A esta hora, ninguno de los socios del Gobierno está dispuesto a dar el paso de romper la coalición para ir a unas elecciones anticipadas. Y eso que ayer fue el día más negro para el PSOE. El requerimiento de la UCO para que la directiva socialista aporte todos los datos de que disponga sobre el caso Leire (con agentes hurgando en los papeles de Ferraz en busca de pruebas del espionaje a jueces, fiscales y policías) puso a Pedro Sánchez contra las cuerdas. Feijóo pidió elecciones ya y la tensión fue máxima. Sin embargo, cuando parecía que la cuerda iba a romperse, destacados miembros de la izquierda de este país fijaron posiciones. No dejarán caer el Gobierno para darle el poder a un PP sostenido por un partido ultraderechista.
Todos los socios parecen ofrecerle un último balón de oxígeno a Sánchez que, desde el Vaticano, tras reunirse con el papa León XIV, recordó que “las legislaturas duran cuatro años” y que él está dispuesto a cumplir la que le ha tocado. Así, Gabriel Rufián, puntal que sostiene la resquebrajada Moncloa, recordó hasta dónde llega la línea roja de Esquerra Republicana de Catalunya, más bien la paciencia con el PSOE: una confirmación de financiación ilegal en el partido socialista sería imperdonable, por lo que pedirían la celebración de elecciones ya. Desde Sumar se mostraron prudentes, se limitaron a exigir la máxima transparencia y marcaron distancias con respecto a las presuntas prácticas irregulares, pidiendo que la Justicia actúe con la máxima celeridad para esclarecer el alcance de la trama. En parecidos términos se ha pronunciado Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso, que además fue aún más lejos al asegurar que existe una trama o complot, una “clarísima operación de desestabilización al Gobierno” con estrecha colaboración del sector duro de las togas y Estados Unidos por el papel que ha jugado España en Venezuela, en la guerra de Irán y contra el “genocidio” de Israel en Gaza. Santiago incluso denunció los contactos de Feijóo, Ayuso y Abascal con la Embajada norteamericana en España. Por su parte, Miriam Nogueras, de Junts, hizo mutis ante los periodistas, pero en la formación de Puigdemont dejan caer que, en caso de financiación ilegal socialista, eso sería definitivo y letal. En esas están también Bildu, Compromís y los demás partidos periféricos.
Capítulo aparte merece el PNV, el eslabón más débil de la cadena que sujeta al Gobierno. En los últimos días, Feijóo y Abascal han apretado las clavijas a los nacionalistas vascos para que rompan ya con el sanchismo. Las presiones han sido brutales y destacados dirigentes peneuvistas tiemblan sin saber qué hacer. Acabar ya con esta agonía sería ir a unas elecciones para darle al franquismo posmoderno la llave de Moncloa. Seguir con el goteo incesante de titulares sobre corrupción mancharía la imagen de honestidad que pretende mantener el partido. Los cimientos del PNV se resienten, más teniendo en cuenta que Bildu aprieta fuerte por detrás y amenaza con convertirse en primera fuerza política en el País Vasco. Ser demasiado pulcro y exquisito para permitir la llegada al poder del españolismo ultra sería contraproducente para los intereses electorales; bunkerizarse con el sanchismo, también tendría sus efectos colaterales. Está claro que el PNV no saldrá indemne de este trance.
Así las cosas, nadie quiere moverse. Y la línea roja a la que se aferran todos, la financiación ilegal del PSOE, empieza a quemarles las manos. La tesis acordada es que lo de Ferraz de ayer, más allá de la espectacularidad policial (por momentos aquello parecía una operación antiterrorista), no es más que una continuación del caso Leire, que ya dan por amortizado. Con Santos Cerdán apartado del partido socialista, procesado, encarcelado y puesto en libertad provisional a la espera de juicio, asunto zanjado. El exsecretario de Organización se come el marrón y a otra cosa. Ningún partido ve un aparato del Estado actuando contra ellos, ninguna cloaca, como sí ocurrió con la Kitchen, el caso de espionaje político más grave de la democracia urdido en tiempos de Rajoy que está siendo enjuiciado estos días (con sordina, por cierto, ya que nadie habla ya de ello).
Los partidos nacionalistas de izquierdas y de derechas que han tomado parte en la gobernabilidad variable sanchista, de momento, no creen que el presidente del Gobierno sea el Señor X de esa turbia y extraña trama, tampoco el Barbas o el Asturiano. Otra cosa sería que Leire se hubiese puesto a espiar para descreditarlos a ellos y no al juez Peinado, a los fiscales Grinda y Luzón o al teniente coronel Balas. A esta hora, Sánchez sería un cadáver político. Los socios aplazan la ejecución del sanchismo porque no ven rastro de las cloacas del Estado español, solo una alcantarilla socialista más bien cutre y friqui. Ni siquiera han tenido en cuenta que el juez Pedraz se refiere en su auto a aquellos cinco días de reflexión que Sánchez se dio a sí mismo para estudiar su futuro político tras la imputación de su mujer por el juez Peinado y que, según el magistrado de la Audiencia Nacional, marcó el inicio de la operación contra la brigada de las togas conservadoras. Los socios de coalición siguen dando cuartelillo al actual Gobierno, más asfixiado cada minuto que pasa. En la izquierda a la izquierda del PSOE hay repulsión a la frase “el que pueda hacer que haga”, la orden de Aznar para poner en marcha la aplastante y prodigiosa máquina del fango. Por eso, no por nada más, sigue vivo Pedro Sánchez.