Donald Trump utilizó su discurso del Estado de la Unión para algo distinto a lo que tradicionalmente representa ese acto en la democracia estadounidense. No fue un balance de gobierno ni una apelación institucional al consenso mínimo entre poderes. Fue, más bien, la escenificación de un presidente convencido de que la legitimidad electoral sustituye a los límites constitucionales, incluso cuando estos están escritos negro sobre blanco.
El proteccionismo como excusa para gobernar sin contrapesos
El anuncio más relevante pasó casi envuelto entre aplausos republicanos cuidadosamente sincronizados y protestas demócratas: los nuevos aranceles impulsados por la Casa Blanca no pasarán por el Congreso. No es un matiz técnico. Es el núcleo del problema.
Trump pretende convertir en permanentes unos gravámenes aprobados mediante un mecanismo legal pensado precisamente para situaciones temporales, 150 días como máximo, salvo validación parlamentaria posterior. El propio diseño de la norma busca impedir que un presidente utilice la política comercial como instrumento unilateral de poder económico.
Pero Trump lleva tiempo considerando esas limitaciones como una molestia administrativa más que una garantía democrática.
Su razonamiento resulta revelador: los aranceles, dijo, podrían incluso sustituir el sistema de impuestos sobre la renta. Una afirmación económicamente discutible y fiscalmente improbable, pero políticamente eficaz dentro de su narrativa. El mensaje es simple: el extranjero paga y el ciudadano estadounidense gana, aunque la realidad suele ser menos patriótica y bastante más inflacionaria.
El discurso confirmó además algo que en Washington ya pocos discuten: el segundo mandato de Trump ha abandonado cualquier intento de moderación institucional. La invalidación parcial de su política arancelaria por el Tribunal Supremo apenas duró unos días como obstáculo político. La respuesta fue inmediata: nuevos gravámenes globales y una interpretación expansiva del poder presidencial.
Gobernar primero y discutir la legalidad después parece haberse convertido en método. La escena en el Capitolio reflejó esa fractura. Ovaciones constantes desde la bancada republicana y gritos de protesta demócratas cuando el presidente volvió a vincular inmigración con criminalidad o señaló directamente a comunidades concretas, como la somalí de Mineápolis, en términos que hace apenas una década habrían provocado una crisis política inmediata. Hoy forman parte del guion.
Tampoco pasó desapercibido el giro geopolítico improvisado del discurso. Trump presentó a Venezuela como “nuevo socio” energético tras la captura de Nicolás Maduro, una operación todavía rodeada de incógnitas diplomáticas, mientras reivindicaba éxitos económicos difíciles de verificar en los términos triunfalistas expuestos.
El patrón es reconocible: cifras optimistas, enemigos definidos y una narrativa permanente de victoria. Incluso en plena parálisis presupuestaria del Departamento de Seguridad Nacional.
Hay otro elemento menos visible pero quizá más relevante. El presidente anunció que las grandes tecnológicas deberán generar su propia energía para alimentar los centros de datos de inteligencia artificial. Presentado como innovación estratégica, el planteamiento traslada al sector privado responsabilidades estructurales del sistema energético nacional. Una solución rápida para un problema complejo. Otra constante.
Porque el discurso no buscaba convencer a los adversarios ni tranquilizar a los aliados internacionales. Estaba dirigido a noviembre, a las elecciones legislativas de medio mandato y a consolidar una idea que Trump repite desde hace años: el Ejecutivo como poder dominante frente a jueces, Congreso o normas incómodas. El Estado de la Unión terminó así convertido en algo bastante distinto a su propósito original. Más que un mensaje al país, pareció un recordatorio de quién manda.