El trabajo autónomo español continúa creciendo, pero lo hace acompañado de una transformación menos visible que el simple aumento de afiliados. Cada vez son más los profesionales que desarrollan su actividad vinculados a una sociedad, una evolución que ha llevado a UPTA a reclamar una revisión de las diferencias fiscales entre quienes tributan directamente por IRPF y quienes organizan su actividad mediante una estructura societaria.
Los datos correspondientes al primer semestre de 2026 muestran la dimensión del cambio. España pasó de 1.110.376 autónomos vinculados a sociedades en enero a 1.131.752 en junio, 21.376 más en apenas seis meses, lo que supone un incremento cercano al 2%. Este colectivo representa ya aproximadamente el 32,4% del conjunto de trabajadores autónomos.
Dentro de ese grupo existen además dos realidades diferenciadas. En junio había 515.144 autónomos que figuraban como socios de sociedades y otros 616.608 vinculados a órganos de administración. El crecimiento se concentra especialmente entre estos últimos, que han aumentado en 18.472 personas desde enero, frente a los 2.904 nuevos socios registrados durante el mismo periodo.
Para UPTA, la evolución merece algo más que una lectura estadística. Su presidente, Eduardo Abad, sostiene que la fiscalidad está adquiriendo demasiado peso a la hora de decidir bajo qué fórmula jurídica se desarrolla una actividad económica. La organización defiende que constituir una sociedad debería responder a cuestiones como la dimensión del negocio, sus necesidades financieras, su estructura o sus perspectivas de crecimiento, y no convertirse principalmente en una decisión orientada por la diferencia entre tributar mediante IRPF o hacerlo a través del Impuesto sobre Sociedades.
La reivindicación enlaza con una propuesta que UPTA lleva tiempo planteando. En su documento de reforma fiscal, la organización propone aliviar el IRPF soportado por pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia y avanzar hacia una estructura tributaria que distribuya el esfuerzo de acuerdo con la capacidad económica. Entre sus argumentos figura la necesidad de proporcionar mayor liquidez a los autónomos y facilitar la inversión y la consolidación de sus actividades.
Más autónomos y mayor capacidad de empleo
La discusión fiscal aparece, además, en un momento de expansión del colectivo. Según los datos difundidos este jueves por UPTA, España alcanzó en junio los 3.490.048 trabajadores autónomos, frente a los 3.420.468 contabilizados en enero. Son 69.580 más durante el primer semestre, un crecimiento del 2%.
La evolución ha sido positiva a lo largo de los seis primeros meses del año y refuerza el peso del trabajo por cuenta propia dentro de la estructura productiva española. UPTA considera, sin embargo, que el éxito de las políticas dirigidas al colectivo no debería medirse únicamente por el número de nuevas altas. La cuestión decisiva es cuántos de esos proyectos consiguen sobrevivir, crecer, invertir y generar empleo estable.
Ese último elemento ofrece uno de los datos más relevantes del balance. El número de autónomos con trabajadores contratados pasó de 473.555 en enero a 489.396 en junio, un incremento del 3,3%. En conjunto, estos profesionales sostenían al cierre del semestre más de 1,15 millones de empleos asalariados.
La mayoría continúa respondiendo al perfil de pequeño empleador. Cerca de 256.000 autónomos tienen un solo trabajador contratado, casi 99.000 cuentan con dos y alrededor de 50.000 emplean a tres personas. Solo 55.642 disponen de plantillas de cinco o más trabajadores. Son cifras que describen una parte esencial del tejido empresarial español, formado por actividades pequeñas cuya frontera entre autoempleo y empresa resulta muchas veces bastante estrecha.
Una fiscalidad que acompañe al pequeño negocio
UPTA sitúa precisamente ahí el núcleo de su propuesta. La cuestión ya no consiste únicamente en favorecer la creación de nuevos autónomos, sino en conseguir que aquellos que funcionan tengan condiciones para consolidarse. La organización ha reclamado durante los últimos meses reformas del marco regulador y fiscal y presentó en junio una propuesta de modernización del Estatuto del Trabajo Autónomo, al considerar que parte de sus instrumentos actuales necesitan adaptarse a la realidad económica del colectivo.
El crecimiento de los autónomos societarios introduce ahora una nueva pieza en esa discusión. La existencia de regímenes tributarios distintos es inherente a figuras jurídicas diferentes, pero UPTA considera que la distancia entre ambos modelos no debería ser suficientemente determinante como para alterar la decisión empresarial.
El planteamiento de la organización apunta así hacia un equilibrio delicado. Se trata de preservar las particularidades fiscales de cada forma jurídica sin penalizar al profesional que continúa desarrollando su actividad como persona física. Si casi uno de cada tres autónomos está ya vinculado a una sociedad, la elección entre seguir tributando por IRPF o constituir una estructura societaria ha dejado de ser una cuestión menor para convertirse en una de las transformaciones silenciosas del trabajo autónomo en España
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