La negativa de Donald Trump a fijar un calendario electoral en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro marca un giro inquietante: Washington no solo interviene, sino que asume explícitamente el mando político del país, sin mandato internacional ni horizonte democrático definido.
El poder sin intermediarios
Las declaraciones de Trump no dejan espacio para interpretaciones benevolentes. Cuando afirma que “no se pueden celebrar elecciones” y que “primero hay que arreglar el país”, no está describiendo una fase transitoria de estabilización, sino atribuyéndose una potestad que no le corresponde: decidir cuándo y cómo un país soberano puede volver a votar.
El énfasis en que es él, y no su administración colegiada ni ningún organismo internacional, quien está “al mando” de Venezuela no es una hipérbole. Es una formulación personalista del poder, impropia incluso de las intervenciones internacionales más agresivas de las últimas décadas. No hay referencia a resoluciones multilaterales, a mediación regional ni a mecanismos de verificación democrática. Solo una cadena de mando directa que conduce a la Casa Blanca.
Ese planteamiento no suspende únicamente el calendario electoral: suspende la soberanía.
La democracia como variable aplazable
El argumento de que “no se puede votar” porque el país necesita ser “arreglado” invierte el principio básico de cualquier transición democrática: que la legitimidad política no es un resultado posterior a la estabilidad, sino su condición previa. Bajo esta lógica, el derecho al voto se convierte en una concesión administrativa, no en un derecho fundamental.
Trump evita comprometerse no ya con una fecha concreta, sino con un criterio objetivo que permita anticipar cuándo la población venezolana recuperará la capacidad de decidir. El resultado es una indefinición calculada, que deja el futuro político del país en un limbo gobernado desde fuera y sin contrapesos internos.
La democracia aparece así subordinada a la conveniencia estratégica de Estados Unidos, no al interés ni a la voluntad de los venezolanos.
Una tutela sin legitimidad internacional
El vacío de legitimación es uno de los elementos más problemáticos del escenario actual. No hay una misión internacional reconocida, ni un marco jurídico que ampare la gestión estadounidense. Tampoco existe una hoja de ruta compartida con la oposición venezolana que permita hablar de una transición pactada.
Al relegar a un segundo plano a los actores democráticos internos y al situar a Washington como árbitro único del proceso, Trump reproduce una lógica de ocupación política, aunque evite ese término. La continuidad institucional queda en manos de figuras designadas sin respaldo electoral, mientras la oposición queda reducida a un papel testimonial.
No es una transición dirigida desde fuera para devolver el poder al pueblo, sino una administración externa sin mecanismos claros de devolución del poder.
Un precedente incómodo
Más allá del caso venezolano, el mensaje es inequívoco: una potencia puede intervenir, capturar a un jefe de Estado, asumir el control político y decidir unilateralmente cuándo —o si— habrá elecciones. Ese precedente erosiona el ya debilitado marco del derecho internacional y normaliza la idea de que la fuerza puede sustituir al voto como mecanismo de cambio político.
Trump no se limita a justificar una operación excepcional; institucionaliza la excepcionalidad. Y lo hace con un lenguaje que prescinde de cualquier referencia a límites, plazos o responsabilidades compartidas.
El resultado es un escenario de máxima fragilidad democrática, en el que Venezuela pasa de un autoritarismo interno a una tutela externa sin garantías, mientras la población queda, una vez más, al margen de las decisiones que determinan su futuro político.