiere que se mire de cerca. Cuando convierte cualquier exigencia ambiental, cualquier control o cualquier requisito administrativo en una prueba de “burocracia insoportable”, oculta que la PAC actual, también asumida por la Comunidad de Madrid, incorpora precisamente controles, eco-regímenes, condicionalidad y monitorización casi total de la superficie agraria. No es una conspiración del ministro Planas: es el marco europeo y estatal que la propia Comunidad tramita, aplica y publicita en su web oficial.
Por eso la entrevista de Ayuso no fue solo caótica. Fue algo peor: una operación de maquillaje político. Usó el campo madrileño como decorado, a los autónomos como coartada y los impuestos como arma arrojadiza. Pero cuando se aparta el ruido y entran los datos, lo que queda no es una presidenta desmontando al Gobierno con cifras, sino un discurso inflado que se apoya en medias verdades, apropiaciones interesadas y ataques partidistas. Y el campo, una vez más, reducido a atrezo de campaña.