Donald Trump ha cruzado otra línea, esta vez en aguas del Pacífico. La octava operación letal contra una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico se ha cobrado dos nuevas vidas. Pero la noticia no es solo el ataque, sino la doctrina que lo sustenta: una política exterior basada en la unilateralidad armada, la desinformación táctica y la ruptura deliberada de cualquier pacto internacional, incluido el respeto por las soberanías ajenas.
El nuevo mapa bélico: del Caribe al Pacífico
El bombardeo frente a la costa colombiana no es un episodio aislado. Es el primer movimiento visible de una expansión militar que convierte el narcotráfico en justificación y la intervención unilateral en norma. Siete ataques previos, todos en aguas caribeñas y vinculados al cerco sobre Venezuela, sirvieron de antesala. Ahora, Estados Unidos opera frente a Colombia, sin consulta y sin permiso, como quien ensaya una doctrina sin fronteras.
La administración Trump ha dejado claro que no necesita autorización del Congreso. Lo dijo él mismo, con su habitual desparpajo constitucional, al asegurar que notificará “si algún día decide operar en tierra”. La frase, lanzada en el Despacho Oval con tono casi festivo, no disimula lo evidente: el presidente se mueve como un comandante en jefe sin controles ni contrapoderes.
Desde el inicio de esta campaña —camuflada de lucha antidroga— ya han muerto 29 personas. Sin juicio, sin mediación diplomática, sin mecanismos de verificación. El Pentágono habla de “narcoterroristas”, y el presidente de “lunáticos”. El lenguaje se ha vuelto arma de guerra. Y los tratados, letra muerta.
Colombia en el punto ciego
La extensión del conflicto a Colombia se produce en plena crisis diplomática. Días antes del ataque, Trump acusó a Gustavo Petro de ser “líder del narcotráfico” y suspendió toda ayuda financiera a su Gobierno. El embajador colombiano fue llamado a consultas, pero las bombas llegaron antes que la diplomacia.
Esta vez no fue un “error de identificación”, como se argumentó tras la muerte de un pescador colombiano durante un ataque anterior. La operación del Pacífico fue reconocida por el secretario de Guerra (nuevo eufemismo en tiempos de regresión), quien celebró que “no hubo bajas estadounidenses”.
Dos muertos en una lancha sin defensa, en aguas internacionales, sin pruebas presentadas, sin transparencia posterior. La impunidad armada se viste de retórica antinarco, pero se sostiene en otra lógica: la del dominio militar al servicio de una agenda electoral.
La pregunta que empieza a inquietar en foros internacionales es sencilla: ¿qué sucede si mañana muere un ciudadano europeo en una de estas operaciones? ¿O si la “narcolancha” atacada no lleva drogas, sino refugiados? El precedente, en todo caso, está creado: Estados Unidos se reserva el derecho de ejecutar fuera de su territorio sin necesidad de proceso, pruebas ni supervisión judicial.
En un mundo donde el multilateralismo apenas sobrevive y el derecho internacional se interpreta según el calendario electoral, lo que está en juego no es solo la política antidroga. Lo que se erosiona es el concepto mismo de soberanía, proporcionalidad y legalidad global.
Trump, que promete campaña en clave de orden, parece tener clara su ecuación: si el derecho incomoda, se bombardea primero y se justifica después. El narco, mientras tanto, sigue haciendo su agosto por tierra. Pero eso ya no entra en la foto.