El Gobierno ha aprobado la desclasificación de 153 “unidades documentales” sobre el 23F, procedentes de Defensa, Interior y Exteriores, y lo presenta como “toda la documentación encontrada hasta el momento”.
Esa fórmula (“lo encontrado” en esos departamentos) no equivale a “todo lo existente”, ni incluye de forma explícita fondos de Zarzuela, ni del conjunto del CESID/CNI, ni documentación de otros Estados, lo que deja claro que no estamos ante una apertura total de archivos, sino ante una decisión limitada al perímetro administrativo que el propio Gobierno reconoce como localizado.
Los medios que han analizado el paquete subrayan que se trata de informes, notas, transcripciones y comunicaciones internas que, en buena medida, refuerzan la imagen de Juan Carlos I como figura que se niega a avalar la solución Armada y como actor clave en el desenlace del golpe. Al mismo tiempo, se destaca el papel de Felipe González como posible integrante de un gobierno de concentración en los planes de Armada, lo que devuelve su figura al centro del relato de “salvación” institucional.
Ese foco selectivo contribuye a blanquear a ambos, presentándolos como garantes del sistema frente al caos golpista, en lugar de abrir el debate sobre sus responsabilidades políticas más amplias durante la Transición y los años posteriores.
Garcés, Washington y la OTAN: lo que ya estaba escrito
Desde hace años, Joan E. Garcés viene documentando en "Soberanos e intervenidos" el peso de la injerencia exterior en la política española, apoyándose en documentación desclasificada en Estados Unidos y otros países. En ese trabajo se expone cómo Washington y sus aliados impulsaron la restauración de una monarquía “liberal” y una transición que garantizara la integración de España en las estructuras occidentales, con especial énfasis en la OTAN y en el uso estratégico del territorio, las bases y el espacio aéreo.
Diversos estudios y artículos que citan a Garcés recuerdan, por ejemplo, que la base aérea estadounidense de Torrejón estuvo en alerta el domingo previo al golpe y que la lectura que hizo el nuevo presidente Calvo Sotelo del 23F sirvió para acelerar la entrada de España en la OTAN a gran velocidad. Esa documentación desclasificada en Estados Unidos encaja con la idea de una transición “intervenida” en términos geopolíticos, donde no todo se decide dentro de las fronteras españolas.
Que la nueva desclasificación española apenas dialogue con esa dimensión externa, y se limite a papeles internos de tres ministerios, refuerza la sospecha, en mi opinión, de que se quiere cerrar el relato mirando solo al interior y dejando fuera el marco atlántico que condicionó el proceso.
CESID, golpes de Estado y democracia de baja intensidad
Los documentos difundidos y el análisis de medios especializados indican que al menos seis miembros del CESID dieron apoyo operativo al golpe del 23F (planificación logística, vehículos con matrículas falsas, comunicaciones) y que posteriormente se articuló una operación interna para encubrir su implicación (Operación Míster). Se registra incluso la existencia de órdenes de destruir determinados documentos internos una vez leídos, así como maniobras de comunicación para desvincular la destitución del comandante Cortina de su papel en el golpe.
El historiador Julián Casanova, en un análisis reciente sobre el 23F, subraya que los servicios de inteligencia de entonces “ni eran plenamente democráticos ni funcionaban con métodos de clasificación de documentación democráticos”, y que la documentación que generaron “buscaba, sobre todo, proteger a la cúspide”, mientras que la trama civil iba probablemente más allá de lo que recogió la sentencia. Esa valoración coincide con la evidencia de papeles que muestran un CESID envuelto en la logística del golpe y, a la vez, empeñado en controlar el relato posterior desde dentro del aparato del Estado. Todo ello encaja más con una democracia de “baja intensidad”, condicionada por aparatos heredados del franquismo, que con el ideal de servicios de inteligencia al servicio de una ciudadanía soberana.
Si se compara con otros golpes de Estado (por ejemplo, las experiencias latinoamericanas donde convergen intereses internos y externos, papel activo de los servicios de inteligencia y posterior blanqueo narrativo), la pauta es reconocible: los archivos se abren de forma parcial, se protegen las cúpulas y se construye una memoria oficial que presenta el trauma como un momento fundacional de la nueva democracia.
Una segunda transición fabricada, para blindar la primera
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Elma Saiz habló de “acabar con una situación atípica en las democracias modernas” y de “saldar una deuda con los ciudadanos”, ligando la desclasificación a un impulso general de transparencia y a la futura ley de información clasificada. Esa misma comunicación oficial subraya que los documentos serán accesibles vía web de Moncloa, en PDF, sin audios ni vídeos, y que se trata de lo que se ha “encontrado” en los ministerios mencionados.
RTVE y otros medios han publicado guías explicando qué se desclasifica y qué no, señalando que, por ejemplo, el sumario completo del juicio no forma parte de este paquete y que hay materiales que siguen fuera de alcance. El acceso se produce sin una comisión de la verdad específica, sin un órgano independiente que ordene y contextualice los documentos y sin una política integral de archivos que abarque todas las instituciones afectadas.
En mi opinión, estamos ante un gesto político de alto impacto simbólico, pero limitado en alcance, que permite decir “ya está todo abierto” cuando, en realidad, siguen faltando piezas esenciales.
Análisis periodísticos y académicos insisten en que aún quedan “lagunas” clave: las conversaciones completas entre el Congreso y Zarzuela, la definición real del gobierno de concentración que se preparaba, el alcance de la trama civil y el papel completo del CESID.
Plantear sobre esta base una especie de “segunda transición” reconciliadora equivale a cerrar en falso lo que ya se cerró en falso en los años 80: sin revisión profunda de responsabilidades, sin rendición de cuentas y sin integrar en la memoria oficial esos documentos extranjeros que apuntan a una transición fuertemente condicionada desde fuera.
Papeles sin contexto, democracia sin coraje
La teoría archivística y las buenas prácticas de transparencia señalan que abrir fondos sensibles exige no solo desclasificar, sino también describir, contextualizar, cruzar series y evitar que el usuario se ahogue en documentos inconexos. En cambio, se ha optado por volcar 153 unidades documentales en línea, sin una estructura narrativa independiente y sin un marco institucional fuerte que se parezca a una comisión de la verdad.
El resultado es un mar de papeles que, por sí solos, no aclaran las cuestiones de fondo (quién alentó, quién miró hacia otro lado, quién capitalizó el golpe para acelerar la OTAN y blindar el régimen) mientras siguen sin incorporarse plenamente a nuestro debate público los materiales desclasificados en otros países que apuntan a una transición condicionada y a un 23F inscrito en esa lógica.
Más que un acto de valentía democrática, esta operación se parece a un juego de trilero: se muestra mucho papel, se oculta lo estructural y se proclama “transparencia” mientras se mantiene intacta la arquitectura de impunidad y blanqueamiento en torno a la Corona y a quienes gestionaron el cierre de la primera transición.