Vox ha decidido que sus representantes en Castilla y León, Extremadura y Aragón no acudirán hoy a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para abordar la situación de los menores llegados a Ceuta. Tampoco esperará a conocer qué soluciones salen de la reunión. Sus vicepresidentes autonómicos ya han anunciado que recurrirán los expedientes de traslado que no terminen con el retorno de esos menores a Marruecos.
Carlos Pollán, Óscar Fernández Calle y Alejandro Nolasco han comunicado al Ministerio de Juventud e Infancia la ausencia de sus comunidades y han exigido que conste expresamente su rechazo a cualquier distribución de menores desde Ceuta hacia otros territorios.
La conclusión, por tanto, llega antes que el debate. Vox sostiene que las comunidades en las que gobierna están saturadas y propone mantener provisionalmente a los menores en Ceuta hasta completar los procedimientos de reunificación familiar o retorno. Precisamente Ceuta reclama ayuda porque su capacidad de acogida se encuentra sometida a una presión extraordinaria.
El Gobierno ha declarado oficialmente la situación de interés para la Seguridad Nacional después de que las llegadas de finales de julio superaran las capacidades ordinarias de gestión, acogida y asistencia, entre otros servicios públicos. No se trata únicamente de una valoración política sobre la gravedad del momento. La situación figura ya en el real decreto publicado en el BOE.
Los menores detrás de la palabra inmigración
La Conferencia Sectorial deberá abordar los 25 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros para Ceuta. El destino del dinero permite hacerse una idea bastante precisa de lo que está en discusión: alojamiento, alimentación, vestuario, atención médica, asistencia jurídica, escolarización, acompañamiento socioeducativo, traducción, atención psicológica y refuerzo de plazas y personal del sistema de protección.
La reunión que Vox ha decidido plantar no discute, por tanto, una abstracción sobre política migratoria. Tiene que decidir cómo atender a niños y adolescentes que ya están en España.
Sobre la mesa figura además la posibilidad de trasladar a la Península a 500 niñas en situación de especial vulnerabilidad para aliviar los recursos ceutíes. El Ministerio de Juventud e Infancia lleva semanas trabajando con las autoridades de la ciudad y desplazó un equipo técnico para acelerar los procedimientos de acogida.
La respuesta de Vox cabe prácticamente en una palabra: retorno.
También resulta revelador el vocabulario. La formación vuelve a hablar del «reparto de menas», una expresión convertida desde hace años en una de las piezas centrales de su discurso migratorio. Al mismo tiempo, invoca el interés superior del menor y la Convención sobre los Derechos del Niño para defender su regreso a Marruecos.
Pero el interés superior del menor no funciona como una orden general de devolución. Obliga a estudiar cada situación, comprobar las circunstancias familiares y determinar qué alternativa ofrece mayores garantías para cada niño. Los retornos requieren procedimientos individualizados precisamente porque detrás de una categoría administrativa existen menores con situaciones diferentes.
Vox argumenta que trasladarlos lejos de Marruecos puede dificultar una eventual reunificación familiar. Es una posición que puede defender y discutir con las demás administraciones. Lo difícil de conciliar es esa preocupación por encontrar la mejor solución para los menores con la decisión de no acudir a la reunión en la que deben abordarse esas soluciones.
La política de la silla vacía
La ausencia de este jueves tampoco será la primera. Castilla y León, Extremadura y Aragón ya faltaron a la Comisión Sectorial del pasado 13 de agosto, la reunión técnica preparatoria de la conferencia.
Vox ha optado así por trasladar su desacuerdo político fuera de los mecanismos ordinarios de cooperación entre administraciones. Puede rechazar los traslados y recurrirlos ante los tribunales. Lo que resulta más difícil es defender los intereses de una comunidad desde una silla vacía cuando precisamente se están discutiendo responsabilidades, plazas y recursos.
Participar tiene además una consecuencia poco compatible con los mensajes simples: obliga a entrar en los detalles.
Obliga a conocer cuántas plazas existen, qué menores pueden ser reunificados con sus familias, cuáles necesitan protección, qué recursos requiere cada territorio y qué permite la legislación. La silla vacía evita todo eso y conserva intacto el discurso.
Ese comportamiento encaja con la posición que Vox viene manteniendo sobre inmigración. La cuestión migratoria ocupa un lugar central en su estrategia política y episodios muy diferentes terminan desembocando con frecuencia en un mismo marco: saturación, inseguridad, expulsión y control de fronteras. Ceuta presenta una realidad bastante menos manejable.
Existen menores identificados, otros pendientes de filiación, posibles reunificaciones familiares, situaciones de especial vulnerabilidad y un sistema de protección que necesita descargar parte de la presión acumulada. No todos pueden recibir la misma respuesta porque no todos tienen la misma historia ni se encuentran en la misma situación jurídica y familiar.
Eso es precisamente lo que tendrán que discutir este jueves las administraciones que sí se sienten a la mesa. Vox ha decidido no estar allí, prefiere llevar los traslados a los tribunales y defender el retorno a Marruecos como respuesta. La reunión seguirá adelante. Los menores seguirán en Ceuta. Y alguien tendrá que decidir qué hacer con ellos.
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