Desde 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez ha construido buena parte de su legitimidad política sobre una narrativa de expansión de la política social. Subidas del salario mínimo, revalorización de las pensiones, ingreso mínimo vital, bonos energéticos, ayudas al transporte o escudos sociales frente a la inflación forman parte de un repertorio de anuncios recurrentes. Sin embargo, cuando se contrasta ese relato con los datos oficiales, emerge una realidad más incómoda: las familias de clase media y trabajadora son hoy, en términos reales, más pobres, más vulnerables y con menor capacidad de ahorro que hace una década.
No se trata de una percepción subjetiva ni de un fenómeno exclusivamente coyuntural. Es una tendencia que aparece reflejada de forma consistente en las estadísticas del INE, el Banco de España, la AIReF y organismos europeos como Eurostat. La política social ha crecido en volumen, pero su eficacia redistributiva y protectora se ha erosionado.
La primera grieta aparece al observar la evolución de la renta real de los hogares. Según el INE, aunque la renta nominal media ha aumentado en los últimos años, el efecto acumulado de la inflación ha neutralizado buena parte de ese avance. Entre 2021 y 2024, España registró algunos de los mayores incrementos de precios de la zona euro. El Banco de España ha señalado en varios informes que los salarios reales no han recuperado el poder adquisitivo previo a la crisis inflacionaria, especialmente en los deciles medios y bajos. Las subidas del SMI en teoría han beneficiado a los trabajadores con menores ingresos, pero han tenido un impacto limitado en la clase media asalariada, cuyos sueldos han crecido muy por debajo del IPC.
El resultado es una compresión silenciosa de la clase media. De acuerdo con Eurostat, España se sitúa entre los países de la UE donde más ha aumentado el riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) entre personas con empleo. Es decir, trabajar ya no garantiza salir de la precariedad. En 2023, más del 20% de la población española se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión, una cifra persistentemente superior a la media europea, pese al aumento del gasto social.
La segunda grieta está en el diseño y ejecución de las ayudas. El Ingreso Mínimo Vital, presentado como la gran herramienta estructural contra la pobreza, ha mostrado límites claros. Datos del propio Ministerio de Inclusión y de la AIReF indican que una parte significativa de los hogares elegibles no accede a la prestación, ya sea por barreras administrativas, falta de información o incompatibilidades. Además, su cuantía resulta insuficiente para compensar el encarecimiento del alquiler, la energía y los alimentos, que según el INE han liderado la inflación en los últimos años.
Algo similar ocurre con los llamados bonos sociales y ayudas temporales. Su impacto es real pero fragmentado, y no altera las causas estructurales del empobrecimiento: la debilidad salarial, la precariedad laboral, el elevado coste de la vivienda y una presión fiscal creciente sobre las rentas del trabajo. El Banco de España ha advertido de que el esfuerzo financiero de los hogares para acceder a una vivienda, tanto en alquiler como en compra, se sitúa en niveles históricamente altos, especialmente entre jóvenes y familias trabajadoras.
La tercera grieta es fiscal. Aunque el Gobierno ha defendido que “pagan más los que más tienen”, los datos de la Agencia Tributaria muestran que la mayor parte de la recaudación adicional proviene de impuestos que gravan el consumo y el trabajo, como el IVA y el IRPF. La inflación, al empujar a los contribuyentes a tramos superiores del IRPF sin mejoras reales de renta, ha generado un efecto de subida fiscal encubierta sobre las clases medias. La AIReF ha señalado que este fenómeno ha incrementado la recaudación sin necesidad de cambios normativos, pero a costa del poder adquisitivo de los hogares.
Mientras tanto, la capacidad de ahorro se ha deteriorado. El Banco de España constata que la tasa de ahorro de los hogares ha caído tras el rebote posterior a la pandemia y se sitúa por debajo de la media histórica. Las familias no solo ingresan menos en términos reales, sino que disponen de menos margen para afrontar imprevistos, lo que incrementa su vulnerabilidad ante cualquier shock económico.
Todo ello configura una paradoja política: el Estado gasta más en políticas sociales, pero la sensación de empobrecimiento se extiende. No porque las ayudas no existan, sino porque actúan como parches en un contexto de deterioro estructural. La política social compensa parcialmente, pero no corrige. Y cuando la inflación, la vivienda y la fiscalidad erosionan de forma simultánea a las rentas del trabajo, el resultado es una pérdida sostenida de bienestar.
El riesgo para el Gobierno no es solo económico, sino político. La desconexión entre el discurso social y la experiencia cotidiana de las familias de clase media y trabajadora alimenta la desconfianza institucional y el desapego. Europa ofrece ejemplos claros de lo que ocurre cuando la socialdemocracia se apoya más en el anuncio que en el impacto real: los votantes no castigan la falta de retórica, sino la falta de resultados. Y Vox espera esos votos con los brazos abiertos.
Los datos oficiales dibujan un mensaje inequívoco. Sin reformas que mejoren la productividad, fortalezcan los salarios reales, abaraten el acceso a la vivienda y alivien la carga fiscal sobre el trabajo, la política social seguirá siendo costosa pero insuficiente. Y para millones de hogares españoles, el balance seguirá siendo el mismo: más promesas, más ayudas puntuales, pero menos prosperidad real.