En teoría, la economía estadounidense de 2025 podría parecer razonablemente robusta: un crecimiento moderado, un consumo aún resistente y una inflación que, aunque terca, muestra señales de contención. Sin embargo, bajo la superficie de la tabla de Excel y de la propaganda trumpista, la situación es muy alarmante. El país avanza por un terreno económicamente inestable, marcado por una combinación poco habitual de políticas improvisadas, shocks autoinfligidos y un debilitamiento de los amortiguadores sociales que históricamente han sostenido a Estados Unidos en tiempos de crisis.
La economía pierde fuerza desde que Donald Trump ganó las elecciones, y las causas no son difíciles de rastrear: un régimen arancelario tan errático que desconcierta a las empresas y una política migratoria tan agresiva que erosiona uno de los pilares del crecimiento estadounidense. A estas tensiones se suman los severos recortes sociales aprobados por el Congreso con los que se pagará la salvaje bajada impositiva a los millonarios, que llegarán justo cuando más podrían necesitarse.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), al que Diario Sabemos ha tenido acceso, descubre una economía que entra en 2025 con menos fuerza del que tenía al salir de la pandemia. El PIB real, que avanzaba cómodamente cerca del 2,5% en 2024, ha empezado a frenarse. El empleo muestra signos de agotamiento. La inflación, que había retrocedido tras su pico global en 2022-23, empieza a desviarse una vez más en la dirección equivocada.
En términos estrictamente macroeconómicos, el país no está en crisis. Pero la macro no refleja la situación real de las familias, por lo que tampoco camina hacia un horizonte estable. El frenazo del mercado laboral y la pérdida de tracción del consumo apuntan a un problema estructural: las decisiones políticas de Donald Trump están contrayendo la economía en lugar de reforzarla.
Guerra arancelaria suicida
La piedra angular de esta fragilidad es el nuevo régimen arancelario promovido por la Administración Trump. Tras su segunda investidura, los aranceles efectivos, que rondaban el 2,4%, se han disparado a más del 17%. Es un salto extraordinario que, traducido a costes, supone una factura adicional de 1,2 billones de dólares para las empresas, buena parte de la cual ya se traslada al consumidor.
No es solo el aumento, sino la imprevisibilidad. Las reglas cambian en ciclos de días: se anuncian tarifas draconianas para luego suspenderse durante 90 días para determinados países; se lanzan amenazas comerciales que paralizan cadenas de suministro completas sin llegar a aplicarse. Las empresas reaccionan como pueden: acumulan inventarios, adelantan pedidos, retrasan inversiones. La economía estadounidense, que prosperó durante décadas gracias a su previsibilidad institucional, se enfrenta ahora a un entorno donde cada decisión empresarial es una apuesta de alto riesgo.
La ironía es que este caos arancelario llega en un momento en que las tensiones comerciales globales, especialmente con China, ya imponían suficiente incertidumbre por sí solas.
Política migratoria, frenazo del crecimiento
A los costes arancelarios se suma otro lastre: las deportaciones masivas y la paralización administrativa del sistema migratorio. Más allá de la dimensión humana, la economía estadounidense depende profundamente de la inmigración para sostener su fuerza laboral. En sectores como agricultura, cuidados a domicilio, construcción y servicios infantiles, los inmigrantes constituyen el núcleo operativo.
Las consecuencias son ya visibles. Entre marzo y julio de 2025, el empleo agrícola cayó en 155.000 puestos de trabajo, una brusca inversión respecto al aumento de 49.000 registrado en el mismo periodo del año anterior. El CBO ha subrayado repetidamente el papel positivo de la inmigración: más trabajadores significan más producción, más consumo y más recaudación. Frenarlo todo de golpe significa, en la práctica, frenar la economía.
Red de seguridad masacrada
En medio de este panorama, la Reserva Federal ha recortado tipos de interés dos veces, una señal inequívoca de preocupación. Pero su margen de maniobra es limitado. Y la red de seguridad que debería proteger a los estadounidenses ante un empeoramiento de las condiciones económicas ha sido masacrada.
El megaproyecto de ley republicano aprobado en verano ha recortado programas esenciales como Medicaid y SNAP, pilares en tiempos de recesión. Son programas que no solo sostienen a las familias durante despidos o caídas de ingresos, sino que además actúan como estímulos automáticos que suavizan los ciclos económicos. Reducirlos, y además transferir mayores costes a los estados, es una receta segura para prolongar y profundizar cualquier contracción.
El resultado es una economía que se encamina hacia el final de 2025 con menos resiliencia que la que tenía incluso antes de la pandemia. El crecimiento se modera, el consumo pierde fuerza, el mercado laboral se enfría, la inflación deja de caer y los programas de apoyo social se encogen. Es un modo singular de hacer América grande otra vez.
La Administración Trump ha apostado por una estrategia económica que combina nacionalismo comercial improvisado, políticas migratorias punitivas y un adelgazamiento del Estado del bienestar. Es una mezcla políticamente seductora para determinados sectores de la extrema derecha, pero económicamente costosa para la mayoría.
Estados Unidos ha vivido ciclos económicos complicados antes, pero rara vez tantos de los riesgos han sido autogenerados. La incógnita no es si habrá un debilitamiento económico más intenso, sino si el país contará con los amortiguadores institucionales para evitar que un bache se convierta en una caída.