Los datos oficiales derrumban el relato triunfalista del presidente del Gobierno

Pedro Sánchez se presentó ayer ante los medios con su ya tradicional comparecencia de balance semestral, envuelta en la solemnidad de las emergencias climáticas, las guerras internacionales y la retórica de la resiliencia. Incendios, olas de calor, crisis energética, transición ecológica, escudos sociales y reindustrialización. Todo encajaba en un relato abierto en canal para una sola conclusión política, repetida como un mantra desde la Moncloa: España avanza gracias a un Gobierno que siempre responde, siempre anticipa y siempre protege. Pero basta poner ese discurso bajo la lupa de los datos oficiales para que la épica se convierta en ruido y la autosatisfacción quede seriamente cuestionada.

Sánchez habla de un país que multiplica por seis las hectáreas quemadas respecto al año anterior y lo convierte en argumento para un gran pacto climático. Apela a la emergencia para presentar al Ejecutivo como única barrera frente al negacionismo, señalando a sus adversarios como combustible político del fuego que arrasa el territorio. Sin embargo, cuando uno acude a las cifras de la AEMET y a las estadísticas oficiales de incendios forestales, el cuadro es más complejo que la versión simplificada que ofrece el Gobierno. Sí, la emergencia climática agrava el riesgo y la intensidad de los incendios, pero la ciencia y los organismos públicos llevan años subrayando patrones adicionales que el discurso de Sánchez apenas roza: gestión forestal deficiente, abandono del medio rural, falta de continuidad en las políticas de prevención, dispersión competencial, presión urbanística en zonas de interfaz. La emergencia climática existe, es un hecho que sólo los fanáticos negacionistas cuestionan con argumentos banales, pero el relato que la reduce a una batalla moral contra el negacionismo deja fuera la parte de responsabilidad institucional que también pesa sobre el Estado.

La misma lógica de exageración atraviesa el bloque energético. Sánchez se presenta como el presidente que “derogó el impuesto al sol” y lanzó a España a la vanguardia de la transición ecológica. Pone cifras sobre la mesa: potencia instalada renovable que pasa del 47% al 72%, mix eléctrico con un 60% de fuentes limpias y precios de la electricidad “entre los más bajos de Europa”, supuestamente la mitad que en Alemania y una tercera parte que en Italia. Pero cuando se contrastan esos datos con los informes de Red Eléctrica de España y las estadísticas comparativas de Eurostat, la versión oficial comienza a perder brillo. Es cierto que la penetración renovable ha crecido de forma notable en España, especialmente en fotovoltaica y eólica, y que eso ha contribuido a moderar los precios en determinadas franjas horarias. Sin embargo, el mercado eléctrico español ha registrado episodios de altísima volatilidad, no ha dejado de sufrir momentos de tensión, y los precios medios para hogares y pequeñas empresas han estado lejos de ser un oasis permanente frente al resto de Europa. La narrativa de “los más bajos de Europa” suena bien en una rueda de prensa, pero es mucho menos sólida cuando se mira la serie temporal y se comparan tarifas finales, impuestos, cargos regulados y estructura de consumo.

El discurso se vuelve abiertamente propagandístico cuando el presidente se apropia del crecimiento y el empleo como prueba definitiva del éxito de su gestión. La idea de una España que “no se ha detenido”, que “ha avanzado pese a todas las crisis” y que convierte cada reto en oportunidad puede funcionar como lema de campaña, pero queda desmentida en parte por el propio Instituto Nacional de Estadística (INE) y por los análisis del Banco de España, la AIReF y Eurostat. Las cifras del INE confirman que la economía española ha crecido por encima de la media de algunas grandes economías europeas en determinados tramos, pero también reflejan un patrón estructural conocido: bajo nivel de productividad, alta precariedad laboral, elevados niveles de paro juvenil y una brecha persistente entre retórica de modernización y realidad de los salarios bajos. Cuando Sánchez habla de prosperidad y de empleo de calidad, olvida que España sigue instalada entre los países con mayor tasa de desempleo de la Unión Europea y que buena parte de los nuevos puestos se concentran en sectores de servicios de baja productividad, contratos temporales y niveles retributivos que apenas permiten sostener proyectos vitales sólidos.

La revalorización de las pensiones y la subida del salario mínimo interprofesional aparecen en su discurso como pilares de una transformación social histórica. Nadie discute el impacto inmediato de esas medidas sobre millones de personas, pero el relato se transmuta en propaganda al ignorar deliberadamente las advertencias de organismos como la AIReF sobre la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. El Gobierno vende el presente como si el futuro estuviera garantizado por decreto, pero la realidad fiscal española, marcada por un alto nivel de deuda pública y una estructura de ingresos insuficiente, dista mucho de esa tranquilidad que Sánchez pretende proyectar.

Con la misma ligereza política, el presidente se atribuye la capacidad de haber protegido a hogares, autónomos y empresas con un “escudo” económico que habría convertido a España en ejemplo de respuesta frente a las crisis, desde la pandemia hasta Ucrania y el conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, los informes del Banco de España y de la Comisión Europea dejan claro que el impacto inflacionario fue duro y prolongado, que el incremento de precios debilitó de manera significativa el poder adquisitivo de los hogares y que las medidas de alivio, aunque mitigaron parcialmente esa presión, no anularon sus efectos. Hablar de “escudo” como si la economía española hubiese atravesado la tormenta sin daños es una distorsión deliberada. Los datos muestran que el coste social de la inflación fue real, que las rentas medias y bajas soportaron con claridad la subida de la cesta de la compra y que el supuesto éxito gubernamental no evitó el deterioro material en muchas familias.

La comparación que Sánchez establece entre su Gobierno y “lo que hicieron otros” cuando gobernaron es incompleta desde el punto de vista de las cifras. Al señalar al anterior Ejecutivo por gravar el sol y frenar renovables, obvia que buena parte de la transformación energética que exhibe fue favorecida también por decisiones europeas, por la caída de costes tecnológicos, por la presión regulatoria comunitaria y por un contexto internacional en el que la transición dejó de ser una opción para convertirse en exigencia. La energía renovable no es un invento del sanchismo; es el resultado de una combinación de factores que el presidente se apresura a concentrar en su propia figura para reforzar la narrativa de liderazgo.

El tramo del discurso dedicado al “crecimiento económico, la creación de empleo de calidad y la reindustrialización” merece una lectura especialmente estricta. Los datos del INE y del Banco de España muestran que, aunque la inversión extranjera directa ha encontrado en España un terreno relativamente atractivo en algunos sectores, la supuesta “reindustrialización” dista mucho de ser un fenómeno consolidado. El tejido industrial español sigue teniendo un peso inferior al de muchas economías de referencia en Europa, la política industrial sufre una fragmentación territorial patente, y los sectores de alto valor añadido conviven con una estructura empresarial marcada por microempresas, baja digitalización real y una posición competitiva que no justifica el tono triunfal que emplea Sánchez. Hacer pasar por revolución lo que en muchos casos son ajustes parciales y respuestas coyunturales a programas europeos es otro ejemplo de inflación retórica.

Lo mismo ocurre cuando el presidente reivindica la agenda del “sentido común”: revalorizar pensiones, subir el salario mínimo, reforzar la negociación colectiva, rebajar impuestos a autónomos, anticiparse a la emergencia climática y gestionar migraciones. Esa lista funciona como catálogo político, pero se descompone en cuanto se analiza cada pieza con los datos delante. La subida del SMI ha tenido efectos positivos para determinados colectivos, pero también ha generado importantes nichos de fraude en sectores empresariales; el refuerzo de la negociación colectiva ha convivido con reformas parciales que no abordan del todo la dualidad laboral; las políticas migratorias, lejos de ser un modelo estable, siguen sometidas a improvisación y a equilibrios frágiles entre presión fronteriza, regularizaciones indirectas y gestión europea. El presidente sintetiza todo en “agenda del sentido común” para blindar políticamente su acción, pero la realidad que describen los organismos públicos está cargada de matices, contradicciones y agujeros que el lenguaje oficial prefiere ocultar.

La apelación a la AIReF es particularmente significativa por su ausencia real en el discurso. Sánchez habla de decisiones “valientes” y de un Gobierno que “no escatima recursos”, pero no menciona que la AIReF lleva tiempo alertando sobre el uso recurrente del decreto-ley, sobre la ausencia de evaluación sistemática de muchas políticas y sobre la necesidad de reducir la deuda pública y estabilizar el déficit estructural. El Ejecutivo presenta cada nuevo paquete de gasto como escudo, sin integrar en su relato la presión acumulada que eso genera sobre las cuentas de un país que no ha resuelto sus problemas de productividad ni ha ampliado de forma sostensible su base fiscal.

Los datos de Eurostat, por su parte, desmienten otra de las insinuaciones del presidente: la idea de que España estaría claramente mejor que otras economías europeas en casi todos los frentes. La estadística europea coloca a España en posiciones intermedias o bajas en variables clave como productividad, renta per cápita, paro estructural, tasa de ahorro y esfuerzo fiscal sobre determinados tramos de población. Los indicadores de desigualdad muestran mejoras parciales, pero no una ruptura clara con la tendencia anterior. Y la comparación de precios y salarios con países como Alemania, Francia o Italia revela que la distancia sigue siendo significativa, por más que Sánchez insista en que los precios de la electricidad o determinadas políticas hayan situado al país en un supuesto liderazgo que los datos no respaldan con la contundencia que su discurso sugiere.

La retórica de Sánchez sobre la guerra de Irán y el conflicto en Oriente Próximo, utilizada para justificar un nuevo paquete de medidas de protección, refuerza la impresión de que el Gobierno vive instalado en una narrativa de crisis perpetua que legitima un uso continuado de decretos, excepciones y escudos. Esta lógica puede servir puntualmente, pero cuando se convierte en rutina, termina debilitando el propio marco institucional y dificulta la planificación a medio plazo. Los informes del Banco de España y de la AIReF insisten en la necesidad de recuperar márgenes fiscales, reconstruir colchones financieros y ajustar el gasto a una senda compatible con la estabilidad. Nada de eso aparece en la comparecencia de Sánchez, centrada exclusivamente en la exhibición de medidas sin mención a los límites.

Al final, la pieza central del problema no está en que el Gobierno no haya hecho cosas, que, aunque pocas, las ha hecho, sino en cómo las cuenta. El discurso de Sánchez es una construcción política orientada a disolver los matices, a ocultar las aristas y a elevar el balance a una especie de verdad autoevidente: España avanza porque el Gobierno es valiente, responsable y progresista. Pero los datos del INE, la AEMET, el Banco de España, la AIReF, Eurostat y Red Eléctrica dibujan otra España: un país que ha aprovechado algunas oportunidades, que ha aplicado instrumentos útiles en momentos críticos, pero que sigue atrapado en problemas estructurales de desigualdad, pobreza, paro, precariedad, fragilidad fiscal y vulnerabilidad climática.

Ese contraste es lo que vacía de credibilidad la narrativa triunfalista. La propaganda puede llenar titulares, pero no modificar series estadísticas. La retórica puede vestir de épica cada comparecencia, pero no cambiar la realidad de los ciudadanos que siguen viendo cómo sube la cesta de la compra, cómo el alquiler y la vivienda se hacen inalcanzables en muchas ciudades, cómo el empleo sigue siendo inseguro y cómo la brecha territorial se agrava. El Gobierno puede repetir que “España está mejor que nunca”, pero mientras los organismos oficiales continúen señalando una mezcla de avances parciales y desequilibrios persistentes, el relato de éxito seguirá siendo, en gran medida, un producto político y no una descripción fiel del país.

El balance semestral de Pedro Sánchez no es tanto un análisis como un ejercicio de autodefensa. Un intento de blindar la presidencia frente a la evidencia de que el progreso que proclama es menos sólido, menos inclusivo y menos profundo de lo que dice. La España que describen el INE, la AEMET, el Banco de España, la AIReF, Eurostat y Red Eléctrica no es una España derrotada, pero tampoco es la España triunfal que la Moncloa pretende vender. Es una España en tensión, a medio camino, que necesita menos propaganda y más política de verdad.