Durante buena parte de la crisis de los medios hablamos del periodismo local como si su desaparición fuese fundamentalmente un problema de periodistas y empresas periodísticas. Cerraba una cabecera, desaparecían empleos, caían los ingresos publicitarios y el público perdía una fuente de información. La digitalización parecía ofrecer, entretanto, sustitutos suficientes: páginas institucionales, redes sociales, grupos vecinales, medios nacionales capaces de llegar a cualquier lugar y ciudadanos provistos de un teléfono con cámara.
El tiempo está permitiendo comprobar que aquella sustitución era bastante menos automática de lo que parecía. El Consejo de Europa acaba de dedicar un apartado específico de su informe sobre las crecientes amenazas al pluralismo y la independencia de los medios a los desiertos informativos, lugares en los que la oferta de noticias locales resulta tan escasa que comunidades enteras pierden acceso regular a información independiente sobre aquello que sucede a su alrededor.
El concepto puede sonar académico hasta que se traduce a una escena cotidiana. Un ayuntamiento continúa celebrando plenos, adjudicando contratos, modificando ordenanzas, concediendo licencias y aprobando presupuestos aunque ningún periodista se siente en la sala. La actividad del poder no disminuye porque desaparezca quien la observa; disminuye únicamente la probabilidad de que alguien la convierta en información comprensible para los ciudadanos.
Saberlo todo sobre Washington y casi nada sobre la calle de al lado
La paradoja resulta especialmente llamativa porque nunca habíamos vivido rodeados de tanta información. Desde cualquier municipio europeo se puede seguir minuto a minuto una crisis en Oriente Próximo, una declaración de Donald Trump o una polémica ocurrida al otro lado del continente. El teléfono ofrece una ventana permanente al mundo y las grandes noticias compiten por nuestra atención desde que despertamos.
Esa abundancia global puede convivir, sin embargo, con una pobreza informativa extraordinaria en el ámbito más próximo. Un vecino puede conocer la composición del Gobierno estadounidense y desconocer cuánto ha costado la obra que contempla cada mañana desde su ventana. Puede recibir diez alertas sobre una elección extranjera y ninguna sobre una modificación urbanística que alterará su barrio. La tecnología ha reducido el coste de distribuir información casi hasta cero, pero producir determinada información continúa siendo caro porque exige tiempo, conocimientos y presencia física.
El Consejo de Europa vincula esa pérdida de cobertura local con un problema más amplio de pluralismo. La cuestión no es simplemente que haya menos artículos, sino que determinados poderes empiezan a operar en entornos donde disminuye el número de actores capaces de fiscalizarlos de manera continuada.
El periodismo que no se vuelve viral
Buena parte del trabajo local tiene pocas posibilidades de triunfar en las métricas digitales. Leer un presupuesto municipal, asistir durante tres horas a un pleno, seguir una adjudicación o comprobar una promesa realizada meses atrás exige bastante tiempo y puede producir una noticia que interese intensamente a unas pocas miles de personas.
El modelo publicitario tradicional permitía que esa información conviviera con contenidos más rentables porque el periódico local reunía en un mismo producto noticias, anuncios, deportes, esquelas, sucesos y vida social. Cuando la publicidad migró hacia las grandes plataformas digitales, la rentabilidad de cubrir profesionalmente comunidades pequeñas se deterioró aunque la necesidad democrática de hacerlo permaneciera intacta.
Las redes sociales solucionan solo una parte del vacío. Un vecino puede grabar una inundación antes que cualquier periodista y una asociación puede denunciar directamente una carencia. Esa capacidad ha democratizado enormemente la producción de información y permite conocer acontecimientos que antes podían permanecer invisibles.
Pero existe una diferencia sustancial entre producir información sobre uno mismo y someter la información de otros a comprobación. El ayuntamiento puede publicar su versión, la oposición la suya y una empresa explicar sus intereses. El trabajo periodístico empieza precisamente al contrastar esas versiones, buscar aquello que ninguna de ellas cuenta y mantener memoria de lo ocurrido anteriormente.
El poder local no es un poder menor
Cuando hablamos de libertad de prensa tendemos a imaginar gobiernos nacionales, grandes corporaciones y dirigentes capaces de influir sobre millones de personas. Sin embargo, muchas decisiones que determinan la vida cotidiana se adoptan en instituciones considerablemente más pequeñas.
Urbanismo, agua, residuos, transporte, impuestos municipales, escuelas infantiles, ayudas sociales, instalaciones deportivas, licencias y contratación pública dependen en buena medida de poderes locales. El presupuesto puede ser mucho menor que el de un ministerio, pero la proximidad multiplica el efecto directo de sus decisiones sobre la ciudadanía.
También multiplica las dificultades del periodismo. En una localidad pequeña, periodistas, políticos, empresarios y fuentes se conocen. Una administración puede ser simultáneamente objeto de fiscalización y uno de los principales anunciantes institucionales. Una empresa importante para la economía local puede sostener una parte relevante de la publicidad del medio. Una redacción formada por dos personas tiene menos capacidad para dedicar días a una investigación que otra con cincuenta profesionales. Estas tensiones siempre han existido y la desaparición de la redacción no las resuelve; simplemente elimina a uno de los actores que intentaba gestionarlas.
Lo que nadie publica tampoco queda en la memoria
Hay además una consecuencia menos visible de los desiertos informativos. Internet funciona como un gigantesco archivo solo de aquello que alguien decidió introducir previamente en él.
Si ningún periodista escribe sobre una adjudicación, una protesta vecinal, un conflicto laboral o una decisión urbanística, el buscador del futuro tampoco podrá recuperarlo. Una comunidad pierde así no solo información presente, sino parte de su memoria documental.
La inteligencia artificial puede agravar paradójicamente esa contradicción. Los sistemas generativos son capaces de resumir miles de páginas en segundos, pero necesitan que esas páginas existan. Ningún modelo puede resumir una investigación que nadie realizó ni reconstruir con fiabilidad una reunión a la que nadie independiente asistió.
La revolución tecnológica permite procesar cantidades extraordinarias de información, pero no resuelve automáticamente el coste de obtener información original. Alguien sigue teniendo que acudir al juzgado, leer el expediente, llamar a las partes y comprobar qué sucedió.
Quién paga a quien vigila
El problema conduce inevitablemente a la financiación. Si el mercado no sostiene suficiente periodismo local, las ayudas públicas aparecen como una posible respuesta, pero introducen una tensión evidente: el poder al que corresponde ayudar a mantener el ecosistema informativo puede ser el mismo poder que ese ecosistema debe fiscalizar.
El Consejo de Europa plantea precisamente la necesidad de proteger pluralismo, sostenibilidad e independencia de forma simultánea. No basta con entregar dinero; son necesarios criterios transparentes, reglas objetivas y suficientes garantías para evitar que la supervivencia económica dependa de la docilidad editorial.
Las suscripciones ofrecen otra vía, pero funcionan mejor allí donde existe suficiente población y capacidad económica para sostenerlas. Las fundaciones y modelos sin ánimo de lucro han empezado a ocupar espacios en algunos países. Ninguna solución parece capaz, por sí sola, de reconstruir el modelo que financiaba la prensa local durante el siglo XX.
Por eso los desiertos informativos plantean una pregunta bastante más incómoda que la supervivencia de una industria. Una democracia puede conservar intactas sus leyes de libertad de prensa y experimentar al mismo tiempo una reducción efectiva de la cantidad de poder sometido a vigilancia periodística.
No hace falta prohibir una investigación que nadie tiene recursos para realizar ni censurar una noticia que ningún periodista puede escribir. El debilitamiento puede producirse de una forma mucho más silenciosa: manteniendo formalmente toda la libertad mientras desaparecen poco a poco las personas que disponían de tiempo y salario para ejercerla.
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