Donald Trump ha decidido que España será un «país arruinado». Lo ha dicho en una entrevista con el canal británico GB News mientras hablaba de la crisis migratoria de Ceuta, aunque necesitó poco tiempo para recorrer la distancia que separa la frontera española con Marruecos de una de sus obsesiones europeas más persistentes, el gasto de España en la OTAN.
La secuencia resulta conocida porque forma parte de una manera de hacer política que Trump lleva años perfeccionando. Se toma una crisis real, se elimina buena parte de su complejidad, se lleva hasta su expresión más extrema y después se utiliza para describir el estado general de un país. Ceuta ha sufrido una situación gravísima que exige explicaciones, responsabilidades y una revisión seria de lo ocurrido, pero convertir esa crisis en la prueba de que España avanza hacia la ruina requiere ignorar bastantes cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Entre ellas está la evolución de la economía española en 2026, cuyas cifras resisten bastante mal el diagnóstico pronunciado por el presidente estadounidense.
La economía española en 2026 frente al relato de la ruina
La Comisión Europea prevé que España crezca un 2,4 % en 2026, impulsada fundamentalmente por la demanda interna, la inversión y un mercado laboral que continúa mostrando fortaleza. Calcula también que el desempleo bajará al 9,9 %, por debajo del 10 % por primera vez desde 2008, y que la deuda pública se situará en el 99,6 % del PIB. Son tres cifras difíciles de encajar en la descripción de un país arruinado.
Ninguna convierte España en una economía sin problemas. El acceso a la vivienda se ha transformado en una de las principales preocupaciones sociales, el desempleo continúa siendo demasiado elevado, la productividad mantiene debilidades conocidas y muchas familias tienen dificultades para reconocer en las grandes cifras macroeconómicas la situación de su cuenta corriente a final de mes. La inflación añade además presión sobre salarios y poder adquisitivo.
Todo ello merece discusión precisamente porque son problemas reales. Lo que resulta bastante más difícil es utilizar esas debilidades para sostener que una economía que crece, crea empleo y reduce progresivamente su deuda se encuentra arruinada. Trump no está haciendo un diagnóstico económico de España. Está utilizando una expresión política.
Y la diferencia importa porque «país arruinado» no describe únicamente una economía. Sugiere decadencia, incapacidad institucional y pérdida de control, tres elementos que encajan mucho mejor en su discurso sobre Europa que en las previsiones económicas de la Comisión Europea.
La crisis migratoria de Ceuta y el relato de una frontera débil
La entrada masiva desde Marruecos ha colocado a Ceuta ante una crisis humanitaria, fronteriza y de gestión de una magnitud extraordinaria. Decenas de miles de personas cruzaron durante los episodios de finales de julio y la capacidad de respuesta de las administraciones quedó sometida a una presión que todavía condiciona la vida de la ciudad.
Trump asegura que nunca había visto «nada parecido» y ha relacionado lo sucedido con unas supuestas leyes débiles y con la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para controlar la frontera. La explicación tiene la ventaja política de ser sencilla. Lo conocido sobre el origen de la crisis obliga a introducir bastantes más elementos.
El informe policial sobre la entrada masiva en Ceuta
El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía describe una movilización organizada a través de redes sociales, una permisividad inusual por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y actuaciones de agentes que habrían guiado a grupos de migrantes hacia determinados lugares de paso.
La investigación no permite responsabilizar directamente al Gobierno de Marruecos de haber planificado la operación y conviene no afirmar algo que el propio informe no acredita. Pero tampoco encaja demasiado bien con la imagen de una frontera desbordada únicamente porque España tenga unas leyes migratorias especialmente débiles.
Lo que empieza a dibujarse es bastante más complejo. Hubo una movilización previa, mensajes que circularon masivamente por redes sociales, indicios de organización y una actuación de las fuerzas marroquíes que la Policía considera anómala. Eso obliga a investigar qué ocurrió, qué información manejaba España antes del 30 de julio y por qué las alertas existentes no permitieron evitar una entrada de semejantes dimensiones. Se pueden exigir responsabilidades al Gobierno español sin necesidad de aceptar el relato de Trump.
Lo que realmente dijo el Supremo sobre las devoluciones en Ceuta
También conviene aclarar otro elemento utilizado alrededor de la crisis migratoria de Ceuta. La sentencia del Tribunal Supremo de julio no reconoció un derecho general a permanecer en España a quien accediera por mar ni prohibió las devoluciones.
Lo que determinó es que el rechazo inmediato en frontera previsto para Ceuta y Melilla no puede aplicarse a quienes son interceptados en el mar intentando acceder a territorio español. En esos casos debe utilizarse el procedimiento de devolución previsto legalmente y respetar las garantías correspondientes.
Exigir que una devolución se realice conforme a la ley no equivale a impedirla, aunque la diferencia resulte bastante menos útil para quienes pretenden presentar lo sucedido como consecuencia de una legislación que habría dejado España sin capacidad para proteger sus fronteras.
El gasto de España en la OTAN y la deuda que Trump presenta como impagada
Después de Ceuta llegó la OTAN. Trump aseguró que España «no paga lo que debería pagar» y recuperó así uno de los reproches que lleva años dirigiendo a los aliados europeos.
La expresión permite imaginar a España como el socio que se beneficia de la protección de los demás y se niega después a pagar su parte. El funcionamiento de la Alianza Atlántica es bastante más complejo.
España alcanzó en 2025 un gasto en defensa equivalente al 2 % del PIB después de partir de niveles próximos al 1,3 % o 1,4 %. El propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reconoció públicamente ese esfuerzo y recordó que el incremento supone miles de millones adicionales incorporados de forma estructural al presupuesto español. El desacuerdo con la OTAN existe y no es pequeño.
Del 2 % actual al objetivo de defensa para 2035
Los aliados aprobaron en La Haya el compromiso de avanzar hacia un gasto equivalente al 5 % del PIB en 2035, con al menos un 3,5 % destinado a necesidades esenciales de defensa y hasta otro 1,5 % relacionado con infraestructuras, resiliencia, innovación y seguridad.
España sostiene que puede cumplir las capacidades militares que le exige la Alianza con un esfuerzo próximo al 2,1 % del PIB. Esa posición choca con las expectativas de la OTAN y abre una discusión perfectamente legítima sobre el esfuerzo militar que debe realizar nuestro país.
Lo que no existe es la factura impagada que sugieren las palabras de Trump.
España no mantiene una deuda con Estados Unidos por negarse a pagar su pertenencia a la OTAN. Existe una discrepancia política dentro de una alianza de Estados soberanos sobre cuánto debe crecer el gasto militar, qué capacidades son necesarias y con qué calendario debe realizarse ese esfuerzo.
La diferencia tampoco es puramente contable. Cada punto adicional del PIB destinado a defensa representa decenas de miles de millones de euros y obliga a discutir prioridades presupuestarias. Europa necesita reforzar su seguridad en un escenario internacional mucho más peligroso, pero los gobiernos también deben decidir cómo compatibilizar ese esfuerzo con sanidad, educación, vivienda, dependencia, pensiones y el resto de políticas públicas.
España participa además en misiones y despliegues de la OTAN y ha aumentado considerablemente sus recursos destinados a defensa. Puede discutirse si ese esfuerzo es suficiente y la propia Alianza considera que deberá crecer. Presentarlo como una negativa española a pagar una deuda describe algo bastante diferente.
Por qué Trump utiliza a España para reforzar su relato político
Las declaraciones sobre España se entienden mejor cuando se observan desde la política de Trump y no únicamente desde lo ocurrido en Ceuta.
Durante años ha construido un discurso en el que inmigración descontrolada, inseguridad, debilidad institucional y decadencia económica aparecen como partes de una misma secuencia. La crisis de Ceuta le proporciona una imagen extraordinariamente útil porque permite convertir un episodio excepcional y gravísimo en la demostración de una teoría mucho más amplia sobre Europa.
España añade otro elemento que encaja especialmente bien en ese relato. El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una discrepancia abierta con Washington sobre el ritmo de crecimiento del gasto militar y defiende un modelo europeo en el que sanidad, pensiones, educación, dependencia y protección social continúan ocupando una parte fundamental de los recursos públicos.
La economía española tampoco ayuda demasiado a construir el ejemplo que Trump necesita. Las previsiones de la Comisión Europea sitúan el crecimiento en el 2,4 % para 2026, el desempleo continúa descendiendo y la deuda pública mantiene una trayectoria a la baja. Nada de eso borra la crisis de la vivienda, los problemas de productividad, unos salarios insuficientes para muchas familias ni la enorme gravedad de lo ocurrido en Ceuta, pero sí obliga a describir España con algo más de precisión.
Trump suele desenvolverse mejor en un mundo dividido entre ganadores y perdedores, países fuertes y débiles, aliados modélicos y socios que supuestamente viven a costa de Estados Unidos. España acaba de ocupar el lugar reservado a los arruinados porque una crisis fronteriza y una discrepancia sobre defensa permiten colocarla ahí.
Los datos muestran un país bastante más difícil de reducir a esa caricatura, con una economía que crece y crea empleo, problemas sociales importantes, una crisis fronteriza de enorme gravedad y un Gobierno al que se le pueden exigir muchas explicaciones sin necesidad de inventar una ruina que las cifras no muestran.
Ceuta tampoco necesita las exageraciones del presidente estadounidense para ser grave. Necesita saber cómo pudieron cruzar decenas de miles de personas en tan poco tiempo, qué ocurrió al otro lado de la frontera, qué información manejaban las autoridades españolas, qué falló en la prevención y cómo se gestiona una situación que todavía pesa sobre la ciudad.
Responder a esas preguntas exige investigación, responsabilidades políticas y una explicación mucho más compleja que la que cabe en una entrevista televisiva. Declarar arruinado a todo un país resulta bastante más fácil.
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