La designación de Piero Pioppo como nuevo representante del Vaticano en España es mucho más que un relevo diplomático. Aporta continuidad a un modelo eclesial que ha preferido la obediencia al poder antes que el compromiso con la verdad, y siembra inquietud sobre el futuro de los procesos pendientes con la Iglesia: la reparación a las víctimas de abusos, el control sobre el patrimonio inmatriculado o el papel del Estado en la tutela del interés público frente a los privilegios eclesiásticos.
El legado que vuelve por la puerta trasera
La llegada de Pioppo a la nunciatura no puede leerse en clave de neutralidad diplomática. Su trayectoria lo sitúa en el corazón mismo de una Iglesia que gestionó el poder desde la opacidad, construyendo alianzas con regímenes autoritarios, silenciando denuncias internas y blindando estructuras financieras plagadas de irregularidades. Su nombre está vinculado al círculo de confianza de Angelo Sodano, una figura que encarna la etapa más oscura del poder vaticano reciente, con acusaciones de encubrimiento sistemático de abusos sexuales y de prácticas de corrupción estructural.
El recorrido de Pioppo responde a una arquitectura eclesial profundamente jerárquica, poco permeable a los procesos de rendición de cuentas y anclada en una concepción autoritaria del liderazgo. Su paso por el IOR —el banco vaticano— coincidió con años de turbulencia financiera que muchos dentro del propio Vaticano identificaron como una amenaza para la credibilidad de la institución. Su papel, entonces y ahora, no ha sido el de abrir puertas, sino el de proteger muros.
Este perfil suscita serias dudas sobre el papel que ejercerá en los debates clave que atraviesan las relaciones entre la Iglesia española y el Estado: la exigencia de justicia para las víctimas de abusos, el cumplimiento de los acuerdos para devolver bienes inmatriculados de forma irregular, o el necesario diálogo para abordar el papel de la institución en un Estado aconfesional. La llegada de un nuncio con un pasado cuestionado no augura un compromiso sincero con esas agendas.
Una oportunidad perdida en clave de reconciliación
El nombramiento de Pioppo representa también una oportunidad perdida para abordar, desde otro enfoque, los desafíos de fondo que la Iglesia católica arrastra en España. Se trata de una institución que mantiene un estatuto jurídico privilegiado, que sigue beneficiándose de exenciones fiscales y financiación pública mientras niega una reparación efectiva a las víctimas de sus silencios. En este contexto, la figura del nuncio debería ser mucho más que un gestor de nombramientos episcopales, debería ser un puente para acompañar, con valentía, un proceso de apertura y justicia largamente aplazado.
Sin embargo, el perfil conservador de Pioppo, su cercanía a estructuras cuestionadas y su escaso protagonismo en procesos de renovación real, apuntan a un continuismo preocupante. La Iglesia, que aún no ha asumido con plenitud su responsabilidad en la crisis de los abusos sexuales ni ha aceptado someterse a mecanismos independientes de investigación, parece más inclinada a blindarse que a transformarse. Y el Vaticano, al optar por este tipo de perfil para una plaza estratégica como España, parece asumir esa lógica.
Todo ello en un contexto donde la sociedad española exige cada vez con más fuerza transparencia, justicia y reparación. Las víctimas de abusos no necesitan diplomáticos hábiles, sino representantes eclesiales capaces de escuchar, reconocer errores y asumir responsabilidades. Y el Estado no puede seguir negociando a oscuras con una institución que, en demasiados momentos, ha antepuesto su autoprotección al bien común.
El nombramiento de Pioppo es un síntoma, un signo de que sectores aún muy influyentes dentro de la Iglesia siguen sin comprender la magnitud del daño causado por décadas de impunidad. No se trata solo de nombres y cargos, se trata de la voluntad real de abrir procesos de reparación, de revisar los privilegios históricos, de acercar la Iglesia a la verdad y no al poder.
España necesita una interlocución eclesial distinta. Más comprometida con los derechos humanos, más receptiva a la crítica democrática, más dispuesta a caminar junto a una sociedad que ya no acepta discursos morales que se construyen sobre el silencio de las víctimas. Y esa transformación no llegará con gestos vacíos, sino con decisiones que asuman el peso de la historia y el deber de justicia. La Iglesia tiene aún la posibilidad de elegir qué rostro mostrar. Este nombramiento, por desgracia, parece insistir en el de siempre.