Durante demasiado tiempo, la justicia española observó la violencia machista como si los hijos fueran simples espectadores colaterales del daño, como si el conflicto perteneciera únicamente a los adultos.Como si los menores pudieran permanecer intactos dentro de hogares atravesados por el miedo, las amenazas y la dominación cotidiana. Hoy ya casi nadie sostiene seriamente esa ficción, y sin embargo las instituciones siguen llegando tarde demasiadas veces.
Las palabras pronunciadas este lunes por María Ángeles Carmona en el Congreso contienen precisamente esa sensación de urgencia. No habló únicamente de reformas legales. Habló de miedo. Del miedo concreto de muchas mujeres que no abandonan una relación violenta porque saben que, en el momento en que se marchen, sus hijos pueden quedar solos frente al agresor.
La frase resulta devastadora precisamente porque revela hasta qué punto la violencia vicaria ha dejado de ser una excepción para convertirse en una amenaza reconocible.
“Mientras esté yo allí, yo recibo los golpes. Cuando yo me vaya, ¿quién protege a mis hijos?”. Hay algo terrible en esa pregunta.
Porque desmonta uno de los lugares comunes más repetidos durante años, la idea de que denunciar siempre garantiza protección inmediata. Muchas mujeres no perciben eso. Perciben incertidumbre. Perciben grietas judiciales. Perciben sistemas que todavía funcionan con lentitud incluso cuando el riesgo ya es evidente.
Por eso Carmona pidió modificar el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, ante indicios de violencia de género, el régimen de visitas quede directamente prohibido cuando no exista previamente establecido. No suspendido. No revisado más adelante. Prohibido desde el inicio.
La diferencia jurídica parece técnica. Pero políticamente es enorme. Porque supone asumir algo que el movimiento feminista lleva años repitiendo: la violencia machista no desaparece automáticamente cuando termina la convivencia. Muchas veces cambia simplemente de forma.
Y una de esas formas es utilizar a los hijos como instrumento de castigo emocional contra la madre.
El propio Tribunal Supremo lo describió con crudeza en la sentencia citada por Carmona sobre el caso de Sueca. “Causar el mayor dolor imaginable.” Ahí está probablemente la definición más precisa de la violencia vicaria. No se trata solo de hacer daño al menor. Se trata de convertir ese daño en un mecanismo extremo de dominación machista.
Por eso resulta tan importante la insistencia de Carmona y del forense Miguel Lorente en que esta violencia no puede analizarse de forma aislada o neutral. Existe dentro de un contexto específico de violencia de género. Y ahí aparece uno de los debates más incómodos.
Porque todavía hoy persiste en ciertos sectores políticos y judiciales una resistencia profunda a aceptar esa dimensión estructural. Vox volvió a escenificarla en la comisión cuestionando que la violencia vicaria se vincule específicamente con hombres agresores y preguntando por los casos donde son las madres quienes asesinan a sus hijos. El problema de ese planteamiento no es negar que existan tragedias familiares diversas. El problema es utilizar excepciones individuales para desdibujar un patrón social ampliamente documentado.
La violencia vicaria no se explica simplemente por el parentesco con los menores. Se explica por relaciones de poder construidas desde el machismo, la posesión y el control. Y eso tiene consecuencias jurídicas.
Porque si se acepta que convivir en un entorno de violencia ya constituye una forma de daño sobre la infancia, entonces el sistema judicial no puede seguir funcionando únicamente desde la lógica de la prudencia burocrática o del equilibrio abstracto entre derechos parentales. Tiene que actuar antes.
Ahí reside probablemente el núcleo político de la comparecencia de Carmona. En cuestionar una cultura judicial que durante demasiado tiempo interpretó la protección infantil desde parámetros excesivamente formalistas.
La propia letrada habló de “falta de coordinación total y absoluta” entre juzgados en algunos casos dramáticos. Y señaló algo especialmente grave: que muchos jueces de familia siguen sin tener acceso completo a denuncias previas por violencia si no existen medidas cautelares activas.
Es decir, todavía existen compartimentos estancos dentro del sistema precisamente allí donde más información compartida debería existir.
La violencia vicaria no prospera únicamente por la brutalidad de los agresores. También encuentra espacio en las zonas lentas, fragmentadas y descoordinadas del Estado.
Por eso Carmona insistió tanto en la especialización judicial y en la necesidad de crear tribunales específicos de infancia y adolescencia en todo el territorio. Porque proteger a los menores exige algo más que endurecer penas después de las tragedias. Exige construir estructuras capaces de detectar el riesgo antes. Y quizá ahí esté la cuestión más difícil de todas.
La justicia democrática vive siempre atrapada entre dos miedos opuestos. El miedo a actuar demasiado pronto y limitar derechos injustamente. Y el miedo a actuar demasiado tarde cuando el daño ya es irreversible. La violencia vicaria obliga precisamente a decidir de qué lado quiere equivocarse el sistema. Porque cada vez resulta más evidente que, en demasiadas ocasiones, el precio de la prudencia institucional lo terminan pagando los hijos.